El juez del Yak-42 no tendrá datos sobre las tropas
01/10/2010 - 09:45
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que instruye la investigación sobre el accidente del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares españoles en Turquía, no tendrá acceso, por el momento, a la información del Ministerio de Defensa sobre las condiciones del transporte de tropas a las misiones internacionales que había reclamado al Gobierno.
El departamento de dirige Carme Chacón ha rechazado entregarle estos datos porque, alega, la información requerida es «compleja» debido a la cantidad de documentos acumulados desde que España comenzara las misiones en el extranjero hace ahora 20 años.
El Ministerio de Defensa explica que el principal problema es la dispersión de la información, además del previsible excesivo volumen de estos documentos. El Ejército, en una carta remitida al juez de la Audiencia Nacional el pasado septiembre, señala que el transporte de los contingentes a las misiones de paz se ha realizado de distintas maneras a lo largo del tiempo y que hasta febrero de 2002, cuando todas las gestiones se centralizaron en la agencia de la OTAN Namsa, fueron diferentes organismos los que se ocuparon de organizar estos transportes, tales como la Dirección General de Política de Defensa, el Ejército de Tierra o comisiones de servicio individualizadas» que «utilizaban vuelos comerciales.
Defensa señala que el Ejército confió a Namsa, la empresa que gestionó la contratación del YAK-42, los desplazamientos de las tropas entre febrero de 2002 y enero de 2005. Desde entonces, y tras la polémica que provocó el accidente de Turquía, es el Estado Mayor de la Defensa es el que se ocupa en persona de gestionar los vuelos.
Ante los problemas planteados por el Gobierno para facilitar los datos de los viajes en tan largo período de tiempo, Grande-Marlaska ha pedido al Ministerio de Defensa la información sobre los 44 vuelos que Defensa contrató con Namsa en 2002 y 2003.
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional interrogó este lunes a tres ex responsables de la compañía británica Chapman Freeborn, a la que Namsa encargó la preparación del vuelo y, que a su vez, lo subcontrató a la compañía ucraniana UM-Air. Todos ellos declararon que no tuvieron quejas sobre la seguridad de los viajes que gestionaron. Con estos tres testigos se concluyó la tanda de 45 interrogatorios que Grande-Marlaska ordenó en enero cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidió que reabriera la investigación.
El Ministerio de Defensa explica que el principal problema es la dispersión de la información, además del previsible excesivo volumen de estos documentos. El Ejército, en una carta remitida al juez de la Audiencia Nacional el pasado septiembre, señala que el transporte de los contingentes a las misiones de paz se ha realizado de distintas maneras a lo largo del tiempo y que hasta febrero de 2002, cuando todas las gestiones se centralizaron en la agencia de la OTAN Namsa, fueron diferentes organismos los que se ocuparon de organizar estos transportes, tales como la Dirección General de Política de Defensa, el Ejército de Tierra o comisiones de servicio individualizadas» que «utilizaban vuelos comerciales.
Defensa señala que el Ejército confió a Namsa, la empresa que gestionó la contratación del YAK-42, los desplazamientos de las tropas entre febrero de 2002 y enero de 2005. Desde entonces, y tras la polémica que provocó el accidente de Turquía, es el Estado Mayor de la Defensa es el que se ocupa en persona de gestionar los vuelos.
Ante los problemas planteados por el Gobierno para facilitar los datos de los viajes en tan largo período de tiempo, Grande-Marlaska ha pedido al Ministerio de Defensa la información sobre los 44 vuelos que Defensa contrató con Namsa en 2002 y 2003.
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional interrogó este lunes a tres ex responsables de la compañía británica Chapman Freeborn, a la que Namsa encargó la preparación del vuelo y, que a su vez, lo subcontrató a la compañía ucraniana UM-Air. Todos ellos declararon que no tuvieron quejas sobre la seguridad de los viajes que gestionaron. Con estos tres testigos se concluyó la tanda de 45 interrogatorios que Grande-Marlaska ordenó en enero cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidió que reabriera la investigación.