El Senado aprueba la Ley de la nueva Oficina Judicial, el primer paso para la modernización de la Justicia
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
El Senado aprobó ayer por unanimidad la Ley de la nueva Oficina Judicial y la Ley Orgánica para la implantación de la Oficina Judicial, dos normas que son las primeras para desarrollar el Plan de Modernización de la Justicia, que prevé un incremento del 19% de la actual planta judicial en el periodo 2010-2012, con la creación de 910 nuevas unidades judiciales. Por primera vez en 30 años de democracia, se logrará la acción concertada de todos los sectores implicados en este ámbito, desde el Gobierno a las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y los profesionales implicados, defiende Javier Irizar, senador del PSOE de Guadalajara y ponente de ambas leyes del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta
El despliegue de la nueva Oficina Judicial contribuirá a dotar a la organización judicial de una mayor racionalidad y eficacia, dado que separa y distingue las competencias de dos figuras determinantes en este proceso como son los jueces y secretarios; mientras los primeros se dedicarán a juzgar y hacer cumplir lo juzgado, como reconoce la Constitución, los secretarios se encargarán de la gestión de los procedimientos, que hasta ahora recaía en el juez, apunta Irizar. Las leyes aprobadas ayer en el Senado también contemplan la instalación de sistemas de grabación audiovisual y de videoconferencias en todas las salas de vista, mientras que las oficinas judiciales dispondrán de sistemas informáticos adaptados a las nuevas leyes procesales, lo que permitirá la digitalización de los expedientes judiciales y una significativa reducción de la documentación en papel.
El plan de reforma de la Justicia, cuya dotación presupuestaria se eleva a 600 millones de euros que han sido garantizados por la propia vicepresidenta económica del Gobierno, incluye la convocatoria de 750 nuevas plazas de jueces (250 por año), 450 plazas en la carrera fiscal y 800 plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales. El proyecto contempla la nueva figura del Juez de adscripción territorial, que atenderá las necesidades de sustitución y suplencias en el ámbito territorial de cada Tribunal Superior de Justicia, y reforzará aquellas oficinas judiciales que sufran problemas de saturación.
El senador socialista vaticina que la supresión de trámites y recursos, la desjudicialización del Registro Civil, la nueva Ley de Mediación y la reforma de la Ley de Arbitraje y del vigente proceso penal, permitirán contener y reducir el incremento de la litigiosidad, lo que aliviará la carga de trabajo de los juzgados y tribunales. Esta contención y las mejoras que se van a introducir en la organización judicial aumentarán la capacidad resolutiva anual de la justicia y agilizará los tiempos medios de respuesta judicial, que podrán reducirse en un promedio estimado en torno al 30%.
Postura sobre la huelga
El PSOE de Guadalajara considera que la jornada de huelga que han llevado a cabo hoy los jueces en todo el país y que ha sido secundada por este colectivo en nuestra provincia, no puede ser considerada como tal sino un paro convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura, única organización convocante. En España existe un Acuerdo Social por la Justicia en el que están el Ministerio de Justicia, tres de las cuatros asociaciones judiciales (APM no figura), el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y todos los grupos políticos del arco parlamentario.
Desde el Partido Socialista recuerdan que el Ministerio de Justicia ha apoyado todas las demandas razonables del colectivo judicial, como ascenso forzoso, señalamiento, vacaciones y conciliación de la vida laboral y familiar, demandas que han sido avaladas en el Parlamento por las principales fuerzas políticas. Por si fuera poco, el incremento presupuestario para la Justicia en el año 2010 es el mayor de la historia de la democracia con una subida del 13,8%.
La jornada de huelga de hoy fue convocada el pasado 12 de junio por la Asociación Profesional de la Magistratura, antes de que el Gobierno aprobase el pasado 18 de septiembre el Plan de Modernización. La APM, que no convocó el paro que tuvo lugar el pasado mes de febrero, ha hecho un llamamiento en solitario, precisamente cuando la práctica totalidad de las demandas que venían haciéndose desde el ámbito de la Justicia están siendo atendidas. Por tanto, el paro de la APM no responde a las actuaciones ministeriales, sino que estaba decidido de antemano.
