El Gobierno aprueba nuevas ayudas para víctimas del 11-M y atentados de ETA

09/09/2013 - 14:16 Javier Pastrana Margüenda

El Gobierno central ha aprobado un nuevo reglamento que aumentará las ayudas concedidas a los guadalajareños que hayan sido víctimas del terrorismo. Según explicó el senador del PP, Porfirio Herrero, supondrá el aumento de las indemnizaciones y de las ayudas para tratamiento psicológico y cubre la atención a aquellos estudiantes que requieren atenciones especiales, además de financiar los gastos derivados de alquiler de vivienda o pago de hoteles como consecuencia de la acción terrorista. Además, se empezará a trabajar a través de una ventanilla única que estará instalada en el Ministerio del Interior. “Este reglamento permite a las víctimas reclamar la diferencia entre las ayudas inicialmente recibidas y su cuantía actualizada, así como reclamar nuevos conceptos de indemnización incluidos en la legislación”.
Pueden solicitarse con efecto retroactivo hasta 1960
Herrero recordó algunos de los vecinos de la provincia que han sido víctimas de actos terroristas. Lo más recientes, son los siete fallecidos en el atentado del 11-M y el subinspector del GEO Francisco Javier Torronteras, fallecidos en el asalto al piso de Leganes. También afectará a los familiares del Guardia Civil Javier Esteban Plaza, asesinado en el atentado de la plaza de República Argentina, y del inspector de policía y escolta de Carrero Blanco, Juan Antonio Bueno Fernández, muerto el mismo día en el que Blanco perdía la vida a manos de la banda terrorista ETA. “Los familiares de todas estas personas, y de tantas otras que han sufrido algún tipo de atentado podrán recabar estas nuevas ayudas y desde el Partido Popular de Guadalajara estaremos a su disposición para informarles de todo lo que necesiten”. Las ayudas tienen efecto retroactivo y pueden solicitarse por todos aquellos atentados que se hayan producido desde 1960. Van dirigidas a víctimas que en el plazo de un año puedan solicitar la diferencia entre las indemnizaciones inicialmente cobradas y la cantidad establecida por ley; víctimas que nunca hayan sido reparadas y nuevas víctimas que se puedan generar a partir de ahora.