El PSOE pide a Cospedal el compromiso de no aplicar el copago de medicamentos hospitalarios

01/10/2013 - 14:35 Redacción

  El PSOE de Guadalajara va a reforzar con mociones en la Diputación y los ayuntamientos de la provincia la presentación, ayer, de una Proposición No de Ley por parte del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, en la que se pide al Gobierno de Cospedal que se comprometa a no aplicar en ningún caso en la región el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria.
 
 
  Así lo ha anunciado la secretaria de la Comisión de Sanidad del PSOE de Guadalajara, María Antonia Pérez León, quien ha reprochado a Cospedal y su consejero de Sanidad que hoy, 1 de octubre, fecha de entrada en vigor de la resolución del Gobierno de Rajoy que establece el copago de la farmacia hospitalaria para enfermos crónicos, “lo único que sabemos es que no se aplica porque no han sido capaces de poner en marcha todo el sistema para cobrar estas medicinas, pero Echániz sí ha dicho que lo va a aplicar porque quiere ser leal a Rajoy y al PP, cuando a quien debería ser leal es a los pacientes castellano-manchegos y guadalajareños”.
 
   Con las mociones en los ayuntamientos y Diputación, además de la PNL en las Cortes Regionales, el PSOE quiere que “Cospedal, Echániz, Guarinos y Román se comprometan por escrito con los enfermos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha a no poner en marcha nunca esta medida en la región, como ya han anunciado otras 11 comunidades autónomas con gobiernos de distinto signo político, que rechacen rotundamente este nuevo copago de medicamentos y que insten al Gobierno de Rajoy a retirar esta resolución”, ha explicado Pérez León. Unos 400 enfermos crónicos afectados en Guadalajara.
 
   Aunque el Gobierno de Cospedal no facilita datos sobre el número de enfermos crónicos que en la región obtienen sus medicinas en las farmacias de los hospitales, Pérez León ha tomado como referencia los datos hechos públicos por el Gobierno del País Vasco, cuya población de 2,2 millones de habitantes es similar a la de Castilla-La Mancha, para calcular que en nuestra comunidad se verían afectados por esta medida unos 4.000 pacientes, de los que aproximadamente 400 serían de la provincia de Guadalajara.
 
  La secretaria de la Comisión de Sanidad del PSOE de Guadalajara ha calificado la resolución del Gobierno de establecer el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria como “un nuevo ataque a los más desfavorecidos, a pacientes que sufren las enfermedades más problemáticas, como el cáncer, el sida, la hepatitis C o la esclerosis múltiple, que en muchos casos acabarán con sus vidas, y que suponen un agravio más para sus familias en plena crisis económica”. “Muchos se lo quitarán de comer para poder medicarse”.
 
  María Antonia Pérez León ha subrayado que, según los cálculos de asociaciones de pacientes crónicos, el copago de las medicinas de dispensación hospitalaria a 4,20 euros por prescripción o dosis pueden suponer un gasto de entre 120 y 150 euros mensuales para enfermos de cáncer o de 90 euros mensuales para enfermos de SIDA. “Hay gente que va tener que quitárselo de comer para evitar el agravamiento de su enfermedad o para evitar seguir contagiando, en el caso de los pacientes con SIDA”, ha señalado, “por no hablar del cáncer infantil, que la Federación de Padres de Niños con Cáncer estima que el diagnóstico de la enfermedad ya supone que los gastos familiares se incrementen entre 400 y 600 euros mensuales, a los que la implantación de esta medida añadiría los más de 100 euros mensuales para pagar el tratamiento”.
 
 Disparate humano, sanitario y administrativo
 
 Según Pérez León, el copago de la farmacia hospitalaria para enfermos crónicos es “un disparate desde el punto de vista humano, sanitario y administrativo, además de una medida inoportuna, falta de sensibilidad y cruel con unas personas que son las que peor lo pasan del sistema de salud, por su enfermedad y por los tratamientos que necesitan”.
 
  En este sentido, ha recordado que cuando la Comunidad de Madrid quiso imponer el euro por receta, el Tribunal Constitucional lo anuló diciendo que “la medida podía erigirse en una barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y más necesidades”, por lo que ha preguntado “¿qué puede decirse de la intención del Gobierno de imponer 4,20 euros por cada dispensación de medicamentos para los pacientes que sufren las enfermedades más graves?”.