El piloto vinculado a los ‘vuelos de la muerte’ acepta su extradición

Poch afirmó que “no hay pruebas” que le inculpen. Poch, que cuenta con la doble nacionalidad argentina y holandesa, ha acusado a las autoridades de ese país europeo de querer “deshacerse” de él “por razones políticas”, sin comprobar los hechos. Su abogado, Ignacio Peláez, ha dicho que el piloto fue detenido “en claro fraude de ley”, y ha afirmado que Holanda no ha aplicado su legislación sobre extradiciones para no causar problemas a la princesa de ese país, Máxima Zorreguieta, de origen argentino. Poch ha afirmado que sus compañeros le malinterpretaron en una comida en el mes de octubre, cuando supuestamente alardeó de haber participado en los ‘vuelos de la muerte’. La Fiscalía ha asegurado que los hechos investigados no son “delitos políticos ni militares”.

“Detenido político”
Poch fue detenido el pasado 22 de septiembre en Valencia por su presunta participación en los actos criminales cometidos en Argentina. Ha aceptado su extradición al país sudamericano, tal como ha apoyado la Fiscalía, tras proclamarse “un detenido político acusado falsamente”. El piloto, que se negó a ser extraditado en octubre pasado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha asegurado en una vista celebrada ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que su caso responde a una “jugada política” de las autoridades holandesas, que han querido “deshacerse” de él “sin darle la oportunidad de probar su inocencia por razones políticas”. Durante su intervención en el tribunal, que decidirá sobre la extradición en los próximos días, Poch ha afirmado que “no existen pruebas” que le incriminen en cuatro procesos penales que investiga detenciones ilegales, torturas y desapariciones cometidas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1983, en las que habría trabajado como aviador naval. En la ESMA se produjeron miles de casos de torturas y desapariciones durante la dictadura militar.
“Lo más vergonzoso e injusto es lo que ha hecho la Justicia argentina. El fiscal no ha dudado ni un instante en acusarme falsamente, sin investigar los hechos e involucrándome en la causa de la ESMA”. Peláez, por su parte, ha denunciado que su cliente, que cuenta con doble nacionalidad argentina y holandesa, fue detenido en “claro fraude de ley”. Según ha dicho, Holanda evitó aplicar el convenio que impide la entrega de sus nacionales a otros países para no causar problemas a la princesa de Holanda, Máxima Zorreguieta, de origen argentino.
Tras asegurar que nunca estuvo destinado en este organismo, el piloto ha acusado a las autoridades holandesas de haber “arruinado su reputación, su buen nombre y su carrera” y haber “dañado a su familia”. “Me han tratado como un criminal, me han encerrado con presos comunes”, se ha quejado antes de ser interrumpido por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que le ha instado a ceñirse a su opinión sobre el trámite de extradición. Su esposa, Elsa Margarita Nyborg, ha señalado a las puertas de la sala de vistas que el caso constituye “una distracción para que la población no se concentre en los verdaderos problemas económicos”. “Nosotros también hemos sufrido mucho, nos pusieron bombas y nos secuestraron”, ha explicado, antes de asegurar que su marido no tiene “ninguna preferencia política.
El fiscal, Miguel Ángel Carballo, ha solicitado la extradición de Poch tras recordar que en España “no existe ninguna limitación para la entrega de ciudadanos holandeses a la República Argentina” y que los hechos investigados no constituyen “delitos políticos ni militares”. De igual modo, ha recordado la derogación en Argentina de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y ha añadido que no existe “ninguna duda” sobre la identidad real del detenido, más allá de los resultados que pueda arrojar la investigación sobre su participación en los ‘vuelos de la muerte’.

Le malinterpretaron
En su escrito de conclusiones, la Fiscalía expresa su conformidad con las autoridades del país para que el detenido les sea entregado. Considera también que la jurisdicción del caso corresponde a Argentina en virtud del principio de territorialidad, ya que los hechos que se juzgan se produjeron en su territorio.
El Ministerio Público sostiene que “en Argentina se encuentran las pruebas y no consta que en España se haya seguido juicio por los mismos hechos”, así como que la reclamación de las autoridades argentinas “no tiene motivación política, ni los delitos tienen tal carácter”.

También ha negado la denuncia que hicieron los compañeros del piloto después de que durante una comida en Bali (Indonesia) éste supuestamente presumiera de haber participado en las desapariciones. Según su letrado, lo que en realidad dijo Poch es que “está en contra del terrorismo y del terrorismo de Estado”.