El PSOE dice que Cospedal abre la puerta al copago en dependencia
19/01/2012 - 15:30
El nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Dolores de Cospedal va a suponer más recortes, menos derechos, más recesión y menos empleo, según ha asegurado hoy el diputado regional del PSOE por Guadalajara Fernando Lamata. Se trata de una nueva vuelta de tuerca en el desmantelamiento del Estado de Bienestar, que elimina garantías adquiridas por los ciudadanos en servicios sociales, abriendo la puerta al copago en la valoración de la dependencia o la teleasistencia y poniendo en riesgo el mantenimiento de los colegios en los municipios de menor población.
Tendrá, además, una incidencia muy negativa sobre el empleo, profundizando en la destrucción de puestos de trabajo que se está produciendo desde que Cospedal gobierna en Castilla-La Mancha. En sus primeros seis meses como presidenta, se han perdido 21.000 empleos en la región (casi 2.200 en Guadalajara), de los cuales 6.000 tienen que ver directamente con los recortes en el sector público. Las medidas complementarias que se preparan ahora añaden más leña a ese fuego. Recortan derechos que afectan a las personas que se benefician de ellos, pero también disminuyen la actividad y el empleo, y por tanto, nuestra capacidad de salir de la crisis, ha señalado Lamata.
Un total de 12 leyes regionales que garantizan derechos se verán modificadas a la baja con la aprobación del proyecto de ley que prepara Cospedal. Así, desaparece la obligación de mantener aulas abiertas en el medio rural a partir de cuatro alumnos, una medida que no solo favorecía la igualdad en el acceso a la educación para los niños que viven en pueblos pequeños, sino que contribuía a fijar población en ellos.
Se elimina también la gratuidad en la valoración de las solicitudes de ayudas a la dependencia. Se permite, por tanto, implantar un copago que no estaba contemplado hasta ahora en la ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, ha indicado el diputado socialista. Otro tanto ocurre con la teleasistencia para mayores, cuya sede regional se localiza en Guadalajara y está gestionada por Cruz Roja. Ya no existe la obligación de ofrecer el servicio de manera gratuita y universal a todos los mayores de 70 años. Desaparece, por tanto, la barrera frente al copago, ha agregado.
La ley de Garantías en Atención Sanitaria Especializada pionera en Europa en el establecimiento de tiempos máximos de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas también se verá modificada en detrimento de los ciudadanos, que pierden la capacidad de elegir el centro al que son derivados para recibir atención en caso de rebasar los plazos de espera establecidos.
Por su parte, las familias numerosas pierden la seguridad de percibir una ayuda de 35 euros por hijo, al igual que las ayudas al transporte. Ni la cooperación internacional se libra, con la eliminación del compromiso de dedicar a este fin el 0,7% del presupuesto regional.
Para los ayuntamientos, Cospedal reserva nuevas obligaciones en materia de atención domiciliaria, teleasistencia y otros servicios sociales que se venían financiando por la Junta de Comunidades mediante convenio. Ahora se establece la obligación de que los ayuntamientos se hagan cargo del servicio, pero no queda definida la contraprestación, lo que puede generar más problemas de financiación a los municipios y creará muchas dificultades para hacer frente al servicio, sobre todo a los más pequeños, ha afirmado Lamata.
Tampoco el personal de la Junta de Comunidades se escapa de los recortes, con una rebaja salarial del 3% excepto para los altos cargos, cuya reducción puede llegar hasta esa cifra, o es posible que mantengan el mismo sueldo y una ampliación de la jornada laboral. Una consecuencia añadida será la destrucción de empleo por la práctica supresión de nuevos contrataciones.
Medidas equivocadas y beneficencia
Para Lamata, son medidas que no van en la dirección adecuada para salir de la crisis. Para conseguirlo en muy importante consolidar los servicios sociales, no recortarlos. Son una base de cohesión social, pero también una fuente de creación de empleo. Todo lo que afecte a esas prestaciones se traduce inmediatamente en destrucción de empleo. Por eso, aunque ha mostrado disposición a colaborar con el Gobierno regional si plantea propuestas de creación de empleo a través de los servicios públicos, el Grupo Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad contra un proyecto de ley que va justamente en la dirección contraria.
El diputado socialista ha insistido en recordar que el déficit se produce sobre todo por la caída de los ingresos. Es la crisis la que causa el déficit. No al contrario. Por eso, hay que insistir en la recuperación de los ingresos. En este sentido, ha hecho hincapié en la lucha contra el fraude fiscal. Claro que hay alternativas. Solamente con que pagaran impuestos todos los que tienen la obligación de hacerlo, el déficit se quedaría a cero. El fraude se estima en 70.000 millones de euros y esa es la cifra de déficit, ha señalado.
