El ex secretario de la Cámara, Carlos García niega haber cometido irregularidades en el voto por correo
12/11/2013 - 15:59
En la Audiencia Provincial de Guadalajara ha tenido lugar esta mañana el juicio contra Carlos García, el que fuera secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Guadalajara, por la presunta manipulación del voto por correo en el proceso electoral seguido por esta institución en el año 2010, delito por el que se piden hasta seis años de prisión y una multa económica.
En el juicio han declarado, además del acusado, el presidente de la Cámara Juan José Cercadillo y el ex presidente Carlos Remartínez, además de trabajadores de la institución y candidatos en aquel proceso electoral.
Al secretario se le acusa de haber manipulado el voto por correo para favorecer a la candidatura encabezada por Javier Heredia, conocida como oficialista, frente a la vinculada a CEOE-Cepyme, representada por Juan José Cercadillo.
El acusado ha negado haber cometido irregularidad alguna ni pedir el voto para nadie. Asegura que no mantiene ni ha mantenido ninguna vinculación comercial ni empresarial con Javier Heredia y señaló que le era indiferente quien resultase ganador, "pues no se sentía beneficiado por ninguna de las candidaturas". Sobre sus actuales negocios, afirma que era editor y único propietario de Guadanews, negando cualquier participación de Gestesa, la empresa de Heredia, hasta que en enero de este año vendió el 80% a otros empresarios.
Ha explicado que no era el secretario de la Junta Electoral y que como secretario de la Cámara su única función era apuntar en el censo electoral a los electores que solicitasen el voto por correo. Sobre la documentación incompleta e insuficiente para ejercer el derecho al voto que, según se le acusa, recibieron algunos electores ha dicho no conocer dicho extremo e incluso, afirma que hasta que no recibió la querella no conocía ninguna queja sobre el proceso electoral. En su intervención ha explicado los pormenores de cómo se organizó el trabajo, indicando que era su equipo de la Secretaría, Almudena Palomares y Ángel Fernández Orozco, los encargados de meter la documentación en los sobres.
Tampoco ha intentado explicar las extrañas casualidades señaladas por el abogado de la Acusación sobre la recepción de los sobres con los votos emitidos: en grupos, por zonas, con los números identificativos de Correos correlativos, y con el remitente con la misma letra, y entregados en oficinas de Correos de Guadalajara o Azuqueca cuando el remitente era, por ejemplo, de Molina.
Carlos García ha mantenido durante el juicio que todos los días se recibían numerosas solicitudes de voto por correo, frente a la versión de los testigos de la Acusación que afirmaban que no se veía tal movimiento.
Por su parte la Acusación ha insistido en las cifras de solicitudes recibidas de votos por correo, muy elevadas en comparación de otros años; en los horarios de atención al público para recibir todas las que se hacían de forma presencial (un total de 1.220 frente a las 1.950 totales), en cómo varios testigos constataron en la oficina central de Correos y en la de Molina que, por su apariencia externa, los sobres no contenían el volumen de documentación necesaria, en el hecho de que a la Junta Electoral llegasen sobres abiertos, en las instrucciones dadas por el acusado para que todos lo referente al voto por correo se le pasase a él personalmente y los beneficios que Carlos García podría sacar de la candidatura denominada oficialista o continuista. En este sentido, el ex presidente cameral, Carlos Remartínez ha apuntado que había abiertos en aquel momento varios procesos de contratación por unas cantidades importantes para los que le convenía que todo siguiera igual que estaba.
Juan José Cercadillo, uno de los querellantes y elegido presidente tras estas elecciones, ha indicado como otros testigos que era vox populi las irregularidades en el voto por correo y que hubo algún empresario que así se lo comentó, motivo por el que presentaron la querella. Aseguró que eso no se debe a ninguna enemistad con el acusado y negó que su candidatura estuviera vinculada o representara a ningún partido político.
Uno de los testigos, ha asegurado que el acusado le estuvo llamando durante una semana para solicitar su voto para la candidatura oficialista negando, incluso, que para el sector en cuestión hubiese otras alternativas, cuando no era así. También se han apuntado otros casos en los que al interesado se le pedía únicamente una firma.
Javier Heredia apoyó la versión del acusado, indicando que él mismo acompañó a muchos compañeros a votar a la sede cameral, tanto por la mañana como por la tarde, y que lo hizo en varias ocasiones. Y reconoció que la decisión de anular el voto por correo que tomó finalmente la Junta Electoral les perjudicó porque habían hecho una campaña importante en este sentido y sabían que muchos de los votos emitidos de esta forma eran para ellos. Ha negado relación alguna con Carlos García, aunque, a preguntas del abogado el acusado ha reconocido que es administrador de una empresa en la que Heredia tiene una participación.
