El modelo de la sanidad pública cambiará para evitar la sobreutilización de los servicios
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
La sanidad de los guadalajareños están en proceso de cambio. El Gobierno regional, competente en la materia, trabaja ya en un texto normativo que espera aprobar como ley antes de que expire la legislatura que cambiará el modelo público, articulando por escrito una serie de derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios que ya funcionan en la práctica. Uno de los objetivos, entre otros muchos, es el de poner fin a una tendencia detectada en los servicios públicos de salud: la sobreutilización de los mismos. El envejecimiento de la población y el mayor peso que ocupan las enfermedades crónicas son dos importantes factores de cambio en la sociedad.
Antes de que acabe la legislatura, el modelo sanitario de los castellano-manchegos, y, por ende, el de los guadalajareños, experimentará un importante giro. El Gobierno regional pretende aprobar la llamada Ley de Derechos y Deberes de las Personas en materia de salud, proyecto que ayer fue presentado en Guadalajara y que pretende dar respuesta a la nueva sociedad del siglo XXI, señalaba el delegado de Salud, Juan Pablo Martínez, donde cobran más peso las enfermedades crónicas y donde la población sigue envejeciendo.
Como explicó ayer el delegado, es un texto que actualiza y unifica toda la legislación en vigor que está relacionada con el derecho a la protección de la salud de los castellano-manchegos en condiciones de igualdad y a su autonomía como pacientes en todo lo concerniente a su salud.
Así, recoge los derechos de los usuarios relativos a intimidad, confidencialidad, información, consentimiento informado, voluntades anticipadas, acompañamiento, gestión del proceso de enfermedad, tiempo de espera, segunda opinión, libre elección, participación activa en la gestión sanitaria entre otros.
Esta Ley también refleja los deberes de los ciudadanos en materia de salud, que pasan por el adecuado uso de los recursos sanitarios, la responsabilidad de cada uno con su salud, la colaboración con las autoridades sanitarias y mantener el debido respeto a los pacientes, a los acompañantes y al personal que presta sus servicios en los centros.
Además, incorpora nuevos derechos como la confidencialidad de la información referida al patrimonio genético, la asignación a cada paciente de un profesional que actuará como coordinador de su proceso asistencial, la elaboración de una carta de derechos y deberes de las personas relativos a la salud y a ser atendidos con las mayores garantías de calidad y seguridad.
En cuanto a los profesionales, la ley estipula sus derechos en materia de formación, seguridad, estabilidad, apoyo de las instituciones y medios adecuados para ejercer su labor así como sus deberes, entre los que destaca prestar una adecuada atención sanitaria; facilitar a los pacientes información de cualquier actuación en el ámbito de su salud; y respetar las decisiones adoptadas libre y de manera voluntaria por el paciente.
Una ley contra la sobreutilización
En un sistema como es el sanitario en el que uno de los problemas es la acumulación de las listas de espera ante la masificación de personas, uno de los objetivos prioritarios de esta ley es el de evitar la sobreutilización de los servicios sanitarios. Aunque Martínez asegura que todavía habrá que ver cómo se articula este aspecto, sí puntualizaba que se incidirá más en la educación de los pacientes que no en un catálogo de sanciones por un mal uso del sistema público.
De hecho, el delegado apuntó que esta ley dejará claramente sentado a qué se tiene derecho y cuáles son las obligaciones de cada usuario de la sanidad pública.
Como explicó ayer el delegado, es un texto que actualiza y unifica toda la legislación en vigor que está relacionada con el derecho a la protección de la salud de los castellano-manchegos en condiciones de igualdad y a su autonomía como pacientes en todo lo concerniente a su salud.
Así, recoge los derechos de los usuarios relativos a intimidad, confidencialidad, información, consentimiento informado, voluntades anticipadas, acompañamiento, gestión del proceso de enfermedad, tiempo de espera, segunda opinión, libre elección, participación activa en la gestión sanitaria entre otros.
Esta Ley también refleja los deberes de los ciudadanos en materia de salud, que pasan por el adecuado uso de los recursos sanitarios, la responsabilidad de cada uno con su salud, la colaboración con las autoridades sanitarias y mantener el debido respeto a los pacientes, a los acompañantes y al personal que presta sus servicios en los centros.
Además, incorpora nuevos derechos como la confidencialidad de la información referida al patrimonio genético, la asignación a cada paciente de un profesional que actuará como coordinador de su proceso asistencial, la elaboración de una carta de derechos y deberes de las personas relativos a la salud y a ser atendidos con las mayores garantías de calidad y seguridad.
En cuanto a los profesionales, la ley estipula sus derechos en materia de formación, seguridad, estabilidad, apoyo de las instituciones y medios adecuados para ejercer su labor así como sus deberes, entre los que destaca prestar una adecuada atención sanitaria; facilitar a los pacientes información de cualquier actuación en el ámbito de su salud; y respetar las decisiones adoptadas libre y de manera voluntaria por el paciente.
Una ley contra la sobreutilización
En un sistema como es el sanitario en el que uno de los problemas es la acumulación de las listas de espera ante la masificación de personas, uno de los objetivos prioritarios de esta ley es el de evitar la sobreutilización de los servicios sanitarios. Aunque Martínez asegura que todavía habrá que ver cómo se articula este aspecto, sí puntualizaba que se incidirá más en la educación de los pacientes que no en un catálogo de sanciones por un mal uso del sistema público.
De hecho, el delegado apuntó que esta ley dejará claramente sentado a qué se tiene derecho y cuáles son las obligaciones de cada usuario de la sanidad pública.