El Congreso prorroga una semana más las enmiendas al Estatuto
01/10/2010 - 09:45
El primer plazo de enmiendas concluía mañana, día 12, pero la Mesa del Congreso, ha decidido ampliarlo hasta el próximo lunes, día 17. El PSOE y el PP, los partidos que impulsaron el proyecto en las Cortes regionales, se han comprometido a pactar modificaciones.
La Mesa del Congreso de los Diputados acordó ayer ampliar hasta el lunes 17 de noviembre el plazo para la presentación de enmiendas al articulado de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Según recoge Efe, fuentes parlamentarias hablaron de la ampliación en cinco días del plazo, que inicialmente terminaba el miércoles 12 de noviembre.
La propuesta estatutaria superó el 14 de octubre el trámite de la toma en consideración con el respaldo de la mayoría de los diputados (todos menos dos parlamentarios del PP por Murcia y Rosa Díez), pero en medio de una importante controversia entre Castilla-La Mancha y las comunidades de Levante por la política hidráulica.
El texto establece el final del trasvase Tajo-Segura en 2015, aunque el presidente castellanomanchego, José María Barreda, manifestó hace una semana que se buscan fórmulas alternativas que permitan el acuerdo. El presidente llegó a asegurar que no se va a conformar con cualquier cosa y que lo que está negociando son ventajas sustanciales para Castilla-La Mancha, pero si no las hay, se retirará la propuesta de reforma enviada a las Cortes Generales.
Barreda defiende que Castilla-La Mancha necesita tener capacidad de decisión en materia de agua y reservas de agua que garanticen el abastecimiento de la región, su crecimiento y caudales adecuados para el mantenimiento de las condiciones ambientales de sus ríos y que, por lo menos, den cumplimiento a la directiva marco de agua de la Unión Europea (UE).
Por su parte, el diputado socialista por Toledo en el Congreso, Alejandro Alonso, también ha hablado al respecto y dijo que aunque aún no ha habido reuniones formales con el PP, su grupo intentará que las enmiendas que se presenten a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha sean fruto del consenso entre el PSOE y el PP.
Por el momento el grupo socialista sigue trabajando en sintonía con los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, y que supone que lo mismo estará haciendo el PP, aunque este partido tenga más dificultades por el poder institucional que tiene en las comunidades receptoras del trasvase Tajo-Segura, al que en la propuesta de reforma estatutaria se le pone fecha final en 2015. A este respecto, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, acusó ayer al Gobierno de tener una política de palabras y no de hechos en materia hídrica, y se mostró convencido de que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sólo se aprobará si no pide la caducidad del Tajo-Segura.
El conseller hizo declaraciones tras poner la primera piedra de las obras de la margen derecha del pos-trasvase Júcar-Vinalopó, en el municipio alicantino de Villena, que cuentan con un presupuesto cercano a los 30 millones de euros, con los que se realizará un canal de 25 kilómetros que se usarán en 20.000 hectáreas para riego agrícola.
El conseller opinó que sería inconstitucional la caducidad de ese trasvase, ya que el Tajo pasa por muchas comunidades autónomas y no hay ninguna que pueda hipotecar el futuro del Tajo, pues depende del Estado español.
Según recoge Efe, fuentes parlamentarias hablaron de la ampliación en cinco días del plazo, que inicialmente terminaba el miércoles 12 de noviembre.
La propuesta estatutaria superó el 14 de octubre el trámite de la toma en consideración con el respaldo de la mayoría de los diputados (todos menos dos parlamentarios del PP por Murcia y Rosa Díez), pero en medio de una importante controversia entre Castilla-La Mancha y las comunidades de Levante por la política hidráulica.
El texto establece el final del trasvase Tajo-Segura en 2015, aunque el presidente castellanomanchego, José María Barreda, manifestó hace una semana que se buscan fórmulas alternativas que permitan el acuerdo. El presidente llegó a asegurar que no se va a conformar con cualquier cosa y que lo que está negociando son ventajas sustanciales para Castilla-La Mancha, pero si no las hay, se retirará la propuesta de reforma enviada a las Cortes Generales.
Barreda defiende que Castilla-La Mancha necesita tener capacidad de decisión en materia de agua y reservas de agua que garanticen el abastecimiento de la región, su crecimiento y caudales adecuados para el mantenimiento de las condiciones ambientales de sus ríos y que, por lo menos, den cumplimiento a la directiva marco de agua de la Unión Europea (UE).
Por su parte, el diputado socialista por Toledo en el Congreso, Alejandro Alonso, también ha hablado al respecto y dijo que aunque aún no ha habido reuniones formales con el PP, su grupo intentará que las enmiendas que se presenten a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha sean fruto del consenso entre el PSOE y el PP.
Por el momento el grupo socialista sigue trabajando en sintonía con los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, y que supone que lo mismo estará haciendo el PP, aunque este partido tenga más dificultades por el poder institucional que tiene en las comunidades receptoras del trasvase Tajo-Segura, al que en la propuesta de reforma estatutaria se le pone fecha final en 2015. A este respecto, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, acusó ayer al Gobierno de tener una política de palabras y no de hechos en materia hídrica, y se mostró convencido de que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sólo se aprobará si no pide la caducidad del Tajo-Segura.
El conseller hizo declaraciones tras poner la primera piedra de las obras de la margen derecha del pos-trasvase Júcar-Vinalopó, en el municipio alicantino de Villena, que cuentan con un presupuesto cercano a los 30 millones de euros, con los que se realizará un canal de 25 kilómetros que se usarán en 20.000 hectáreas para riego agrícola.
El conseller opinó que sería inconstitucional la caducidad de ese trasvase, ya que el Tajo pasa por muchas comunidades autónomas y no hay ninguna que pueda hipotecar el futuro del Tajo, pues depende del Estado español.