El Consistorio instará al nuevo Ministerio de Defensa a resolver el conflicto del Fuerte

  El Ayuntamiento de Guadalajara está dispuesto a dar el primer paso en la resolución del conflicto –que parece estar en el limbo desde hace varios años– que afecta al Ministerio de Defensa, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al propio Consistorio capitalino y a la veintena de familias aún residentes en las viejas viviendas militares del Fuerte de San Francisco.

  Según anuncia el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Antonio De las Heras, en los próximos días se pondrán en contacto con el responsable de la Secretaría de Estado que dirige el Departamento de Infraestructuras para la Defensa para instarle a que inicie, de una vez por todas, el procedimiento para desalojar a las familias que aún viven en las citadas viviendas, de modo que estos edificios queden libres de cargas, en cumplimiento del convenio firmado por las partes antes citadas en el año 2004.

  Como explica De las Heras, ha sido con motivo de la petición del abogado que representa al colectivo de las familias residentes en El Fuerte por lo que el Ayuntamiento de la ciudad va a dar tal paso. “Recibimos una carta el pasado diciembre del abogado del colectivo de familias que tienen ahí una vivienda o que están con un contrato de alquiler, respecto de que iniciemos alguna acción referente a instar al Ministerio de Defensa y a la propia Comunidad Autónoma a que cumplan con lo establecido en el convenio urbanístico que se firmó en 2004”, explica el concejal.

  Dado que en esa fecha el Ministerio y el propio Gobierno de la nación se encontraba en pleno proceso de formación y nombramientos, el Ayuntamiento contestó al abogado de estas familias, comentándole tal situación y asegurando que, en cuanto se hubiese formado por completo todo el organigrama, se produciría tal solicitud por parte del Consistorio capitalino al nuevo Ministerio de Defensa.

  “La semana que viene tendremos el organigrama completo del Ministerio de Defensa y será entonces cuando nos dirigiremos al secretario de Estado correspondiente, recordándole que hay un convenio de 2004 que lleva varios años incumpliéndose, que hay un colectivo de funcionarios que dependen de ellos con unos contratos en vigor y, conforme a lo que planteaba el convenio urbanístico, recordarles que la acción tiene que iniciarla el Ministerio de Defensa”.

  En este punto, De las Heras es consciente y reconoce que estas familias tienen una serie de derechos que deben ser satisfechos y adelanta las posibles soluciones, basándose en otros procesos similares a los que también ha tenido que hacer frente el Ministerio de Defensa. “Las familias tienen derecho, porque tienen contratos en vigor, a que, como el Ministerio ha sido satisfecho por parte de la Comunidad Autónoma en el convenio urbanístico, se les ofrezca una vivienda similar en una zona lo más cercana posible al lugar donde están o, directamente, a ser indemnizados con una cantidad y, con eso, que la gente pueda comprarse una vivienda o lo que sea”, apunta De las Heras. Según el concejal, esto es lo que debería suceder.

  El procedimiento debe ser iniciado por el Ministerio de Defensa, aunque, por su parte, es la Comunidad Autónoma la que debe hacer frente a las indemnizaciones, tal y como establece el convenio suscrito en 2004, cuando Defensa vendió estas propiedades a la Junta de Comunidades.