El PP denuncia que la orden de detener a Ripoll se tomó en Ministerio de Interior
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN
Afirman que la Policía suplantó al juez responsable de la causa
En una rueda de prensa en la sede nacional del PP en Madrid, González Pons ha afirmado que los arrestos echan tufo a operación publicitaria y política para allanarle el camino al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, antes del complicado Debate sobre el estado de la Nación que tiene que afrontar la próxima semana en el Congreso.
El diputado del PP ha hecho hincapié en las contradicciones que recogen los comunicados emitidos por la Policía, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) y cédula de citación que se ha enviado a Ripoll para que preste hoy declaración. En particular, ha destacado que la nota emitida ayer por el TSJV dice que el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela no ordenó la detención ni tampoco la citación o imputación judicial. No había orden de detención, ha asegurado González Pons, para insistir en que alguien está suplantando la función de alguien de una manera gravísima.
La Policía mintió
Igualmente, González Pons ha señalado que la Policía mintió en su nota de prensa por sostener que se había incautado dinero en efectivo en el domicilio de Ripoll cuando él mismo ha aclarado que no había, así como decir que había imputaciones cuando el TSJV rechaza ese extremo en su comunicado. Igualmente ha recordado que la Policía habla de citaciones y el juzgado dice que no hay ninguna persona citada. Sin embargo, en la nota de prensa de Interior se admitía el decomiso de dinero en metálico, pero no especificaba dónde.
En este sentido, ha incidido en que esta orden de detener a Ripoll se tomó en el Ministerio del Interior, así como la forma espectacular y cinematográfica de cómo iba a producirse. Se enviaron 80 policías a Alicante como si en Alicante no hubiera un policía que le pudiera decir que fuera a declarar. Se cortaron calles y de colocaron furgonetas de la Policía como si pudiera haber algún tipo de riesgo para los miembros que participaban, ha denunciado.
Es más, ha destacado que en el PP ha crecido la alarma ante la posibilidad de que Interior esté utilizando los recursos de la Policía nacional para que, a costa de los derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad el Gobierno socialista. Según el responsable de Comunicación del PP, en este caso no da ninguno de los casos en que la Policía puede practicar una detención, que sería para evitar un flagrante delito, la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga. Igualmente ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que las detenciones se deben producir de la forma que menos perjudique la reputación del detenido, algo que a su juicio, no se ha cumplido. Se produjo en la forma en que más perjudicaba la reputación del detenido, se decidió en Madrid, fue espectacular y no tenía orden judicial, ha resaltado.
Además, ha subrayado el hecho de que las detenciones se produjeran el martes cuando la investigación lleva más de tres años abierta. Llama la atención que los mandos políticos de la Policía haya fijado como fecha una semana antes del Debate de la Nación, el más complicado al que se enfrenta Zapatero, ha aseverado.
?Por todo ello, ha demandado una aclaración inmediata a Interior porque, en su opinión, se se practicaron detenciones en Alicante con la clara intención de hacer publicidad política a favor del Gobierno y en contra de la oposición, a costa de derechos fundamentales que deberían ser sagrados para las personas. En su opinión, con Rubalcaba al frente de este Ministerio están en riesgo las garantías de los derechos fundamentales. El PP se da de plazo el día de ayer para dar esa explicación antes de exigir responsabilidades políticas. Por su parte, la Fiscalía ha aclarado este miércoles que para la Operación Brugal desarrollada contra una presunta trama de corrupción en Alicante no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela contra el presidente de la Diputación de esta provincia, José Joaquín Ripoll, y otras diez personas, sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.
Fuentes fiscales señalaron a Europa Press que la operación desarrollada el martes está amparada totalmente por el mandamiento del juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se acompañara a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.
La Policía mintió
Igualmente, González Pons ha señalado que la Policía mintió en su nota de prensa por sostener que se había incautado dinero en efectivo en el domicilio de Ripoll cuando él mismo ha aclarado que no había, así como decir que había imputaciones cuando el TSJV rechaza ese extremo en su comunicado. Igualmente ha recordado que la Policía habla de citaciones y el juzgado dice que no hay ninguna persona citada. Sin embargo, en la nota de prensa de Interior se admitía el decomiso de dinero en metálico, pero no especificaba dónde.
En este sentido, ha incidido en que esta orden de detener a Ripoll se tomó en el Ministerio del Interior, así como la forma espectacular y cinematográfica de cómo iba a producirse. Se enviaron 80 policías a Alicante como si en Alicante no hubiera un policía que le pudiera decir que fuera a declarar. Se cortaron calles y de colocaron furgonetas de la Policía como si pudiera haber algún tipo de riesgo para los miembros que participaban, ha denunciado.
Es más, ha destacado que en el PP ha crecido la alarma ante la posibilidad de que Interior esté utilizando los recursos de la Policía nacional para que, a costa de los derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad el Gobierno socialista. Según el responsable de Comunicación del PP, en este caso no da ninguno de los casos en que la Policía puede practicar una detención, que sería para evitar un flagrante delito, la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga. Igualmente ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que las detenciones se deben producir de la forma que menos perjudique la reputación del detenido, algo que a su juicio, no se ha cumplido. Se produjo en la forma en que más perjudicaba la reputación del detenido, se decidió en Madrid, fue espectacular y no tenía orden judicial, ha resaltado.
Además, ha subrayado el hecho de que las detenciones se produjeran el martes cuando la investigación lleva más de tres años abierta. Llama la atención que los mandos políticos de la Policía haya fijado como fecha una semana antes del Debate de la Nación, el más complicado al que se enfrenta Zapatero, ha aseverado.
?Por todo ello, ha demandado una aclaración inmediata a Interior porque, en su opinión, se se practicaron detenciones en Alicante con la clara intención de hacer publicidad política a favor del Gobierno y en contra de la oposición, a costa de derechos fundamentales que deberían ser sagrados para las personas. En su opinión, con Rubalcaba al frente de este Ministerio están en riesgo las garantías de los derechos fundamentales. El PP se da de plazo el día de ayer para dar esa explicación antes de exigir responsabilidades políticas. Por su parte, la Fiscalía ha aclarado este miércoles que para la Operación Brugal desarrollada contra una presunta trama de corrupción en Alicante no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela contra el presidente de la Diputación de esta provincia, José Joaquín Ripoll, y otras diez personas, sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.
Fuentes fiscales señalaron a Europa Press que la operación desarrollada el martes está amparada totalmente por el mandamiento del juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se acompañara a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.