El PP propone ayudar a la pequeña y mediana empresa

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: Javier Pastrana
El Partido Popular ha preparado un decálogo de medidas destinadas a poner freno a la crisis económica. Según indicó la diputada regional, María Crespo, “van encaminadas a mejorar la situación y están dirigidas tanto al Gobierno regional como al nacional”.
El principal objetivo de estas sugerencias se encuentra en el desahogo de la situación en la que se encuentran tanto la pequeña como la mediana empresa. “Ellos son quienes realmente general riqueza”. Como ejemplo de la situación que atraviesa la provincia, aseguró que en Guadalajara hay 1.102 efectos impagados que as cienden a 8.395.892 millones de euros mientras que la inflación ha crecido hasta un 6%.

La primera propuesta popular pasa por instar al Gobierno nacional a que reduzca el Impuesto de Sociedades tanto a pequeños como a medianos empresarios un 20 por ciento. De igual forma, solicitan la eliminación del impuesto sobre el patrimonio. “Las grandes fortunas ya se declaran a través del impuesto sobre sociedades, así que sólo va dirigida a las personas con un pequeño patrimonio”, explicó la diputada. En lo tocante a la Seguridad Social, proponen que se rebaje la cotización de los trabajadores y que el Gobierno central sea quien supla esta reducción. Por último, consideran que la Administración central debería establecer una bonificación máxima del 99 por ciento en el impuesto de Sucesiones y Donaciones
En lo tocante a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, creen que debería sufragar en su totalidad el Fondo de Promoción Vitivinícola. Otra de las medidas que proponen al Gobierno socialista de la región es que incremente la deducción del IRPF por vivienda habitual hasta el 25 por ciento y que se establezcan deducciones en el IRPF para compensar el incremento del precio de los insumos agrícolas y ganaderos. En octavo lugar proponen reducir los signos, índices y módulos de los regímenes de estimación objetiva del IRPF y del IVA, además de controlar el gasto energético de los edificios autonómicos. Por último se apuesta por una reducción de gastos burocráticos en la Junta.