El sector de seguridad privada registra mayor demanda de empleo en los últimos meses por la crisis
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) ha registrado un aumento de la demanda de empleo en este ámbito durante los últimos seis meses debido a la "recesión de otros sectores" y al hecho de que, ante la crisis, "la inseguridad crece y las oportunidades son mayores para poder dar más empleo".
Sin embargo, su capacidad de contratación se basa en la "proporcionalidad" del crecimiento de la parte del mercado en la que tienen más presencia, como en el del transporte, que "continúa creciendo", o el comercio, que "no crece debido a la bajada de consumo".
Así se pronunció el coordinador del grupo de trabajo de Aproser Comunidad Valenciana y director general de zona de Murcia y la Comunitat de la empresa Securitas, Fernando Lucas, durante la presentación de la delegación de esta asociación en la autonomía. En el acto, previo a una mesa redonda en la que participó el presidente de Aproser, Carlos Bañuelos, estuvo presente el secretario general de la asociación nacional, Eduardo Cobas, y el director de zona de la compañía Prosegur, Julián Gallego.
Eduardo Cobas señaló que, hasta septiembre de 2008, el sector de la seguridad privada ha registrado una "moderación en los niveles de crecimiento, que se acentuará en 2009", dado que se trata de un sector "cíclico", que depende del comportamiento de otros mercados, por lo que "nos veremos afectados" pero "no tanto como el resto".
Asimismo, explicó que la seguridad privada está sujeta a muchos aspectos y matizó que "una eventual llegada del AVE supone un aumento de la demanda" de estos servicios y, por el contrario, el cierre de centros comerciales implicara un descenso de este servicio. En este sentido, manifestó que el crecimiento del sector estará en "niveles inferiores" pero no registrará recesión.
SEGURIDAD PRIVADA EN LA COMUNITAT
Aproser, que engloba a las 13 empresas "más representativas" de la seguridad privada de las 1.219 que existen en toda España --prestan el 75 por ciento de los servicios--, contempló la necesidad de crear una asociación autónoma en la Comunitat porque es la cuarta región en volumen de negocio de toda España con 145 compañías que emplean a cerca de 7.000 trabajadores y facturan 297 millones de euros al año.
Con ella se pretende "mantener una relación más cercana y directa con las autoridades públicas", dijo Cobas, quien argumentó que el 30 por ciento de los servicios prestados están sujetos a la contratación pública puesto que las instituciones son, a la vez, "gestores y clientes de los servicios de seguridad".
Preguntado sobre si existe un aumento de la demanda de seguridad privada, indicó que se solicitan más servicios de alarma, dado el aumento de la población en la periferia de las ciudades, pero no de vigilancia en urbanizaciones porque la ley actual delimita este aspecto a que las zonas residenciales estén cerradas.
"INCORPORACIÓN DE NO COMUNITARIOS"
Por otro lado, el secretario general de Aproser, que atribuyó el "crecimiento sostenido del sector" --al 6,9 por ciento durante los últimos 15 años-- a la mejora del bienestar, instó a la modificación o "interpretación más flexible" de la Ley de Seguridad Privada, de 1992, con el fin de incorporar aspectos como la incorporación de nacionales no comunitarios, la reducción de la burocracia o ampliar la protección jurídica de los vigilantes.
En concreto, manifestó que "no es lógico" que los ciudadanos no comunitarios puedan incorporarse al ejército y no a una empresa de seguridad privada. Asimismo, señaló que, desde la asociación consideran que debería existir un agravante en el código penal para las agresiones que los vigilantes reciben por parte de los ciudadanos, así como para los empleados que se exceden en sus competencias y repercute de forma negativa en la sociedad.
Eduardo Cobas negó que pretendan un aumento de las competencias, porque su función "no es la seguridad ciudadana", aunque sí optó por colaborar en la vía pública. En esta línea se refirió a un informe presentado el año pasado, del que, dijo, se desprende que el 70 por ciento de la sociedad está de acuerdo con que estos vigilantes patrullen ciertas zonas, pese a que su competencia es preventiva y, ante un conflicto, sería necesaria la presencia de la policía para solucionarlo.
