El PSOE pide la creación de una oficina de intermediación para casos de desahucios

 

  La prestación del servicio se concretaría mediante un convenio con el Colegio de Abogados, similar al que ya han suscrito numerosas diputaciones y ayuntamientos de toda España. Pérez León ha recordado que el propio Consejo General de la Abogacía está promoviendo la firma de estos acuerdos desde principios de 2012.

 

   El asesoramiento podría solicitarse incluso antes de empezar el proceso de desahucio, lo que permitiría ganar tiempo para evitarlo o minimizar las consecuencias. “Es decir, no se trata solo de buscar una solución a los conflictos planteados, sino también de buscar alternativas de carácter preventivo”, ha subrayado la portavoz socialista. A la vista de los datos facilitados por el Consejo General de la Abogacía, “podemos ver que está siendo altamente útil y eficaz”, ha agregado. Así, el 68% de los casos se ha resuelto con éxito en el servicio de intermediación de Tarrasa, la primera localidad que empezó a ofrecerlo hace un año.

 

  En todos ellos se han logrado acuerdos favorables para los deudores, como dación en pago o alquiler social. Coste de 166 euros, frente a 6.000 del proceso judicial Además, los costes de la intermediación han sido muy bajos. Según la portavoz socialista, un proceso judicial puede costar en torno a 6.000 euros, entre lo que cuesta al ciudadano y el gasto que supone también para la administración de justicia.

 

  Sin embargo, con este servicio, la administración que sustenta el convenio solo ha tenido que pagar una media de 166 euros por expediente resuelto, mientras que ha sido totalmente gratuito para los usuarios y se ha evitado aumentar la saturación de los juzgados. Pérez León ha destacado la oportunidad de ofrecerlo ahora, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuestiona algunos aspectos de la ley Hipotecaria española y hará más necesario que nunca disponer de un buen asesoramiento mientras se producen los cambios normativos.

 

  El modelo propuesto por el Grupo Socialista se basa en el convenio que aprobó en noviembre pasado la Diputación de Jaén, que ha destinado 36.000 euros para este año. “La Diputación de Guadalajara también podría poner la cantidad que estime conveniente, de acuerdo con el Colegio de Abogados. La presidenta, Ana Guarinos, dispone de un fondo de contingencia dotado con casi millón y medio de euros, de los que hace pocos días decidió utilizar 75.000 para los cuarteles de la Guardia Civil.

 

  El servicio que proponemos puede ser tanto o más interesante para los vecinos de la provincia. Por eso, esperamos que acepte esta propuesta que le hacemos, aunque sea cambiando de sitio las comas para hacerla suya, como ha hecho con la propuesta sobre transparencia que se presentó en el último pleno”, ha indicado Pérez León.