El PSOE pide a la Diputación que ayude a renovar la red de agua en Hiendelaencina

 

  El Ayuntamiento de Hiendelaencina tiene un presupuesto anual de apenas 130.000 euros, mientras que solo los análisis necesarios para determinar con exactitud la zona contaminada van a costar cerca de 10.000 euros, según el presupuesto que acaba de recibir el alcalde, Mariano Escribano. Mucho más costoso aún será la sustitución de las tuberías de la red municipal afectadas por el vertido de gasóleo, la única solución válida para poner remedio al grave problema de salud pública que sufre el pueblo, según la Consejería de Sanidad. Pérez León ha cifrado el coste en al menos “cientos de miles de euros”, una cantidad que será mayor cuanto más aumente el radio de la zona afectada.

 

  “En cualquier caso, totalmente inviable para el Ayuntamiento”, ha asegurado. Aunque es previsible que los responsables de la contaminación tengan que hacerse cargo de los costes, el proceso se puede dilatar durante años si llega a los tribunales, mientras que los vecinos necesitan una solución lo más rápida posible para volver a utilizar el agua cuanto antes. Según ha explicado la portavoz socialista, la escasa capacidad financiera del Ayuntamiento y las restricciones normativas impuestas por el Ministerio de Hacienda hacen imposible acudir a un crédito, de manera que la única alternativa es la ayuda de administraciones con mayores posibilidades económicas.

 

  Por eso, la moción que se debatirá en el próximo pleno pide a la Diputación que colabore “económicamente con el municipio de Hiendelaencina para la resolución de un problema muy grave de salud pública mediante la fórmula administrativa que se considere oportuna”. Pérez León ha asegurado que la Diputación puede utilizar para este fin dinero del convenio de obras hidráulicas, dotado en el presupuesto de este año con 500.000 euros que aún están sin ejecutar; también deberían quedar cerca de 50.000 euros en el fondo de contingencia que se reservó la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, o en la partida de convenios con ayuntamientos, que aún dispone de más de 10.000 euros, también para uso discrecional de la presidenta.

 

   Por último, ha recordado que Guarinos “no ha dejado de presumir de un superávit de casi 15 millones de euros, que aún están sin aplicar porque seguramente quiere entregarlos a los bancos”. La portavoz socialista ha manifestado su esperanza de que la moción sea aprobada, pese a que el alcalde de Hiendelaencina ha estado prácticamente solo hasta ahora afrontando el problema.

 

   De hecho, también ha lamentado la caótica gestión del Gobierno de Cospedal, “que primero recomendó al alcalde echar hielo picado en las tuberías para limpiarlas y después dijo que era mejor utilizar agua cociendo; más tarde trajo de la mano a una empresa que planteaba el uso de productos químicos, pero lo descartó a la semana siguiente para acabar recomendando la sustitución de las redes”. Mientras tanto, la Consejería de Sanidad incluso hizo público un comunicado que declaraba el agua apta para el consumo, del que luego ha tenido que retractarse ante la evidente presencia de gasóleo, pese a que trató de ocultarlo en primera instancia. Pese a estas probadas muestras de ineficacia, durante todo el tiempo no han dejado de descargar culpas en el alcalde, “que es el único que no cobra y ha estado trabajando desde el primer momento para resolver el problema”. Regulación sobre recolección y comercialización de setas.

 

   También en el próximo pleno se presentará una moción para instar una regulación de la recolección y comercialización de setas en las zonas productoras de la provincia. La propuesta sigue el ejemplo de los proyectos que ya se están aplicando en zonas limítrofes de las provincias de Soria o Segovia, con el respaldo de la Junta de Castilla y León. Aunque en primera instancia se pide que la Diputación inste a la Junta de Comunidades a promover la regulación, plantea también la posibilidad de liderar un proyecto exclusivamente provincial si la administración regional se desentiende.

 

  El diputado del Grupo Socialista Julio García ha subrayado que el objetivo es lograr una fuente de desarrollo para el medio rural mediante una actividad que se ha convertido en un verdadero problema para muchos pueblos en los últimos años, debido a la recogida masiva e incontrolada. García ha indicado que, en este momento, existe una opinión generalizada favorable a la regulación que no se daba unos años atrás.