El padre de Mari Luz pide cadena perpetua

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: Redacción
Mientras en las esferas políticas se debate la reforma del Código Penal, el padre de la pequeña Mari Luz, Juan José Cortés, pidió ayer cadena perpetua para el detenido por la muerte de su hija como “solución, no de castigo, sino de prevención”, para que las personas “que no puedan vivir en sociedad no puedan volver a cometer otro delito igual”. Durante su intervención, Cortés reiteró que no busca “venganza” para Del Valle, sino que “cumpla con la justicia”. “Lo único que me dejaría satisfecho es que me devolvieran a mi hija, y eso no va a suceder”, declaró.
En una entrevista concedida a Antena 3, el padre de la menor fallecida denunció que todavía no se ha puesto en contacto con él ninguna autoridad, ni pública, ni policial ni política. En este sentido, también criticó que si Mari luz hubiese sido hija “de un cargo importante, se hubiese movilizado incluso el Ejército”. De esta forma pidió que “no se mire el bolsillo a la hora de buscar a una niña”. “Si hay fondos en el Estado para otras cosas, que los haya para cosas verdaderas y que interesan a la sociedad: nuestros hijos”, comentó.
Por su parte, el abuelo materno de la niña, que también participó en el espacio televisivo señaló que a su nieta “la han matado por culpa de la Administración de Justicia”. “No sabemos en que manos estamos”, agregó, asegurando que con sus declaraciones no desea “encender la mecha” sino que, “la Justicia tome cartas en el asunto para que se sienta seguro todo el pueblo”.

El Gobierno busca responsables
El Gobierno exigirá responsabilidades “hasta el final” por el “error judicial” que dejó en la calle a Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés sobre el que ya pesaban dos condenas firmes por abusos sexuales. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió sin embargo de que no se pondrán en marcha reformas judiciales inmediatas para prevenir que sucesos dramáticos de esta índole vuelvan a producirse. A su juicio, el Estado de Derecho dispone ya de los “mecanismos suficientes” para que un pederasta no pueda campar a sus anchas. “Lo importante –adujo- es que hagamos que el sistema funcione, porque el país no se puede permitir estos fallos”.