El presidente de las Cortes regionales recibe a los alcaldes de Cabanillas y Horche para analizar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas
El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha recibido este martes en su despacho del Parlamento autonómico en Toledo a los alcaldes de Horche, Juan Manuel Morales, y de Cabanillas del Campo, José García Salinas, que le han mostrado su preocupación por la problemática que viven sus municipios en relación con la ocupación ilegal de viviendas.
Durante esta reunión, los responsables de estos ayuntamientos guadalajareños han explicado las actuaciones que han llevado a cabo hasta el momento, dentro de su limitado ámbito de competencias, pero han mostrado su preocupación por un fenómeno que perturba de manera muy significativa la convivencia en estos municipios guadalajareños y que demanda un mayor compromiso por parte de todos los poderes y administraciones, así como avances en legislación.
Además de conocer de primera mano esta situación, el presidente de las Cortes regionales ha aprovechado para repasar con los alcaldes de Horche y de Cabanillas -quien ha estado acompañado pro su teniente de alcalde, Luis Blanco- la ‘Ley de medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas’, una propuesta de nueva normativa en esta materia que fue remitida al Congreso.
En su articulado, esta normativa autonómica contempla un endurecimiento de las penas, la persecución del crimen organizado en torno a estas prácticas y, con el objetivo de proteger a la ciudadanía, legitima a comunidades de propietarios y ayuntamientos a denunciar las ocupaciones ilegales, mientras impulsa una modificación de las reglas del Padrón Municipal para impedir que los ‘okupas’ sean inscritos.
Impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales, esta proposición de ley fue aprobada en diciembre con el respaldo también del Grupo de Ciudadanos -y la abstención del Popular- para elevarla así como propuesta de legislación estatal a las Cortes Generales, donde residen las competencias en la materia, haciendo uso de un mecanismo que contempla para estos casos el artículo 87.2 de la Constitución Española.