El Gobierno Regional constituye la Comisión Provincial de Coordinación de Protección de Menores
El Gobierno de Castilla-La Mancha constituyó hoy la Comisión Provincial de Coordinación de Protección de Menores de Guadalajara, tras haberse formado recientemente la Comisión regional en Toledo, que actuará como órgano de asesoramiento de la Junta en todas aquellas actuaciones relacionadas con la prevención de situaciones de riesgo y desamparo de los menores y de sus familias.
Como destacó el director general de Familia, Hugo Muñoz, que presidió hoy la constitución de la Comisión Provincial de Guadalajara, acompañado del delegado del área, Juan Pablo Martínez Marqueta, "se trata de que las administraciones competentes estemos interconectados bajo el objetivo común de conseguir el interés superior del menor".
Para ello, según detalló Muñoz, en esta primera reunión se expondrán los principales programas que el Gobierno regional tiene en marcha en este campo, tales como los Centros de Día de Familia y Adolescencia, los programas de Violencia Intrafamiliar y Mediación, Intervención y Orientación y dispositivos de acogimiento familiar y residencial. Asimismo se dará cuenta de otra serie de iniciativas y proyectos, como la adopción regional e internacional o los pisos de autonomía.
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Las Comisiones Provinciales de Coordinación de Protección de Menores son órganos de asesoramiento a nivel provincial, adscritas funcionalmente a la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio coordinado de las actuaciones en materia de prevención de situaciones de riesgo y desamparo y en materia de protección de menores en que sea necesaria la participación de distintos órganos, informó la Junta en nota de prensa.
Para llevar a cabo esa coordinación las comisiones están formadas por distintos responsables, que representan a la propia Delegación y jefatura de servicio correspondiente, así como dos técnicos, un representante de la Delegación de Educación, gerencia de Atención Especializada, Subdelegación del Gobierno, un representante de la Fiscalía y de los servicios sociales municipales y un funcionario de la Delegación de Salud y Bienestar Social que actuará como secretario.
Sus principales funciones serán proponer a la Consejería actuaciones en materia de protección de menores y actuaciones conjuntas que requieran la intervención de varias administraciones u órganos administrativos; proponer el establecimiento o modificación de protocolos de intervención; evaluar con ámbito provincial los procedimientos de coordinación entre administraciones y proponer las acciones de mejora para optimizar su eficacia; estudiar casos de especial importancia o gravedad que le sean remitidos y asesorar en cuanto asuntos del ámbito de protección del menor sean sometidos a su consideración