MÁS MUJERES
Sobre el perfil de las personas solicitantes, el representante de Prosegur comentó que son "fundamentalmente jóvenes entre 18 y 30 años", aunque la edad media nacional de los empleados es de 36 años. Julián Gallego también dijo que cada vez es mayor el porcentaje de mujeres que se incorporan a estas compañías, que ha pasado del 8 al 13 por ciento en cinco años. Según dijo, esto es "favorable" puesto que se reclaman más actitudes orientadas al servicio a la sociedad que a la presencia física.
Así se pronunció el coordinador del grupo de trabajo de Aproser Comunidad Valenciana y director general de zona de Murcia y la Comunitat de la empresa Securitas, Fernando Lucas, durante la presentación de la delegación de esta asociación en la autonomía. En el acto, previo a una mesa redonda en la que participó el presidente de Aproser, Carlos Bañuelos, estuvo presente el secretario general de la asociación nacional, Eduardo Cobas, y el director de zona de la compañía Prosegur, Julián Gallego.
Eduardo Cobas señaló que, hasta septiembre de 2008, el sector de la seguridad privada ha registrado una "moderación en los niveles de crecimiento, que se acentuará en 2009", dado que se trata de un sector "cíclico", que depende del comportamiento de otros mercados, por lo que "nos veremos afectados" pero "no tanto como el resto".
Asimismo, explicó que la seguridad privada está sujeta a muchos aspectos y matizó que "una eventual llegada del AVE supone un aumento de la demanda" de estos servicios y, por el contrario, el cierre de centros comerciales implicara un descenso de este servicio. En este sentido, manifestó que el crecimiento del sector estará en "niveles inferiores" pero no registrará recesión.
SEGURIDAD PRIVADA EN LA COMUNITAT
Aproser, que engloba a las 13 empresas "más representativas" de la seguridad privada de las 1.219 que existen en toda España --prestan el 75 por ciento de los servicios--, contempló la necesidad de crear una asociación autónoma en la Comunitat porque es la cuarta región en volumen de negocio de toda España con 145 compañías que emplean a cerca de 7.000 trabajadores y facturan 297 millones de euros al año.
Con ella se pretende "mantener una relación más cercana y directa con las autoridades públicas", dijo Cobas, quien argumentó que el 30 por ciento de los servicios prestados están sujetos a la contratación pública puesto que las instituciones son, a la vez, "gestores y clientes de los servicios de seguridad".
Preguntado sobre si existe un aumento de la demanda de seguridad privada, indicó que se solicitan más servicios de alarma, dado el aumento de la población en la periferia de las ciudades, pero no de vigilancia en urbanizaciones porque la ley actual delimita este aspecto a que las zonas residenciales estén cerradas.
"INCORPORACIÓN DE NO COMUNITARIOS"
Por otro lado, el secretario general de Aproser, que atribuyó el "crecimiento sostenido del sector" --al 6,9 por ciento durante los últimos 15 años-- a la mejora del bienestar, instó a la modificación o "interpretación más flexible" de la Ley de Seguridad Privada, de 1992, con el fin de incorporar aspectos como la incorporación de nacionales no comunitarios, la reducción de la burocracia o ampliar la protección jurídica de los vigilantes.
En concreto, manifestó que "no es lógico" que los ciudadanos no comunitarios puedan incorporarse al ejército y no a una empresa de seguridad privada. Asimismo, señaló que, desde la asociación consideran que debería existir un agravante en el código penal para las agresiones que los vigilantes reciben por parte de los ciudadanos, así como para los empleados que se exceden en sus competencias y repercute de forma negativa en la sociedad.
Eduardo Cobas negó que pretendan un aumento de las competencias, porque su función "no es la seguridad ciudadana", aunque sí optó por colaborar en la vía pública. En esta línea se refirió a un informe presentado el año pasado, del que, dijo, se desprende que el 70 por ciento de la sociedad está de acuerdo con que estos vigilantes patrullen ciertas zonas, pese a que su competencia es preventiva y, ante un conflicto, sería necesaria la presencia de la policía para solucionarlo.
MÁS MUJERES
Sobre el perfil de las personas solicitantes, el representante de Prosegur comentó que son "fundamentalmente jóvenes entre 18 y 30 años", aunque la edad media nacional de los empleados es de 36 años. Julián Gallego también dijo que cada vez es mayor el porcentaje de mujeres que se incorporan a estas compañías, que ha pasado del 8 al 13 por ciento en cinco años. Según dijo, esto es "favorable" puesto que se reclaman más actitudes orientadas al servicio a la sociedad que a la presencia física.
