El fiscal recurre la puesta en libertad de Usabiaga
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió este miércoles la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros del ex secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usubiaga, al considerar que el argumento esgrimido por el juez Baltasar Garzón para adoptar esta medida --la necesidad de asistir por circunstancias humanitarias a su madre, que le reclamó como cuidador acogiéndose a la Ley de Dependencia-- ha sido artificialmente creada con el fin de eludir una medida cautelar necesaria.
El mantenimiento de la medida cautelar no perjudica una relación preexistente de cuidados a un familiar, sino que se sustenta sobre una nueva, y por tanto incierta, relación pendiente de crearse y parece que diseñada tanto para la asistencia familiar que se acoge a la ley de Dependencia como para el cuidador al que serviría para eludir la prisión provisional, señaló González Mota.
Así consta en un escrito de cuatro páginas redactado por el fiscal Vicente González Mota en el que solicita a Garzón y subsidiariamente a la Sala de lo Penal que revoque el auto que permitió a Díez Usabiaga salir el pasado lunes de la cárcel madrileña de Estremera, en la que se encuentra desde el 16 de octubre de 2009 por un delito de integración en organización terrorista al intentar reconstruir Batasuna a través del proyecto.
El escrito del Ministerio Público sostuvo que motivaron el encarcelamiento de Díez Usabiaga persisten y añadió que resulta notorio que el certificado del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) en el que se acreditó que su madre inició los trámites para solicitarle como cuidador se expidió cuando éste y ya se encontraba en prisión preventiva, sin que además se haya resuelto su concesión.
Discriminación de Otegi
Tras asegurara desconocer si otros familiares directos podrían encontrarse en mejores condiciones para prestar la asistencia, el recurso recalca que por razones de igualdad procesal las medidas cautelares no deben suavizarse sin justificación suficiente respecto a quien se encuentra judicialmente en las mismas condiciones que los otros procesados, en referencia al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, la ex tesorera del PCTV Sonia Jacinto y el ex responsable de Haika Arkaitz Rodríguez, que son citados literalmente por el fiscal.
El pasado marzo, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal acordó mantener en la cárcel a Otegi en el marco de la causa en la que se le juzgará por la presunta subordinación de la formación ilegalizada a ETA, al entender que los problemas de salud de tres familiares que alegó para intentar obtener la libertad provisional es generalizable a cualquier preso.
En relación con el resto de documentación esgrimida por la defensa de Díez Usabiaga, que es calificada de notoriamente incompleta, el fiscal recuerda que se presentó un informe hospitalario fechado el 25 de noviembre de 1999, y por tanto, con una antigüedad superior a diez años, así como un certificado del padrón del año 2010 conforme al cual no constó que su domicilio viviera cuidador alguno. De igual modo, rechazó la existencia de indicios de actividad delictiva argumentada por la defensa y destaca la relevancia de la actividad presuntamente desplegada por Díez Usabiaga, que Garzón procesó el 25 de enero pasado por intentar que una formación sucesora de Batasuna estuviera presente en las elecciones municipales de 2011.
Así consta en un escrito de cuatro páginas redactado por el fiscal Vicente González Mota en el que solicita a Garzón y subsidiariamente a la Sala de lo Penal que revoque el auto que permitió a Díez Usabiaga salir el pasado lunes de la cárcel madrileña de Estremera, en la que se encuentra desde el 16 de octubre de 2009 por un delito de integración en organización terrorista al intentar reconstruir Batasuna a través del proyecto.
El escrito del Ministerio Público sostuvo que motivaron el encarcelamiento de Díez Usabiaga persisten y añadió que resulta notorio que el certificado del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) en el que se acreditó que su madre inició los trámites para solicitarle como cuidador se expidió cuando éste y ya se encontraba en prisión preventiva, sin que además se haya resuelto su concesión.
Discriminación de Otegi
Tras asegurara desconocer si otros familiares directos podrían encontrarse en mejores condiciones para prestar la asistencia, el recurso recalca que por razones de igualdad procesal las medidas cautelares no deben suavizarse sin justificación suficiente respecto a quien se encuentra judicialmente en las mismas condiciones que los otros procesados, en referencia al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, la ex tesorera del PCTV Sonia Jacinto y el ex responsable de Haika Arkaitz Rodríguez, que son citados literalmente por el fiscal.
El pasado marzo, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal acordó mantener en la cárcel a Otegi en el marco de la causa en la que se le juzgará por la presunta subordinación de la formación ilegalizada a ETA, al entender que los problemas de salud de tres familiares que alegó para intentar obtener la libertad provisional es generalizable a cualquier preso.
En relación con el resto de documentación esgrimida por la defensa de Díez Usabiaga, que es calificada de notoriamente incompleta, el fiscal recuerda que se presentó un informe hospitalario fechado el 25 de noviembre de 1999, y por tanto, con una antigüedad superior a diez años, así como un certificado del padrón del año 2010 conforme al cual no constó que su domicilio viviera cuidador alguno. De igual modo, rechazó la existencia de indicios de actividad delictiva argumentada por la defensa y destaca la relevancia de la actividad presuntamente desplegada por Díez Usabiaga, que Garzón procesó el 25 de enero pasado por intentar que una formación sucesora de Batasuna estuviera presente en las elecciones municipales de 2011.