El Gobierno vasco sale en defensa de las dos empresarias encarceladas por financiar a ETA
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, dio lectura al texto en el que se pide a Garzón que aclare y clarifique con urgencia la situación de las dos empresarias ya que considera que su encarcelamiento se sustenta en indicios que no parecen tener la solidez necesaria para anular la presunción de inocencia.
Además el Gobierno vasco presenta a ambas como víctimas y no como colaboradoras de la banda terrorista.
Las personas extorsionadas por ETA son víctimas, y sólo ETA es culpable de la extorsión, afirmó Azkarate que recordó que en 2004 se produjo un caso similar cuando se intentó encausar a conocidos cocineros vascos. Garzón decretó el pasado día 12 prisión incondicional para María Isabel y Blanca Bruño a las que imputó un delito de colaboración con banda terrorista por financiar voluntariamente a ETA con una cantidad cifrada en unos 6.000 euros.
La prueba fundamental de Garzón es una carta de agradecimiento remitida por la banda a las imputadas redactada en términos que no son habituales en las misivas destinadas a la extorsión a empresarios y que fue hallada por la policía francesa en el registro de la pequeña vivienda de Burdeos que ocupaba el considerado número uno de ETA, Francisco Javier López Peña, alias Thierry, y los dirigentes etarras Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria.
El magistrado justificó su ingreso en prisión argumentando que existe riesgo de fuga, de obstrucción a la acción de la justicia y de que vuelvan a colaborar con la banda si no eran encarceladas. Además, Garzón también destacó la proximidad ideológica de las dos hermanas a ETA. De hecho, una de ellas, María Isabel Bruño Azpiroz, figuró como segunda suplente en las listas de Euskal Herritarrok a las elecciones municipales de 1999 en Orio.
Ley de víctimas policiales
En su habitual rueda de prensa de los martes, Azkarate también se refirió a la ley de víctimas policiales que se ha comprometido a sacar adelante el tripartito vasco. Ejecutivo ajustará su actuación a lo que decida la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco respecto al informe elaborado por la Dirección de Derechos Humanos. Un texto que cifraba en 100 muertos y 400 heridos las víctimas de las las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y grupos ultras en los últimos 40 años y proponía, además de la ley, la puesta en marcha de una oficina de atención a las víctimas policiales.
La Cámara valorará el contenido del informe y el Gobierno procurará ajustar en su actuación a lo que le diga la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, aclaró. Al respecto, insistió en que será la propia Comisión la que exprese la conveniencia o no de determinadas actuaciones que incluye el polémico informe.
Las personas extorsionadas por ETA son víctimas, y sólo ETA es culpable de la extorsión, afirmó Azkarate que recordó que en 2004 se produjo un caso similar cuando se intentó encausar a conocidos cocineros vascos. Garzón decretó el pasado día 12 prisión incondicional para María Isabel y Blanca Bruño a las que imputó un delito de colaboración con banda terrorista por financiar voluntariamente a ETA con una cantidad cifrada en unos 6.000 euros.
La prueba fundamental de Garzón es una carta de agradecimiento remitida por la banda a las imputadas redactada en términos que no son habituales en las misivas destinadas a la extorsión a empresarios y que fue hallada por la policía francesa en el registro de la pequeña vivienda de Burdeos que ocupaba el considerado número uno de ETA, Francisco Javier López Peña, alias Thierry, y los dirigentes etarras Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria.
El magistrado justificó su ingreso en prisión argumentando que existe riesgo de fuga, de obstrucción a la acción de la justicia y de que vuelvan a colaborar con la banda si no eran encarceladas. Además, Garzón también destacó la proximidad ideológica de las dos hermanas a ETA. De hecho, una de ellas, María Isabel Bruño Azpiroz, figuró como segunda suplente en las listas de Euskal Herritarrok a las elecciones municipales de 1999 en Orio.
Ley de víctimas policiales
En su habitual rueda de prensa de los martes, Azkarate también se refirió a la ley de víctimas policiales que se ha comprometido a sacar adelante el tripartito vasco. Ejecutivo ajustará su actuación a lo que decida la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco respecto al informe elaborado por la Dirección de Derechos Humanos. Un texto que cifraba en 100 muertos y 400 heridos las víctimas de las las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y grupos ultras en los últimos 40 años y proponía, además de la ley, la puesta en marcha de una oficina de atención a las víctimas policiales.
La Cámara valorará el contenido del informe y el Gobierno procurará ajustar en su actuación a lo que le diga la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, aclaró. Al respecto, insistió en que será la propia Comisión la que exprese la conveniencia o no de determinadas actuaciones que incluye el polémico informe.