Por el contrario, con las medidas que propone Cospedal se retrocede al esquema de beneficencia, que era el esquema antiguo de prestaciones de servicios sociales, y se abandona el sistema de derechos y garantías que habíamos construido.
Tendrá, además, una incidencia muy negativa sobre el empleo, profundizando en la destrucción de puestos de trabajo que se está produciendo desde que Cospedal gobierna en Castilla-La Mancha. En sus primeros seis meses como presidenta, se han perdido 21.000 empleos en la región (casi 2.200 en Guadalajara), de los cuales 6.000 tienen que ver directamente con los recortes en el sector público. Las medidas complementarias que se preparan ahora añaden más leña a ese fuego. Recortan derechos que afectan a las personas que se benefician de ellos, pero también disminuyen la actividad y el empleo, y por tanto, nuestra capacidad de salir de la crisis, ha señalado Lamata.
Un total de 12 leyes regionales que garantizan derechos se verán modificadas a la baja con la aprobación del proyecto de ley que prepara Cospedal. Así, desaparece la obligación de mantener aulas abiertas en el medio rural a partir de cuatro alumnos, una medida que no solo favorecía la igualdad en el acceso a la educación para los niños que viven en pueblos pequeños, sino que contribuía a fijar población en ellos.
Se elimina también la gratuidad en la valoración de las solicitudes de ayudas a la dependencia. Se permite, por tanto, implantar un copago que no estaba contemplado hasta ahora en la ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, ha indicado el diputado socialista. Otro tanto ocurre con la teleasistencia para mayores, cuya sede regional se localiza en Guadalajara y está gestionada por Cruz Roja. Ya no existe la obligación de ofrecer el servicio de manera gratuita y universal a todos los mayores de 70 años. Desaparece, por tanto, la barrera frente al copago, ha agregado.
La ley de Garantías en Atención Sanitaria Especializada pionera en Europa en el establecimiento de tiempos máximos de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas también se verá modificada en detrimento de los ciudadanos, que pierden la capacidad de elegir el centro al que son derivados para recibir atención en caso de rebasar los plazos de espera establecidos.
Por su parte, las familias numerosas pierden la seguridad de percibir una ayuda de 35 euros por hijo, al igual que las ayudas al transporte. Ni la cooperación internacional se libra, con la eliminación del compromiso de dedicar a este fin el 0,7% del presupuesto regional.
Para los ayuntamientos, Cospedal reserva nuevas obligaciones en materia de atención domiciliaria, teleasistencia y otros servicios sociales que se venían financiando por la Junta de Comunidades mediante convenio. Ahora se establece la obligación de que los ayuntamientos se hagan cargo del servicio, pero no queda definida la contraprestación, lo que puede generar más problemas de financiación a los municipios y creará muchas dificultades para hacer frente al servicio, sobre todo a los más pequeños, ha afirmado Lamata.
Tampoco el personal de la Junta de Comunidades se escapa de los recortes, con una rebaja salarial del 3% excepto para los altos cargos, cuya reducción puede llegar hasta esa cifra, o es posible que mantengan el mismo sueldo y una ampliación de la jornada laboral. Una consecuencia añadida será la destrucción de empleo por la práctica supresión de nuevos contrataciones.
Medidas equivocadas y beneficencia
Para Lamata, son medidas que no van en la dirección adecuada para salir de la crisis. Para conseguirlo en muy importante consolidar los servicios sociales, no recortarlos. Son una base de cohesión social, pero también una fuente de creación de empleo. Todo lo que afecte a esas prestaciones se traduce inmediatamente en destrucción de empleo. Por eso, aunque ha mostrado disposición a colaborar con el Gobierno regional si plantea propuestas de creación de empleo a través de los servicios públicos, el Grupo Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad contra un proyecto de ley que va justamente en la dirección contraria.
El diputado socialista ha insistido en recordar que el déficit se produce sobre todo por la caída de los ingresos. Es la crisis la que causa el déficit. No al contrario. Por eso, hay que insistir en la recuperación de los ingresos. En este sentido, ha hecho hincapié en la lucha contra el fraude fiscal. Claro que hay alternativas. Solamente con que pagaran impuestos todos los que tienen la obligación de hacerlo, el déficit se quedaría a cero. El fraude se estima en 70.000 millones de euros y esa es la cifra de déficit, ha señalado.
Por el contrario, con las medidas que propone Cospedal se retrocede al esquema de beneficencia, que era el esquema antiguo de prestaciones de servicios sociales, y se abandona el sistema de derechos y garantías que habíamos construido.