El plan de rescate financiero de Bush gana apoyos pero aún no es definitivo
01/10/2010 - 09:45
El plan de rescate del sistema financiero de Estados Unidos, agobiado por la crisis más grave desde la Gran Depresión, ganó ayer nuevos apoyos a la espera de su aprobación definitiva. El último en unirse a la lista de respaldos al proyecto elaborado desde la Casa Blanca tras consultoras a decenas de economistas y analistas fue el candidato demócrata a la presidencia del país, Barack Obama, quien pese a reconocer que no es una causa de celebración pedir a los contribuyentes que tomen este paso extraordinario.
El plan de rescate del sistema financiero de Estados Unidos, agobiado por la crisis más grave desde la Gran Depresión, ganó ayer domingo nuevos apoyos a la espera de su aprobación definitiva. El último en unirse a la lista de respaldos al proyecto elaborado desde la Casa Blanca tras consultoras a decenas de economistas y analistas fue el candidato demócrata a la presidencia del país, Barack Obama, quien pese a reconocer que no es una causa de celebración pedir a los contribuyentes que tomen este paso extraordinario por la irresponsabilidad de unos pocos, en clara referencia a «la especulación irresponsable y la avaricia en Wall Street» así como a la falta de supervisión en Washington», insistió en que «este paso es necesario.
La postura de Obama contrasta con la ambigüedad casi estudiada que muestra su rival en los comicios de noviembre, el republicano John McCain, quien no termina de decantarse por un apoyo decidido al plan al ser consciente de que la parte más conservadora de su formación no lo ve con buenos ojos. No obstante, en declaraciones a la cadena de televisión ABC, el veterano político manifestó que espera respaldar el proyecto aunque insistió en conocer antes los detalles del mismo. Esto es algo que todos nosotros tendremos que tragar -admitió con aparente resignación- y seguir adelante con ello, pero eso no implica que no nos informemos antes y bien de las cosas que se van a hacer.
Inyección monetaria
El citado programa de rescate prevé, en grandes líneas, inyectar 700.000 millones de dólares -Bush puntualizó el sábado que la cantidad final sería menor- para liberar a los bancos de la carga que suponen sus activos más dudosos vinculados al sector inmobiliario, lo que en teoría debería reactivar el flujo de crédito. El candidato demócrata argumentó, asimismo -en un comunicado hecho público por su oficina ayer domingo-, que el proyecto parece respetar los cuatro principios básicos que él defiende: la creación de un consejo supervisor independiente, dar a los contribuyentes derechos de compra de las acciones de las empresas favorecidas, limitar el salario de sus directivos y ayudar a quienes no pueden pagar su hipoteca.
Mientras, los legisladores estadounidenses anunciaron por la mañana que ya existían «grandes avances» en sus negociaciones sobre el multimillonario plan. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, atribuyó los recientes avances a una intervención en el último momento de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien expuso una idea -no revelada en público- que no se había considerado antes.
El secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien también se sumó a las negociaciones en el Congreso, afirmó que «hemos hecho un gran progreso hacia un acuerdo, que funcionará y será efectivo en el mercado y efectivo para todos los estadounidenses».
Sin embargo, otros legisladores, especialmente republicanos, se mostraron más cautos. Así, el senador Judd Gregg, uno de los negociadores del Partido Republicano, dijo que fiscalizaría la redacción final del acuerdo y que consultaría con sus colegas antes de aprobarlo. En la misma línea, su colega Roy Blunt declaró que debía someter la propuesta a su asamblea partidaria local (caucus) antes de comprometer su apoyo.
En cualquier caso, el portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, insistió que el presidente George W. Bush y sus asesores están «muy complacidos por los avance» de los congresistas. El diario The New York Times informó en su última edición que el proyecto de ley incluye la limitación de los salarios de los ejecutivos cuyas compañías buscan ayudas estatales y piden al gobierno que haga más esfuerzos para evitar las ejecuciones.
