El PSOE se compromete a no recortar nunca los derechos de los trabajadores
01/10/2010 - 09:45
Por: P. DE LAS HERAS. MADRID
Ni los datos del paro ni la inflación ascendente ni la corrección en las previsiones de crecimiento del FMI y la OCDE modifican la estrategia del PSOE en materia económica. Jesús Caldera, negó que haya motivos para una preocupación extraordinaria.
Caldera admitió que la moderación económica obligará a un proceso continuo de reformas en materia laboral y de protección social. Y adquirió un compromiso: Cuando haya problemas -dijo- no habrá recortes sino ampliación de derechos.
El varapalo del Tribunal Constitucional al decretazo -el decreto ley de medidas urgentes con el que el PP reformó en 2002 el sistema de protección por desempleo- se ha convertido en arma electoral recurrente para los socialistas. Es, según defienden, la prueba de que entre los dos partidos mayoritarios existen enormes diferencias. Caldera, que participó en una reunión en La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y representantes sindicales y empresariales - CC OO, UGT, CEOE y Cepyme- insistió en que su formación nunca rebajará los niveles de protección de los trabajadores, ni siquiera si debe enfrentarse a cifras negativas de paro. En todo caso, en su programa, el PSOE sostiene que es posible aumentar la estabilidad del empelo sin necesidad de reducir la flexibilidad que en la actualidad disponen las empresas.
El ministro de Trabajo, también coordinador de la oferta electoral, explicó desde la sede de su partido que los socialistas asumirán como propias varias propuestas de las organizaciones sindicales y la patronal para adaptar el modelo de crecimiento económico a la coyuntura económica. En concreto, los socialistas se comprometen a reducir las cargas administrativas para la creación de empresas, a aumentar la participación del capital privado en la gestión de infraestructuras y a garantizar la unidad de mercado.
La mera enunciación de ese último punto es en sí misma una novedad porque hasta ahora el Gobierno había rechazado que la profundización en el Estado de las autonomías supusiera problema alguno para las empresas con vocación de implantación nacional. El Instituto de la Empresa Familiar, las grandes superficies y entidades de diversa índole han manifestado a lo largo de esta legislatura su preocupación por las diferencias arraigadas en las reformas estatutarias de nuevo cuño. Sin ser esenciales, les complican la vida y ahora el PSOE lo admite de manera implícita. Resolverlo requerirá, sin embargo, una gran esfuerzo de, entre otros organismos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La propuesta socialista en materia laboral incluye también un apartado específico para la inmigración. En ella, defiende que la entrada de nuevos trabajadores extranjeros debe enmarcarse en la atención de las necesidades del mercado laboral y sólo cuando no existan trabajadores suficientes y disponibles.
El varapalo del Tribunal Constitucional al decretazo -el decreto ley de medidas urgentes con el que el PP reformó en 2002 el sistema de protección por desempleo- se ha convertido en arma electoral recurrente para los socialistas. Es, según defienden, la prueba de que entre los dos partidos mayoritarios existen enormes diferencias. Caldera, que participó en una reunión en La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y representantes sindicales y empresariales - CC OO, UGT, CEOE y Cepyme- insistió en que su formación nunca rebajará los niveles de protección de los trabajadores, ni siquiera si debe enfrentarse a cifras negativas de paro. En todo caso, en su programa, el PSOE sostiene que es posible aumentar la estabilidad del empelo sin necesidad de reducir la flexibilidad que en la actualidad disponen las empresas.
El ministro de Trabajo, también coordinador de la oferta electoral, explicó desde la sede de su partido que los socialistas asumirán como propias varias propuestas de las organizaciones sindicales y la patronal para adaptar el modelo de crecimiento económico a la coyuntura económica. En concreto, los socialistas se comprometen a reducir las cargas administrativas para la creación de empresas, a aumentar la participación del capital privado en la gestión de infraestructuras y a garantizar la unidad de mercado.
La mera enunciación de ese último punto es en sí misma una novedad porque hasta ahora el Gobierno había rechazado que la profundización en el Estado de las autonomías supusiera problema alguno para las empresas con vocación de implantación nacional. El Instituto de la Empresa Familiar, las grandes superficies y entidades de diversa índole han manifestado a lo largo de esta legislatura su preocupación por las diferencias arraigadas en las reformas estatutarias de nuevo cuño. Sin ser esenciales, les complican la vida y ahora el PSOE lo admite de manera implícita. Resolverlo requerirá, sin embargo, una gran esfuerzo de, entre otros organismos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La propuesta socialista en materia laboral incluye también un apartado específico para la inmigración. En ella, defiende que la entrada de nuevos trabajadores extranjeros debe enmarcarse en la atención de las necesidades del mercado laboral y sólo cuando no existan trabajadores suficientes y disponibles.