El PSOE asegura que 17.000 personas se benefician de la Ley de Dependencia
01/10/2010 - 09:45
Por: EFE
Guadalupe Martín dijo que Castilla-La Mancha está colocada como una de la regiones que están a la cabeza en la implantación de la Ley.
Es lamentable -continuó Martín- que haya ciudadanos de otras comunidades autónomas que pidan la valoración de sus solicitudes en Castilla-La Mancha, ya que en sus regiones no se las tramitan, como es el caso, ha dicho, de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Martín señaló que serán 2.576 familiares de las personas dependientes que les cuidarán y se podrán dar de alta en la Seguridad Social y recibirán entre 400 y 500 euros, dependiendo de cada caso.
Castilla-La Mancha recibió unos 18 millones de euros por parte del Gobierno estatal durante 2007 para prestar los servicios que regula la Ley y se prevé que serán un total de 43 millones de euros los que reciba en el 2008.
Martín expresó que esta ayuda económica es un avance pero es insuficiente porque el Gobierno regional destinará a lo largo de 2008 más de 460 millones de euros para financiar los servicios de atención a discapacitados, de ayuda a domicilio y de teleasistencia.
Respuesta popular
Por su parte, la diputada regional del PP María Crespo lamentó que tras año y medio en vigor de la Ley de Dependencia solamente 1.544 castellanomanchegos estén cobrando una prestación económica para el cuidado de familiares y añadió que hubiera sido una magnífica ley si se hubiera dotado de dinero.
La diputada de la oposición, en una rueda de prensa en las Cortes, pidió que se acelere el desarrollo de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, ya que, según otro ejemplo, sólo 1.551 personas han encontrado plaza en una residencia pública o concertada según esta ley.
Según Crespo, en Castilla-La Mancha se calificó la dependencia de algo más de 20.000 personas cuando más de 30.000 han sido las solicitudes presentadas, por lo que pide que se acelere la calificación a través de planes individualizados y sin culpar a los farragosos trámites de los equipos de valoración.
Crespo recordó la mucha propaganda que se dio a la nueva ley -la cuarta más cara campaña de publicidad española, con diez millones de euros, según ha dicho- cuando se elaboró como cuarto pilar del estado del bienestar, y, tras valorar sus objetivos, ha lamentado su aplicación.
Martín señaló que serán 2.576 familiares de las personas dependientes que les cuidarán y se podrán dar de alta en la Seguridad Social y recibirán entre 400 y 500 euros, dependiendo de cada caso.
Castilla-La Mancha recibió unos 18 millones de euros por parte del Gobierno estatal durante 2007 para prestar los servicios que regula la Ley y se prevé que serán un total de 43 millones de euros los que reciba en el 2008.
Martín expresó que esta ayuda económica es un avance pero es insuficiente porque el Gobierno regional destinará a lo largo de 2008 más de 460 millones de euros para financiar los servicios de atención a discapacitados, de ayuda a domicilio y de teleasistencia.
Respuesta popular
Por su parte, la diputada regional del PP María Crespo lamentó que tras año y medio en vigor de la Ley de Dependencia solamente 1.544 castellanomanchegos estén cobrando una prestación económica para el cuidado de familiares y añadió que hubiera sido una magnífica ley si se hubiera dotado de dinero.
La diputada de la oposición, en una rueda de prensa en las Cortes, pidió que se acelere el desarrollo de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, ya que, según otro ejemplo, sólo 1.551 personas han encontrado plaza en una residencia pública o concertada según esta ley.
Según Crespo, en Castilla-La Mancha se calificó la dependencia de algo más de 20.000 personas cuando más de 30.000 han sido las solicitudes presentadas, por lo que pide que se acelere la calificación a través de planes individualizados y sin culpar a los farragosos trámites de los equipos de valoración.
Crespo recordó la mucha propaganda que se dio a la nueva ley -la cuarta más cara campaña de publicidad española, con diez millones de euros, según ha dicho- cuando se elaboró como cuarto pilar del estado del bienestar, y, tras valorar sus objetivos, ha lamentado su aplicación.