El Gobierno indemnizará a las víctimas del conflicto armado

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
Colombia
El Gobierno colombiano comenzará el proceso de reparación de las víctimas del conflicto el mes que viene en el marco de los esfuerzos que se están realizando en el país iberoamericano para la reconciliación nacional y para el reconocimiento de las víctimas, tanto directas como los desplazados, que han dejado las guerrillas, los paramilitares y los grupos armados.
“A finales de mayo o principios de junio comenzará la reparación de 12.000 víctimas”, explicó el presidente de la Comisión Nacional de Reintegración y Reconciliación, Eduardo Pizarro, quien aclaró que se trata de las que el Gobierno ve “más vulnerables”. Así, en un encuentro con periodistas en Madrid, aclaró que los beneficiados de esta primera fase, dotada con 100 millones de dólares, serán “las víctimas de minas antipersona, los niños reclutados por los grupos armados, las mujeres víctimas de delito sexual y las víctimas de secuestro”. Según Pizarro, el Gobierno tiene constancia de “200.000 víctimas de crímenes atroces”, a los que hay que añadir los tres millones de desplazados internos que hacen de Colombia el tercer país con mayor número de esta población del mundo por detrás de Afganistán y Sudán. En este sentido, resaltó el hecho de que ahora las víctimas son “poseedoras de derechos” y no sólo objeto de la “solidaridad”, aunque admitió que “el mundo todavía está en pañales” respecto a la reparación de las víctimas.

Víctimas
Para poder llevar a cabo la reparación, explicó, en primer lugar se ha tenido que “definir qué es una víctima” en Colombia, puesto que “la forma de victimización en cada conflicto o dictadura cambia”, así como elaborar “un perfil de las víctimas”. El 90% de ellas, añadió, “pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad” siendo la víctima media “una mujer cabeza de familia, que perdió sus bienes, vive en ciudades y no terminó sus estudios”. Este proceso, junto con la creación de un marco jurídico --el estatuto que se está debatiendo en el Congreso--, permite la elaboración de un “modelo de reparación” en el que, subrayó Pizarro, hay que determinar “cómo se repara la vida humana”. Según el responsable colombiano, para muchas familias “no basta con un cheque” sino que reclaman otro tipo de reparaciones.Por ello, agregó, “aunque la reparación económica es importante, lo que busca el Gobierno es que superen el dolor y recuperen su proyecto de vida”.

EVITAR POSTCONFLICTO VIOLENTO

Así las cosas, Pizarro consideró “muy importante” el que se comience ya con la reparación puesto que, dijo, “si no se comienza vamos a tener enfrentamientos violentos como hubo por ejemplo en Mozambique” tras el acuerdo de paz. Por ello, defendió la actuación inmediata en esta materia “si no queremos tener un postconflicto violento”.

Por otra parte, resaltó que el Gobierno de Alvaro Uribe tiene la intención de “reparar fundamentalmente con bienes de los victimarios”, es decir, con los bienes entregados voluntariamente por los guerrilleros y paramilitares desmovilizados, o con los bienes incautados a estos por las autoridades. Los primeros, aclaró, ascienden ya a unos 13 millones de dólares, mientras que los segundos suponen unos 100 millones de dólares que pasarán al fondo de reparación de las víctimas.

Asimismo, el Gobierno contempla también la “reparación administrativa” con bienes procedentes del presupuesto del Estado, que este año serán de 100 millones y para el próximo ascenderán a 150 millones, pero buscando que “los impuestos de los ciudadanos” no sean la primera fuente de reparación.

En todo caso, Pizarro admitió que “la única forma de romper el ciclo de violencia es trabajar con los desmovilizados y las víctimas” fomentando la reintegración de los antiguos guerrilleros y paramilitares en las comunidades y la reconciliación con sus víctimas.

A este respecto, el nuevo Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración de Colombia, Frank Pearl, aseguró hoy que el Gobierno colombiano no contempla “atajos para la desmovilización” de los paramilitares, principalmente los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en virtud del acuerdo alcanzado en 2003.

En este sentido, subrayó que se han desmovilizado 31.700 miembros de las AUC y otros 3.000 paramilitares de forma individual y todos ellos “tienen que pasar por el filtro de la justicia”. Según Pearl, dos de cada tres desmovilizados “nunca estuvieron armados” sino que realizaron otro tipo de funciones, principalmente logísticas.

Una vez desmovilizados y comprobada su identidad --se ha rechazado a 2.000 personas que intentaron aprovecharse de los “beneficios” del acuerdo con las AUC-- se les asigna un psicólogo para ayudarles en su reinserción y se trata de reunirles con sus familias, el 30% de las cuales rechazan la decisión del desmovilizado, según el Alto Comisionado.