El PSOE logra el apoyo de la Diputación al recurso de los municipios ribereños contra el Plan de Cuenca del Tajo

La revisión del plan de cuenca del Tajo –publicada en el BOE el pasado 19 de enero, a la vez que otras cuencas hidrográficas– perpetúa un régimen de escasez de caudales tanto en la cabecera como en el Tajo medio, “y consolida la posibilidad de que los embalses de Entrepeñas y Buendía puedan vaciarse sistemáticamente, como está ocurriendo ahora, al considerar excedentario cualquier volumen de agua que supere el umbral mínimo para trasvasar”, ha explicado el portavoz socialista, Julio García.

El documento aprobado por el Gobierno de Rajoy condiciona totalmente la planificación hídrica del Tajo a las reglas de explotación del trasvase contenidas en el memorándum suscrito en 2013 por el Ministerio de Agricultura con las comunidades de Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Extremadura y Madrid –todas gobernadas entonces por el PP.

“Este acuerdo sacrifica los intereses de la cuenca cedente y el cumplimiento de cualquier objetivo medioambiental del río, con el único propósito de garantizar las derivaciones de caudales al Levante”, ha denunciado García.

De hecho, los municipios ribereños decidieron en asamblea, por amplia mayoría y sin ningún voto en contra, interponer un recurso-contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. El Grupo Socialista ha querido sumar ahora el apoyo de la Diputación a esa decisión por considerar que las razones para oponerse al plan de cuenca están sobradamente fundadas, pero también porque “es preciso mostrar la máxima unidad en la defensa de los intereses de la provincia de Guadalajara en un asunto tan importante para nuestro desarrollo como es el agua”, ha señalado el portavoz socialista.

Entre las razones que los municipios ribereños aportan para fundamentar su recurso destacan que el plan de cuenca no tiene en cuenta las derivaciones de agua por el trasvase, distorsionando la realidad de los embalses de cabecera; tampoco tiene en cuenta los objetivos ambientales de la Red Natura 2000, a la que pertenecen Entrepeñas y Buendía; vulnera la Directiva Marco del Agua, al estar ligado única y exclusivamente a las reglas de explotación del trasvase y orientado a maximizar la cantidad de agua trasvasable; vulnera el principio de preferencia de la cuenca cedente, y excluye una reserva de agua de 200 hectómetros para regadíos en cabecera, que sí estaba en el plan de 1998.

Por último, la moción del Grupo Socialista pedía también a la Corporación provincial que exprese su apoyo a los ayuntamientos ribereños de toda la cuenca del río, que han suscrito un manifiesto comprometiéndose a seguir trabajando junto a los movimientos sociales en la defensa del Tajo.