El Gobierno recurrirá la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid ante el Constitucional

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
El Consejo de Ministros tomó ayer la determinación de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, pues el Ejecutivo considera que altera el criterio de proporcionalidad en la representación de las corporaciones locales en la asamblea general de Caja Madrid que establece la Ley estatal de Cajas.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, justificó que la decisión fue tomada, entre otras cosas, para conocer si las normas que se aprueban por los gobiernos autonómicos son coherentes con la legislación actualmente en vigor y aseguró que el Consejo de Estado opinó en su informe al respecto que “existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad”. El Gobierno ordenó a la Abogacía del Estado que recurra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional, tal y como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según De la Vega, el Ejecutivo impugnará el artículo 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que reforma la Ley de Cajas de Ahorros de la región, tras contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado. La propuesta fue elaborada a raíz de los informes realizados por los Ministerios de Economía y Hacienda, y de Administraciones Públicas.
El Ejecutivo considera que la norma, “al establecer fórmulas de ponderación, provoca que le sistema de representación de las corporaciones locales y de los impositores en la asamblea general sea contrario al criterio de proporcionalidad establecido en la Ley estatal de órganos rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), de 2003”, señaló De la Vega. Según se establece en el artículo 2.3 de la LORCA, este criterio determina que “cuando las cajas de ahorros tengan abiertas oficinas en más de una comunidad autónoma, la representación en la asamblea general de los distintos grupos (entre ellos, el de corporaciones locales y el de impositores) deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos”. La “desviación de la regla de proporcionalidad establecida en la Lorca” viene determinada por la creación de dos circunscripciones electorales en combinación con las fórmulas de ponderación que se introducen.

Pedro Solbes aseguró que la actuación del Gobierno responde a la preocupación del Ministerio de Economía por conocer las normas que aprueban los gobiernos autonómicos, y si éstas son coherentes con la legislación actualmente en vigor. Asimismo reconoció que, aunque era una percepción muy suya “y de todo el Gobierno”, se trata de un tema “discutible”, donde hay argumentos a favor y en contra.

El vicepresidente quiso recordar que el origen del asunto se remonta a un proceso de elección en Caja Madrid que coincide con unas normas “tomadas correctamente” por la Comunidad de Madrid, pero ya en el momento en el que el procedimiento estaba en marcha, “de forma un poco chocante, en el sentido de que parece razonable que las normas o las reglas del juego se cambien antes de que el juego empiece”.

Solbes defendió que la decisión tomada por el Gobierno es la “más razonable” de cuantas se barajaban, por lo que enviaron el asunto al Consejo de Estado para que diera su opinión. “En su informe, se dice de forma casi textual que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad. Con esa recomendación, es muy difícil no actuar. A partir de ahí, la incidencia política que pueda tener, se me escapa”, manifestó.