El Gobierno refuerza Guadalajara con una nueva plaza judicial
La provincia, entre los partidos judiciales beneficiados por la ampliación aprobada por el Consejo de Ministros, que implica un incremento de 21 plazas de jueces y 8 de fiscales en Castilla-La Mancha.
Guadalajara estará entre los partidos judiciales reforzados por la ampliación de plantilla aprobada por el Consejo de Ministros, dentro del paquete de nuevas plazas de jueces y fiscales autorizado por el Gobierno para Castilla-La Mancha.
La medida supone la creación de 21 nuevas plazas de jueces y 8 de fiscales en la comunidad autónoma. En el caso de la plantilla judicial, el incremento alcanza el 9,7 por ciento, mientras que la plantilla fiscal crecerá un 8 por ciento.
Entre los tribunales de instancia que recibirán refuerzo figura el de Guadalajara, junto a los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.
Del total de 21 nuevas plazas judiciales previstas para Castilla-La Mancha, 18 se destinan a tribunales de instancia, una a la Audiencia Provincial de Toledo y dos serán de adscripción territorial, con carácter movible en función de las necesidades y las cargas de trabajo.
El Gobierno destaca que esta decisión constituye la mayor ampliación de plazas judiciales aprobada en un solo año en la historia de la región y recuerda que, con este aumento, se crearán en un ejercicio tantas plazas judiciales como en la última década.
La actuación forma parte de un refuerzo más amplio en toda España, donde el Ejecutivo ha aprobado la creación de 700 plazas entre jueces y fiscales. En concreto, se autorizan 500 nuevas plazas judiciales y 200 plazas de fiscales.
Según la información oficial, esta ampliación se enmarca en la transformación del servicio público de Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se apoya en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia.
El reparto de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población, además de las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de justicia.