En el juicio han declarado, además del acusado, el presidente de la Cámara Juan José Cercadillo y el ex presidente Carlos Remartínez, además de trabajadores de la institución y candidatos en aquel proceso electoral.
Al secretario se le acusa de haber manipulado el voto por correo para favorecer a la candidatura encabezada por Javier Heredia, conocida como oficialista, frente a la vinculada a CEOE-Cepyme, representada por Juan José Cercadillo.
El acusado ha negado haber cometido irregularidad alguna ni pedir el voto para nadie. Asegura que no mantiene ni ha mantenido ninguna vinculación comercial ni empresarial con Javier Heredia y señaló que le era indiferente quien resultase ganador, "pues no se sentía beneficiado por ninguna de las candidaturas". Sobre sus actuales negocios, afirma que era editor y único propietario de Guadanews, negando cualquier participación de Gestesa, la empresa de Heredia, hasta que en enero de este año vendió el 80% a otros empresarios.
Ha explicado que no era el secretario de la Junta Electoral y que como secretario de la Cámara su única función era apuntar en el censo electoral a los electores que solicitasen el voto por correo. Sobre la documentación incompleta e insuficiente para ejercer el derecho al voto que, según se le acusa, recibieron algunos electores ha dicho no conocer dicho extremo e incluso, afirma que hasta que no recibió la querella no conocía ninguna queja sobre el proceso electoral. En su intervención ha explicado los pormenores de cómo se organizó el trabajo, indicando que era su equipo de la Secretaría, Almudena Palomares y Ángel Fernández Orozco, los encargados de meter la documentación en los sobres.
Tampoco ha intentado explicar las extrañas casualidades señaladas por el abogado de la Acusación sobre la recepción de los sobres con los votos emitidos: en grupos, por zonas, con los números identificativos de Correos correlativos, y con el remitente con la misma letra, y entregados en oficinas de Correos de Guadalajara o Azuqueca cuando el remitente era, por ejemplo, de Molina.
Carlos García ha mantenido durante el juicio que todos los días se recibían numerosas solicitudes de voto por correo, frente a la versión de los testigos de la Acusación que afirmaban que no se veía tal movimiento.
Por su parte la Acusación ha insistido en las cifras de solicitudes recibidas de votos por correo, muy elevadas en comparación de otros años; en los horarios de atención al público para recibir todas las que se hacían de forma presencial (un total de 1.220 frente a las 1.950 totales), en cómo varios testigos constataron en la oficina central de Correos y en la de Molina que, por su apariencia externa, los sobres no contenían el volumen de documentación necesaria, en el hecho de que a la Junta Electoral llegasen sobres abiertos, en las instrucciones dadas por el acusado para que todos lo referente al voto por correo se le pasase a él personalmente y los beneficios que Carlos García podría sacar de la candidatura denominada oficialista o continuista. En este sentido, el ex presidente cameral, Carlos Remartínez ha apuntado que había abiertos en aquel momento varios procesos de contratación por unas cantidades importantes para los que le convenía que todo siguiera igual que estaba.
Juan José Cercadillo, uno de los querellantes y elegido presidente tras estas elecciones, ha indicado como otros testigos que era vox populi las irregularidades en el voto por correo y que hubo algún empresario que así se lo comentó, motivo por el que presentaron la querella. Aseguró que eso no se debe a ninguna enemistad con el acusado y negó que su candidatura estuviera vinculada o representara a ningún partido político.
Uno de los testigos, ha asegurado que el acusado le estuvo llamando durante una semana para solicitar su voto para la candidatura oficialista negando, incluso, que para el sector en cuestión hubiese otras alternativas, cuando no era así. También se han apuntado otros casos en los que al interesado se le pedía únicamente una firma.
Javier Heredia apoyó la versión del acusado, indicando que él mismo acompañó a muchos compañeros a votar a la sede cameral, tanto por la mañana como por la tarde, y que lo hizo en varias ocasiones. Y reconoció que la decisión de anular el voto por correo que tomó finalmente la Junta Electoral les perjudicó porque habían hecho una campaña importante en este sentido y sabían que muchos de los votos emitidos de esta forma eran para ellos. Ha negado relación alguna con Carlos García, aunque, a preguntas del abogado el acusado ha reconocido que es administrador de una empresa en la que Heredia tiene una participación.