El convenio firmado con el Colegio de Abogados cubrirá a unos 180 municipios
01/10/2010 - 09:45
Por: J. PASTRANA. GUADALAJARA
DIPUTACIÓN
Tendrán asistencia en casos civiles, sociales y contenciosos administrativos
La presidenta de la Diputación, María Antonia Pérez León, firmó ayer un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Guadalajara que garantizará la asistencia jurídica para los municipios con menos recursos de la provincia, entre 150 y 180, según los cálculos hechos desde la institución provicial. Es un acuerdo de extraordinaria relevancia, sobre todo para esos pequeños ayuntamientos, indicó la presidenta.
Este convenio servirá para cubrir las necesidades de aquellos consistorios que no puedan permitirse contratar a un abogado. El servicio abarcará los casos contenciosos administrativos; civiles o sociales en los que se vean involucrados los representantes consistoriales. El decano del Colegio de Abogados de la provincia, Fernándo Martínez, explicó que de lo que se trata es de garantizar la defensa de un Consistorio, no de un alcalde o un concejal en concreto.
En el Colegio de Abogados se han habilitado tres turnos para hacer frente a los casos que vayan saliendo. Dos de ellos, el reservado para los que se clasifiquen en el campo del Derecho Civil y en el del Laboral, tendrán un carácter más reducido, ya que el realmente importante será el reservado para los casos contenciosos administrativos. Los abogados podrán inscribirse en ellos de forma voluntaria, pero deberán cumplir una serie de requisitos para hacerlo. En primer lugar, tendrán que acreditar un mínimo de tres años de ejercicio legal. También deberán comprometerse a realizar cursos organizados por el propio Colegio en torno a la Ley de Régimen Local y sobre el campo en el que más incidencias se esperan, el del derecho contencioso administrativo. Por su parte, los ayuntamientos que soliciten sumarse a este convenio deberán acreditar su insuficiencia ecónomica para poder costearlo por sus propios medios.
El convenio implica la inversión anual, por parte de la Diputación provincial, de 25.000 euros que se destinarán a pagar los primeros 25 casos que se declaren en un año. A partir de ahí, la institución tendrá que aportar otros 1.000 euros suplementarios por cada ocasión en la que los ayuntamientos conveniados soliciten asistencia jurídica.
Dado que esta es la primera vez que se pone en marcha un convenio de estas características, no se descarta la posibilidad de que puedan ir apareciendo situaciones imprevistas. Por eso se ha constituido una comisión paritaria, formada por representantes de la Diputación y del Colegio, para ir haciendo frente a las situaciones que puedan surgir.
Además, desde la Diputación se está elaborando un reglamento de aplicación. En él se especificará la forma en la que los ayuntamientos conveniados deben mostrar su incapacidad económica para sufragar la asistencia jurídica. Además, se establecen una serie de exenciones a la aplicación del convenio, tal y como señaló el responsable del Área de Asistencia a Municipios, Rafael Esteban. Por ejemplo, no se podrá recurrir a él cuando sean dos localidades de la propia provincia las que se enfrenten entre sí; cuando los concejales presenten una denuncia contra el Ayuntamiento; ni cuando el propio Consistorio pretenda litigar contra la Diputación.
Martínez también señaló que en estos casos, la peor solución siempre es la de tener que llegar a un litigio. Por eso, para evitar la posibilidad de algún alcalde decida ir a juicio a la ligera, será la Diputación quien deba ejercer control sobre los casos que llegan a los tribunales.
En el Colegio de Abogados se han habilitado tres turnos para hacer frente a los casos que vayan saliendo. Dos de ellos, el reservado para los que se clasifiquen en el campo del Derecho Civil y en el del Laboral, tendrán un carácter más reducido, ya que el realmente importante será el reservado para los casos contenciosos administrativos. Los abogados podrán inscribirse en ellos de forma voluntaria, pero deberán cumplir una serie de requisitos para hacerlo. En primer lugar, tendrán que acreditar un mínimo de tres años de ejercicio legal. También deberán comprometerse a realizar cursos organizados por el propio Colegio en torno a la Ley de Régimen Local y sobre el campo en el que más incidencias se esperan, el del derecho contencioso administrativo. Por su parte, los ayuntamientos que soliciten sumarse a este convenio deberán acreditar su insuficiencia ecónomica para poder costearlo por sus propios medios.
El convenio implica la inversión anual, por parte de la Diputación provincial, de 25.000 euros que se destinarán a pagar los primeros 25 casos que se declaren en un año. A partir de ahí, la institución tendrá que aportar otros 1.000 euros suplementarios por cada ocasión en la que los ayuntamientos conveniados soliciten asistencia jurídica.
Dado que esta es la primera vez que se pone en marcha un convenio de estas características, no se descarta la posibilidad de que puedan ir apareciendo situaciones imprevistas. Por eso se ha constituido una comisión paritaria, formada por representantes de la Diputación y del Colegio, para ir haciendo frente a las situaciones que puedan surgir.
Además, desde la Diputación se está elaborando un reglamento de aplicación. En él se especificará la forma en la que los ayuntamientos conveniados deben mostrar su incapacidad económica para sufragar la asistencia jurídica. Además, se establecen una serie de exenciones a la aplicación del convenio, tal y como señaló el responsable del Área de Asistencia a Municipios, Rafael Esteban. Por ejemplo, no se podrá recurrir a él cuando sean dos localidades de la propia provincia las que se enfrenten entre sí; cuando los concejales presenten una denuncia contra el Ayuntamiento; ni cuando el propio Consistorio pretenda litigar contra la Diputación.
Martínez también señaló que en estos casos, la peor solución siempre es la de tener que llegar a un litigio. Por eso, para evitar la posibilidad de algún alcalde decida ir a juicio a la ligera, será la Diputación quien deba ejercer control sobre los casos que llegan a los tribunales.