El Gobierno autoriza la firma de dos acuerdos con Hong Kong sobre asistencia judicial y traslado de condenados
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El Gobierno ha autorizado este viernes en Consejo de Ministros la firma de dos acuerdos entre España y Hong Kong sobre la asistencia judicial en material penal y el traslado de personas condenadas, después de haber mantenido contactos diplomáticos durante los últimos años para la conclusión de ambos acuerdos.
Según el Gobierno, estos acuerdos con esta región administrativa especial del sur de China permiten "reforzar la cooperación jurídica penal entre ambas partes" de forma que "contribuya a luchar de manera más eficaz contra la delincuencia transnacional y, en particular, contra el terrorismo".
Entre las causas que se podrán alegar para la denegación de la asistencia jurídica se incluyen que la solicitud se refiera a delitos políticos o militares (excluyendo el terrorismo), que exista discriminación o que la investigación se refiera a un delito castigado con cadena perpetua, pena de muerte o pena de privación de libertad de duración indeterminada, salvo que se den las garantías suficientes de que si estas penas se impusieran, no serían ejecutadas.
También se regulan aspectos generales de la tramitación de solicitudes de asistencia, como son la forma y la lengua de su redacción, su contenido, la ejecución y distribución de los gastos derivados de ésta y el requisito de confidencialidad.
El acuerdo sobre traslado de condenados sigue en su contenido los criterios del Convenio Europeo de personas condenadas de 1983 y de los convenios bilaterales celebrados por España en esta materia. El Gobierno afirmó que el acuerdo cumple un objetivo de reinserción social básico, pues permite al condenado cumplir la sentencia en su país de origen, de forma que se facilita la reintegración en la comunidad a la que pertenece. Se respeta, asimismo, el principio básico de consentimiento de la persona trasladada.
Las condiciones de ejecución del traslado y forma de cumplimiento de la condena recogen los requisitos necesarios y el procedimiento de solicitud y garantizan que la condena se cumplirá de acuerdo con la legislación del país en el que se impuso la pena, que además mantendrá jurisdicción objetiva respecto del procedimiento.
Entre las causas que se podrán alegar para la denegación de la asistencia jurídica se incluyen que la solicitud se refiera a delitos políticos o militares (excluyendo el terrorismo), que exista discriminación o que la investigación se refiera a un delito castigado con cadena perpetua, pena de muerte o pena de privación de libertad de duración indeterminada, salvo que se den las garantías suficientes de que si estas penas se impusieran, no serían ejecutadas.
También se regulan aspectos generales de la tramitación de solicitudes de asistencia, como son la forma y la lengua de su redacción, su contenido, la ejecución y distribución de los gastos derivados de ésta y el requisito de confidencialidad.
El acuerdo sobre traslado de condenados sigue en su contenido los criterios del Convenio Europeo de personas condenadas de 1983 y de los convenios bilaterales celebrados por España en esta materia. El Gobierno afirmó que el acuerdo cumple un objetivo de reinserción social básico, pues permite al condenado cumplir la sentencia en su país de origen, de forma que se facilita la reintegración en la comunidad a la que pertenece. Se respeta, asimismo, el principio básico de consentimiento de la persona trasladada.
Las condiciones de ejecución del traslado y forma de cumplimiento de la condena recogen los requisitos necesarios y el procedimiento de solicitud y garantizan que la condena se cumplirá de acuerdo con la legislación del país en el que se impuso la pena, que además mantendrá jurisdicción objetiva respecto del procedimiento.