En algunos casos, el gobierno tendrá alguna forma de participación patrimonial en las compañías que demandan ayuda, informó el diario. La Casa Blanca también estaría de acuerdo en aceptar una estricta supervisión de la aplicación del programa de rescate por una comisión del Congreso.
El plan inicial de rescate proponía inicialmente que el gobierno usara dinero de los impuestos para comprar créditos incobrables, incluidos préstamos hipotecarios, para proveer liquidez a las instituciones financieras. Pero los legisladores republicanos rebeldes diseñaron un plan alternativo, que pide un sistema de garantías ampliado y financiado por los bancos para rescatar créditos hipotecarios individuales, de modo que los contribuyentes no tengan que pagar la operación de rescate.
La postura de Obama contrasta con la ambigüedad casi estudiada que muestra su rival en los comicios de noviembre, el republicano John McCain, quien no termina de decantarse por un apoyo decidido al plan al ser consciente de que la parte más conservadora de su formación no lo ve con buenos ojos. No obstante, en declaraciones a la cadena de televisión ABC, el veterano político manifestó que espera respaldar el proyecto aunque insistió en conocer antes los detalles del mismo. Esto es algo que todos nosotros tendremos que tragar -admitió con aparente resignación- y seguir adelante con ello, pero eso no implica que no nos informemos antes y bien de las cosas que se van a hacer.
Inyección monetaria
El citado programa de rescate prevé, en grandes líneas, inyectar 700.000 millones de dólares -Bush puntualizó el sábado que la cantidad final sería menor- para liberar a los bancos de la carga que suponen sus activos más dudosos vinculados al sector inmobiliario, lo que en teoría debería reactivar el flujo de crédito. El candidato demócrata argumentó, asimismo -en un comunicado hecho público por su oficina ayer domingo-, que el proyecto parece respetar los cuatro principios básicos que él defiende: la creación de un consejo supervisor independiente, dar a los contribuyentes derechos de compra de las acciones de las empresas favorecidas, limitar el salario de sus directivos y ayudar a quienes no pueden pagar su hipoteca.
Mientras, los legisladores estadounidenses anunciaron por la mañana que ya existían «grandes avances» en sus negociaciones sobre el multimillonario plan. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, atribuyó los recientes avances a una intervención en el último momento de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien expuso una idea -no revelada en público- que no se había considerado antes.
El secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien también se sumó a las negociaciones en el Congreso, afirmó que «hemos hecho un gran progreso hacia un acuerdo, que funcionará y será efectivo en el mercado y efectivo para todos los estadounidenses».
Sin embargo, otros legisladores, especialmente republicanos, se mostraron más cautos. Así, el senador Judd Gregg, uno de los negociadores del Partido Republicano, dijo que fiscalizaría la redacción final del acuerdo y que consultaría con sus colegas antes de aprobarlo. En la misma línea, su colega Roy Blunt declaró que debía someter la propuesta a su asamblea partidaria local (caucus) antes de comprometer su apoyo.
En cualquier caso, el portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, insistió que el presidente George W. Bush y sus asesores están «muy complacidos por los avance» de los congresistas. El diario The New York Times informó en su última edición que el proyecto de ley incluye la limitación de los salarios de los ejecutivos cuyas compañías buscan ayudas estatales y piden al gobierno que haga más esfuerzos para evitar las ejecuciones.
En algunos casos, el gobierno tendrá alguna forma de participación patrimonial en las compañías que demandan ayuda, informó el diario. La Casa Blanca también estaría de acuerdo en aceptar una estricta supervisión de la aplicación del programa de rescate por una comisión del Congreso.
El plan inicial de rescate proponía inicialmente que el gobierno usara dinero de los impuestos para comprar créditos incobrables, incluidos préstamos hipotecarios, para proveer liquidez a las instituciones financieras. Pero los legisladores republicanos rebeldes diseñaron un plan alternativo, que pide un sistema de garantías ampliado y financiado por los bancos para rescatar créditos hipotecarios individuales, de modo que los contribuyentes no tengan que pagar la operación de rescate.