En los próximos tres años se van a dedicar 600 millones de euros adicionales a la modernización de la Justicia, un compromiso que en 2010 se materializará con 218 millones de euros para la puesta en marcha del Plan Estratégico. Este esfuerzo presupuestario del gasto en la organización judicial se mantiene de forma sostenida desde 2004. Hoy, en España se invierte un 50% más en Justicia que hace cinco años, con un incremento porcentual en el periodo 2004-2006 del 19%, cifra muy superior a los países de nuestro entorno como Francia (5%) e Italia (3%), defiende el Partido Socialista.
El plan de reforma de la Justicia, cuya dotación presupuestaria se eleva a 600 millones de euros que han sido garantizados por la propia vicepresidenta económica del Gobierno, incluye la convocatoria de 750 nuevas plazas de jueces (250 por año), 450 plazas en la carrera fiscal y 800 plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales. El proyecto contempla la nueva figura del Juez de adscripción territorial, que atenderá las necesidades de sustitución y suplencias en el ámbito territorial de cada Tribunal Superior de Justicia, y reforzará aquellas oficinas judiciales que sufran problemas de saturación.
El senador socialista vaticina que la supresión de trámites y recursos, la desjudicialización del Registro Civil, la nueva Ley de Mediación y la reforma de la Ley de Arbitraje y del vigente proceso penal, permitirán contener y reducir el incremento de la litigiosidad, lo que aliviará la carga de trabajo de los juzgados y tribunales. Esta contención y las mejoras que se van a introducir en la organización judicial aumentarán la capacidad resolutiva anual de la justicia y agilizará los tiempos medios de respuesta judicial, que podrán reducirse en un promedio estimado en torno al 30%.
Postura sobre la huelga
El PSOE de Guadalajara considera que la jornada de huelga que han llevado a cabo hoy los jueces en todo el país y que ha sido secundada por este colectivo en nuestra provincia, no puede ser considerada como tal sino un paro convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura, única organización convocante. En España existe un Acuerdo Social por la Justicia en el que están el Ministerio de Justicia, tres de las cuatros asociaciones judiciales (APM no figura), el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y todos los grupos políticos del arco parlamentario.
Desde el Partido Socialista recuerdan que el Ministerio de Justicia ha apoyado todas las demandas razonables del colectivo judicial, como ascenso forzoso, señalamiento, vacaciones y conciliación de la vida laboral y familiar, demandas que han sido avaladas en el Parlamento por las principales fuerzas políticas. Por si fuera poco, el incremento presupuestario para la Justicia en el año 2010 es el mayor de la historia de la democracia con una subida del 13,8%.
La jornada de huelga de hoy fue convocada el pasado 12 de junio por la Asociación Profesional de la Magistratura, antes de que el Gobierno aprobase el pasado 18 de septiembre el Plan de Modernización. La APM, que no convocó el paro que tuvo lugar el pasado mes de febrero, ha hecho un llamamiento en solitario, precisamente cuando la práctica totalidad de las demandas que venían haciéndose desde el ámbito de la Justicia están siendo atendidas. Por tanto, el paro de la APM no responde a las actuaciones ministeriales, sino que estaba decidido de antemano.
En los próximos tres años se van a dedicar 600 millones de euros adicionales a la modernización de la Justicia, un compromiso que en 2010 se materializará con 218 millones de euros para la puesta en marcha del Plan Estratégico. Este esfuerzo presupuestario del gasto en la organización judicial se mantiene de forma sostenida desde 2004. Hoy, en España se invierte un 50% más en Justicia que hace cinco años, con un incremento porcentual en el periodo 2004-2006 del 19%, cifra muy superior a los países de nuestro entorno como Francia (5%) e Italia (3%), defiende el Partido Socialista.