El papel de las diputaciones separa a PSOE y PP en la reforma de la administración local

 

  El primero de ellos es el papel que deben ocupar las diputaciones. Aunque ambos partidos coinciden en la necesidad de su existencia, sobre todo en provincias como Guadalajara, desde el PSOE matizan que “no pueden poner en manos de las diputaciones todos los servicios de los ayuntamientos”, explica Julio García, secretario de Política Municipal del partido en la provincia. “No entendemos que se deje a los ayuntamientoas vacíos de contenido”. García tampoco defiende que los estudios de viabilidad económica de ayuntamientos y mancomunidades “estén fijados por el propio Gobierno.

 

  Hay consistorios a los que les sale muy cara la gestión del agua porque tienen que bombearla desde un pozo”. De la misma forma, considera que transfiriendo las competencias municipales “se devaluaría el medio rural y su voto a la hora de elegir a sus alcaldes”. Esto le llevó a hablar de la reducción anunciada de concejales y alcaldes, “ese batallón de voluntarios”. Desde su punto de vista, “cerrar la puerta de los alcaldes, como se está cerrando la de la Sanidad, puede suponer cerrar la última puerta del medio rural”. Por último, apuntó que sí están de acuerdo en establecer límite al sueldo de los alcaldes y que los 100.000 de los que se habla en la actualidad “aún nos parece una cifra demasiado elevada”.

 

  Desde el PP, el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Robisco, continúa defendiendo la necesidad de reforzar las instituciones provinciales para conseguir un abaratamiento de servicios”. Sin embargo, desmiente que se vaya a eliminar la figura de los alcaldes de los pequeños municipios. Donde sí considera, no obstante, que es necesario hacer un ajuste considerable es entre “las mancomunidades fraudulentas”. Desde la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP), su presidente, Íñigo de la Serna, advierte que no se contempla la desaparición automática de Mancomunidades o Entidades Locales Menores.

 

   Tampoco que los municipios de menos de 20.000 habitantes pierdan competencias en favor de las diputaciones, que sólo las asumiría temporalmente si no pudieran prestarlos con unos estándares mínimos de calidad.