El Gobierno remite a Cortes los convenios con Emiratos Árabes Unidos sobre extradición y traslado de condenados
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la remisión a las Cortes Generales de tres convenios entre España y Emiratos Árabes Unidos sobre traslado de personas condenadas, extradición y asistencia judicial mutua en materia penal, cuyas respectivas firmas había autorizado en su reunión del pasado 27 de febrero de 2009.
Por una parte, el convenio sobre el traslado de personas condenadas sigue los criterios del Convenio Europeo de personas condenadas de 1983 y de los convenios bilaterales celebrados por España en esta materia. Cumple un objetivo de reinserción social básico, pues permite al condenado cumplir la condena en su país de origen, de forma que se facilita la reintegración en la comunidad a la que pertenece. Se respeta, asimismo, el principio básico de consentimiento de la persona trasladada.
El convenio sigue el criterio de la nacionalidad como conexión entre la persona trasladada y el Estado de recepción. En cuanto a las condiciones para el traslado, son análogas a las recogidas en este tipo de tratados, como son la doble incriminación, consentimiento del penado, la sentencia definitiva y ejecutable, y cumplimiento de las demás disposiciones de la sentencia.
También regula otras disposiciones relativas al procedimiento, entre las que cabe señalar que elige como forma de ejecución de la pena la prosecución del cumplimiento de la impuesta en el Estado de condena, de acuerdo con la práctica seguida por España con otros países. Incluye otras cuestiones usuales como son la regulación del 'ne bis in idem', el principio de especialidad y el principio de reserva de jurisdicción por parte del Estado de condena.
En cuanto al convenio de extradición, su firma está justificada por la necesidad de contar con un instrumento para reforzar la cooperación jurídica en materia de extradición, que facilite la prestación de la asistencia entre los países, aportando de esta manera seguridad jurídica a las relaciones mutuas y contribuyendo a mejorar los actuales vínculos de amistad y a seguir perfeccionando los mecanismos de diálogo y cooperación existentes.
Por último, el convenio con Emiratos Árabes Unidos sobre asistencia judicial mutua en materia penal tiene como objetivo reforzar la cooperación jurídica penal y, al igual que en los casos anteriores, facilitar la prestación de la asistencia entre los países, con más seguridad jurídica en las relaciones mutuas. Responde al modelo habitual seguido en la elaboración de diversos convenios bilaterales y multilaterales sobre la materia actualmente en vigor.
El convenio sigue el criterio de la nacionalidad como conexión entre la persona trasladada y el Estado de recepción. En cuanto a las condiciones para el traslado, son análogas a las recogidas en este tipo de tratados, como son la doble incriminación, consentimiento del penado, la sentencia definitiva y ejecutable, y cumplimiento de las demás disposiciones de la sentencia.
También regula otras disposiciones relativas al procedimiento, entre las que cabe señalar que elige como forma de ejecución de la pena la prosecución del cumplimiento de la impuesta en el Estado de condena, de acuerdo con la práctica seguida por España con otros países. Incluye otras cuestiones usuales como son la regulación del 'ne bis in idem', el principio de especialidad y el principio de reserva de jurisdicción por parte del Estado de condena.
En cuanto al convenio de extradición, su firma está justificada por la necesidad de contar con un instrumento para reforzar la cooperación jurídica en materia de extradición, que facilite la prestación de la asistencia entre los países, aportando de esta manera seguridad jurídica a las relaciones mutuas y contribuyendo a mejorar los actuales vínculos de amistad y a seguir perfeccionando los mecanismos de diálogo y cooperación existentes.
Por último, el convenio con Emiratos Árabes Unidos sobre asistencia judicial mutua en materia penal tiene como objetivo reforzar la cooperación jurídica penal y, al igual que en los casos anteriores, facilitar la prestación de la asistencia entre los países, con más seguridad jurídica en las relaciones mutuas. Responde al modelo habitual seguido en la elaboración de diversos convenios bilaterales y multilaterales sobre la materia actualmente en vigor.