El PSOE pregunta a Román si pagará de su bolsillo los 60.000 euros gastados en informes privados sobre el megacontrato
06/09/2013 - 14:18
La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Magdalena Valerio, ha preguntado al alcalde, Antonio Román, si va a pagar de su bolsillo los 60.000 euros que ha gastado en informes de empresas privadas sobre el megacontrato que acaba de anular el Tribunal de Recursos Contractuales.
De hecho, Valerio ha subrayado que la resolución conocida ayer señala de manera literal que sorprendentemente la respuesta al recurso de Grupo Socialista no está firmada por ningún técnico del Ayuntamiento, sino por un despacho de abogados. Román vio que ninguno de los técnicos municipales estaban por la labor de hacerle el traje jurídico y administrativo para el megacontrato y encargó un traje a medida, que ahora va a ir a la papelera, ha afirmado.
Según ha explicado la portavoz socialista, el alcalde ha pagado cerca de 60.000 euros a un despacho de abogados por un informe de viabilidad jurídica y a una consultora por la redacción de los pliegos de condiciones técnicos y administrativos. ¿Quién va a pagar ahora ese dinero? ¿Román con su patrimonio personal o todos los ciudadanos vía impuestos cada día más caros?, ha señalado.
Además, ha subrayado que el Grupo Socialista ha actuado para defender la legalidad y los intereses de los ciudadanos. El que ha ido en contra de la legalidad, y lo dice claramente el Tribunal es el Equipo de Gobierno del PP, ha afirmado, además de preguntarse si el objetivo no sería adjudicar el megacontrato a una gran empresa, de esas que luego pasan por Génova a dejarse los dineros allí para que luego los dirigentes del PP que no los militantes se los reparten en sobres.
Varapalo de primera magnitud
Valerio ha calificado la resolución jurídica como un varapalo jurídico de primera magnitud para Román, que pretendía adjudicar un megacontrato municipal de 270 millones de euros y 20 años de duración a una sola empresa, para hacerse cargo de 11 servicios municipales distintos y completamente dispares entre sí. Le han dicho claramente que era ilegal y espero que ahora rectifique y dé marcha atrás, ha afirmado.
El Tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, estima todos los argumentos esgrimidos en el recurso presentado el pasado mes de julio por el Grupo Socialista. Así, reconoce que no existe complementariedad alguna entre los 11 servicios que Román pretendía agrupar en un solo contrato, vulnerando la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tampoco aprecia existencia de riesgo y ventura para la empresa que resultara adjudicataria, cuyos ingresos estarían garantizados por el propio Ayuntamiento con la fórmula propuesta por Román.
La resolución también deja claro que no se puede utilizar la modalidad de contrato planteada, con un plazo de adjudicación de 20 años, sino que cada servicio solo puede ser adjudicado por un máximo de seis años. Por otro lado, considera que, de haber seguido adelante el procedimiento, hubiera incurrido en vulneración del principio de competencia y libre concurrencia. Se estaba cargando la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas locales pudieran acceder a los contratos de servicios públicos, ha afirmado Valerio.
Valerio ha calificado la resolución jurídica como un varapalo jurídico de primera magnitud para Román, que pretendía adjudicar un megacontrato municipal de 270 millones de euros y 20 años de duración a una sola empresa, para hacerse cargo de 11 servicios municipales distintos y completamente dispares entre sí. Le han dicho claramente que era ilegal y espero que ahora rectifique y dé marcha atrás, ha afirmado.
El Tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, estima todos los argumentos esgrimidos en el recurso presentado el pasado mes de julio por el Grupo Socialista. Así, reconoce que no existe complementariedad alguna entre los 11 servicios que Román pretendía agrupar en un solo contrato, vulnerando la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tampoco aprecia existencia de riesgo y ventura para la empresa que resultara adjudicataria, cuyos ingresos estarían garantizados por el propio Ayuntamiento con la fórmula propuesta por Román.
La resolución también deja claro que no se puede utilizar la modalidad de contrato planteada, con un plazo de adjudicación de 20 años, sino que cada servicio solo puede ser adjudicado por un máximo de seis años. Por otro lado, considera que, de haber seguido adelante el procedimiento, hubiera incurrido en vulneración del principio de competencia y libre concurrencia. Se estaba cargando la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas locales pudieran acceder a los contratos de servicios públicos, ha afirmado Valerio.