El PSOE asegura que la Diputación decidirá las competencias de casi todos los ayuntamientos

29/07/2013 - 16:29 Redacción

El proyecto de reforma de la administración local aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes establece que las diputaciones provinciales decidirán sobre la prestación de la mayoría de los servicios básicos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en Guadalajara son todos, excepto Guadalajara capital y Azuqueca de Henares. En concreto, el texto faculta a cada Diputación para optar entre prestar de manera directa o implantar fórmulas de gestión compartida, como consorcios o mancomunidades, para la recogida y tratamiento de residuos, limpieza, abastecimiento de agua, pavimentación y accesos a los núcleos de población.
El secretario de Política Municipal del PSOE de Guadalajara, Julio García, ha afirmado que esta normativa “convierte la democracia local en una democracia tutelada: los ciudadanos deciden quién es su alcalde, pero quien preside la Diputación decide lo que puede hacer”. Además, ha asegurado que las diputaciones no tienen estructura para prestar estos servicios directamente, lo que abre la puerta a la privatización y a la pérdida de empleo público. De hecho, curiosamente sí se dejan en manos de los ayuntamientos servicios como el alcantarillado, el cementerio o la depuración de aguas, de los que resulta difícil extraer beneficio económico, dadas las cuantiosas inversiones necesarias, por ejemplo, en el caso de la depuración.
La Diputación repercutirá los costes
Aunque los ayuntamientos insistan en mantener las competencias que la reforma local les hurta, solo podrán hacerlo si la Diputación emite un informe acreditando que la gestión municipal ofrece menores costes. En cualquier caso, si la Diputación decide prestar los servicios de manera directa, repercutirá a los municipios el coste efectivo, o se quedará con las tasas que pagan los vecinos.
El responsable socialista ha cuestionado también el supuesto ahorro de 8.000 millones de euros anunciado por el Gobierno, que ahora extiende hasta 2019, mientras que hasta ahora aseguraba que se alcanzaría ya en 2016. “No ahorra nada, porque el problema de la deuda no está en los pequeños ayuntamientos, no resuelve la financiación municipal y no simplifica la estructura de la administración ni evita duplicidades”, ha indicado.
Por el contrario, ha subrayado que el documento aprobado el pasado viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy “es una reforma encubierta de la Constitución, que atenta contra la democracia y la autonomía local”, al despojar de competencias a los municipios con menos de 20.000 habitantes, el 95% de los más de 8.000 que hay en España. García ha afirmado que “tan solo hace daño”, tanto a las instituciones como a los ciudadanos y, sobre todo, al mundo rural, porque despoja a los vecinos del poder democrático para decidir sobre quiénes les representan y gestionan los intereses de su municipio.
La reforma apuesta también claramente por desaparición de municipios mediante la “más sibilina” fórmula de la fusión, algo que el responsable socialista ha tachado de “disparate” en una provincia como Guadalajara, donde hay casi 300 y la mayoría tienen pocos habitantes. A modo de ejemplo, ha señalado que sería necesaria la unión de los 175 municipios –el 60% del total– que tienen menos población para alcanzar la cifra de 20.000 habitantes. También ha recordado la experiencia negativa que ha dejado en la provincia el proceso de fusiones emprendido en los años sesenta del siglo pasado.
Para conseguirlo, la normativa aprobada propicia “una discriminación absoluta hacia los que no inicien un proceso de fusión”. Por el contrario, los que opten por esta fórmula obtendrán ventajas durante un periodo de cinco años, como el aumento de la participación en los ingresos del Estado o la preferencia a la hora de acceder a planes de obras, subvenciones y convenios.
Fusiones forzadas
Además, solo por el hecho de que un ayuntamiento necesite un plan económico-financiero –“al que algunos se han visto obligados por las deudas del Gobierno de Cospedal”, ha precisado García– la nueva normativa obliga a iniciar una fusión, suprimir las entidades locales que tenga, despedir personal y entregar la prestación de servicios a la Diputación. Por su parte, las entidades locales menores pierden su naturaleza jurídica “manteniendo las existentes como una especie de  anomalía a extinguir, a la espera de que no superen alguna de las pruebas o el municipio cabecera tenga que hacer un plan de ajuste”, según ha explicado el responsable socialista.
El PSOE va a oponerse de manera radical a esta normativa, que ahora empieza su tramitación. Se pedirá en el Congreso de los Diputados la retirada y, si no prospera esta petición, se presentarán enmiendas a la totalidad. En caso de resultar aprobada, se interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional frente a un texto que “es profundamente inconstitucional, como ya ha dicho el Consejo de Estado”, porque no justifica el ahorro, ni la asignación de competencias a las diputaciones, y carece de coherencia y rigor.
Por último, García se ha quejado del papel que está desempeñando la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) “ante un texto que ataca de raíz a los ayuntamientos”, al que el presidente de esta entidad está dando cobertura partidista. “Si no se opone a este proyecto de ley en las cuestiones esenciales, habrá que pensarse si merece la pena continuar en una organización que no defiende a los municipios”, ha concluido.