24/03/2020 / 19:44
Redacción


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El Gobierno autoriza que Enresa compre 86 contenedores para el combustible de Garoña, Trillo y Almaraz

En concreto compra 10 contenedores para el combustible gastado de la central nuclear de Trillo.


 El Consejo de Ministros ha autorizado a la Empresa Estatal de Residuos Radiactivos (ENRESA) la adquisición, por un total de 212,73 millones de euros, de 86 contenedores para albergar el combustible gastado de las centrales nucleares de Trillo (Guadalajara), Almaraz (Cáceres) y Santa María de Garoña (Burgos).

En concreto, 24 contenedores se destinarán a las plantas de Almaraz (14 contenedores) y Trillo (10), que están en operación, y otros 44 guardarán el combustible gastado de la central burgalesa de Santa María de Garoña, en situación de cese de explotación y que está realizando las tareas de preparación para su desmantelamiento, que podría iniciarse en 2021.

Así, Enresa deberá formalizar dos contratos para fabricación y suministro, de 24 por un lado y de 44, por otro, que serán adjudicados a la empresa española Equipos Nucleares (ENSA), que ya fue adjudicataria de los primeros contenedores para las tres centrales.

En las centrales nucleares, después de las recargas, el combustible gastado extraído del reactor se almacena en piscinas que se encuentran ubicadas en el interior de las mismas.

Para garantizar la continuidad operación de las centrales en explotación, cuando la capacidad de las piscinas se acerca a su saturación, o para permitir el desmantelamiento de una central, cuando ésta ha cesado su explotación, el combustible gastado se introduce en contenedores y se deposita en un almacén temporal individualizado (ATI) con los que cuenta cada central.

Por un lado, el contrato de los contenedores de Almaraz y Trillo tienen un importe estimado de 85.138.800 euros y prevé una ejecución de cinco años, aunque Ensa deberá empezar a entregarlos en 2022. Los contenedores son del mismo tipo que los otros 10 que Enresa ya adquirió en 2015 y cuyo diseño ha sido autorizado por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Por otro, el segundo contrato, de 44 contenedores que se destinarán a la central nuclear de Santa María de Garoña, prevé un importe que asciende a 127.600.000 euros y que se fabricarán en un plazo de cinco años y contempla que las primeras unidades comenzarán a suministrarse en 2023. También estos contenedores son del mismo tipo que los cinco anteriores que Enresa adquirió en 2012, autorizados por el Ministerio ante el informe favorable del CSN.

En la actualidad, el Gobierno informa de que las necesidades de contenedores se han planificado teniendo en cuenta el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), y el Protocolo firmado en lo relativo a las fechas de cese de la operación de cada uno de los reactores, que en el caso de Almaraz se ha fijado en el año 2027 para la unidad 1 y en 2028 para la unidad 2, y en el caso de Trillo en el año 2035.

En el caso de Garoña, Enresa y el titular de la central, Nuclenor, trabajan para planificar y acometer su desmantelamiento a la mayor brevedad posible.

Entre los trabajos iniciales destacan los de extracción del combustible gastado de la piscina y su almacenamiento en seco, para lo que es preciso adquirir los contenedores correspondientes, por lo que, con esta autorización, se da un paso real y efectivo para poder ejecutar el desmantelamiento de esta central.

La compra de los contenedores, que suman cerca de 213 millones de euros se hará con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que se nutre de la prestación que satisfacen los productores de los residuos.

En el caso de las centrales nucleares en explotación, la cuota que abonan es el resultado de multiplicar la energía generada por cada central por una tarifa fija unitaria.

El lunes 15 de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico recibió el borrador del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y ya ha iniciado la tramitación del mismo en base a la normativa.


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