El ex presidente argentino De la Rúa, procesado por sobornos a senadores
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
El ex presidente argentino Fernando De la Rúa, que dimitió en medio del peor colapso económico, social y político del país a fines de 2001, fue procesado este martes por la Justicia federal que lo acusa de ser el máximo responsable del pago de sobornos millonarios en el año 2000 a senadores para que aprobasen una ley laboral, un escándalo que marcó el inicio del derrumbe de su gobierno de apenas dos años.
De la Rúa podría ser juzgado por estos hechos y acabar en prisión.Es absolutamente falso, se defendió al conocer la resolución este ex mandatario que abandonó la Casa Rosada sede de la presidencia- en helicóptero, el 20 de diciembre de 2001, en medio de una revuelta popular que terminó con su gobierno y con la vida de más de 20 manifestantes. Para el juez Daniel Rafecas no quedan dudas. El acusado tenía pleno conocimiento de la maniobra en la que participaron con su aval altos funcionarios de su confianza y senadores de la oposición y el oficialismo.
De la Rúa había asumido en 1999 tras una década de gestión del ex presidente Carlos Menem y durante la campaña su cualidad más explotada fue la de su honestidad, una virtud que contrastaba con la reputación de su antecesor. Durante su administración, la recesión económica se aceleró y con ella se incrementó la pobreza, el paro, el déficit fiscal, la deuda externa y el malestar social.
En ese ambiente explosivo, el único capital de De la Rúa, su fama de hombre probo, se fue a pique cuando se supo que para obtener una ley que flexibilizara normas de contratación laboral, su gobierno habría pagado sobornos. La primera versión se robusteció con el correr de los días, alimentada por testimonios destacados e informes anónimos que dieron cuenta de numerosos detalles del ilícito.
Falta de pruebas
No obstante, De la Rúa confirmó en su puesto a uno de los funcionarios sospechosos, el secretario de Inteligencia Fernando De Santibáñez, y promovió a jefe de Gabinete al que era ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, otro de los señalados. La confirmación provocó la renuncia de su vicepresidente y socio político Carlos Alvarez, un hecho político que conmovió al gobierno y marcó el inicio de su desgaste.
No obstante, a la Justicia le faltaban pruebas para acusar al ex presidente y a sus funcionarios. No es fácil probar el delito de soborno. Recientemente en 2003, cuando ya había pasado la tormenta, un arrepentido contó todo. Mario Pontaquarto, que era secretario del senador oficialista José Genoud, confesó que él mismo se encargó de trasladar en su automóvil los cinco millones de dólares desde la Secretaria de Inteligencia a la casa de un senador de la oposición y al despacho de su jefe para el reparto.
La declaración de Pontaquarto, que también está acusado de participar en la maniobra, permitió procesar al ex presidente, a su ministro, al secretario de Inteligencia y a seis senadores. El juez aseguró que el testimonio fue corroborado en sus detalles incluyendo la existencia de una reunión en la Casa Rosada en la que Genoud solicitó al presidente un incentivo para que los senadores aprobaran la ley, y De la Rúa les indicó que eso debían hablarlo con su secretario de Inteligencia y hombre de máxima confianza.
De la Rúa había asumido en 1999 tras una década de gestión del ex presidente Carlos Menem y durante la campaña su cualidad más explotada fue la de su honestidad, una virtud que contrastaba con la reputación de su antecesor. Durante su administración, la recesión económica se aceleró y con ella se incrementó la pobreza, el paro, el déficit fiscal, la deuda externa y el malestar social.
En ese ambiente explosivo, el único capital de De la Rúa, su fama de hombre probo, se fue a pique cuando se supo que para obtener una ley que flexibilizara normas de contratación laboral, su gobierno habría pagado sobornos. La primera versión se robusteció con el correr de los días, alimentada por testimonios destacados e informes anónimos que dieron cuenta de numerosos detalles del ilícito.
Falta de pruebas
No obstante, De la Rúa confirmó en su puesto a uno de los funcionarios sospechosos, el secretario de Inteligencia Fernando De Santibáñez, y promovió a jefe de Gabinete al que era ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, otro de los señalados. La confirmación provocó la renuncia de su vicepresidente y socio político Carlos Alvarez, un hecho político que conmovió al gobierno y marcó el inicio de su desgaste.
No obstante, a la Justicia le faltaban pruebas para acusar al ex presidente y a sus funcionarios. No es fácil probar el delito de soborno. Recientemente en 2003, cuando ya había pasado la tormenta, un arrepentido contó todo. Mario Pontaquarto, que era secretario del senador oficialista José Genoud, confesó que él mismo se encargó de trasladar en su automóvil los cinco millones de dólares desde la Secretaria de Inteligencia a la casa de un senador de la oposición y al despacho de su jefe para el reparto.
La declaración de Pontaquarto, que también está acusado de participar en la maniobra, permitió procesar al ex presidente, a su ministro, al secretario de Inteligencia y a seis senadores. El juez aseguró que el testimonio fue corroborado en sus detalles incluyendo la existencia de una reunión en la Casa Rosada en la que Genoud solicitó al presidente un incentivo para que los senadores aprobaran la ley, y De la Rúa les indicó que eso debían hablarlo con su secretario de Inteligencia y hombre de máxima confianza.