El Gobierno aprueba un plan que aportará 1.000 millones hasta 2013
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
PLAN ANTIFRAUDE
Salgado afirma que el fraude distorsiona la economía y los derechos de los trabajadores
El Gobierno aprobó este viernes en Consejo de Ministros el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, con el objetivo de evitar la distorsión de la actividad económica, la competencia desleal, el ataque directo a los derechos de los trabajadores y la indefensión de los consumidores, según afirmó la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Elena Salgado. Además, apuntó que este plan aportará ingresos de 1.000 millones de euros hasta 2013.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Salgado señaló que la lucha contra el fraude es siempre importante y ahora lo es mucho más, no sólo por los aspectos recaudatorios, sino es aspectos de equidad, competencia y protección de derechos. Por eso, avanzó que con la aprobación del Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude se incide sobre todo en la prevención.
La iniciativa tiene el objetivo de dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia de la crisis, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado. En este sentido, la ministra explicó que el plan cuenta con tres ejes: la mejora de los sistemas de captación de información, la puesta en marcha de acciones de control conjuntas y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia. Así, incorpora instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y prevé la creación de bases conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información. Además, viene a reforzar la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble inspección, la participación en programas europeos de intercambio de información y el impulso de una red europea de lucha contra el fraude.
Colaboración
En otros objetivos, el Gobierno se ha propuesto que, a través de este Plan, se consiga una implicación de los agentes sociales y económicos en la lucha contra el fraude, para lo que se plantearán acuerdos de nivel nacional, autonómico y local y se extenderán los llamados acuerdos de intercambio de información con organizadores sectoriales.
?Incluye también actuaciones conjuntas de control que se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se indentifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte actividad o de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando. Según el Ejecutivo, para aumentar su eficacia, estas actuaciones partirán de una planificación coordinada a partir de la información disponible en los registros de los tres organismos públicos.
Además, el Gobierno contempla la creación de una Comisión Mixta entre Agencia Tributaria, Seguridad Social e Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación en expedientes de especial magnitud y procesos concursales. En la misma línea, se fijarán criterios conjuntos en los casos de concurrencia de embargo y cobro y se formalizarán consejos territoriales de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Por otro lado, se fomentará el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social.
El 0,1% del PIB
La ministra prevé que gracias a las 60 medidas de aplicación inmediata de el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, se pretende obtener unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB, es decir, unos 1.000 millones de euros, hasta 2013 para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas. El nuevo plan viene a complementar las iniciativas específicas que en los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social ya venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años.
La iniciativa tiene el objetivo de dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia de la crisis, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado. En este sentido, la ministra explicó que el plan cuenta con tres ejes: la mejora de los sistemas de captación de información, la puesta en marcha de acciones de control conjuntas y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia. Así, incorpora instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y prevé la creación de bases conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información. Además, viene a reforzar la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble inspección, la participación en programas europeos de intercambio de información y el impulso de una red europea de lucha contra el fraude.
Colaboración
En otros objetivos, el Gobierno se ha propuesto que, a través de este Plan, se consiga una implicación de los agentes sociales y económicos en la lucha contra el fraude, para lo que se plantearán acuerdos de nivel nacional, autonómico y local y se extenderán los llamados acuerdos de intercambio de información con organizadores sectoriales.
?Incluye también actuaciones conjuntas de control que se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se indentifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte actividad o de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando. Según el Ejecutivo, para aumentar su eficacia, estas actuaciones partirán de una planificación coordinada a partir de la información disponible en los registros de los tres organismos públicos.
Además, el Gobierno contempla la creación de una Comisión Mixta entre Agencia Tributaria, Seguridad Social e Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación en expedientes de especial magnitud y procesos concursales. En la misma línea, se fijarán criterios conjuntos en los casos de concurrencia de embargo y cobro y se formalizarán consejos territoriales de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Por otro lado, se fomentará el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social.
El 0,1% del PIB
La ministra prevé que gracias a las 60 medidas de aplicación inmediata de el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, se pretende obtener unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB, es decir, unos 1.000 millones de euros, hasta 2013 para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas. El nuevo plan viene a complementar las iniciativas específicas que en los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social ya venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años.