El Senado aprueba la reforma que permite cortar suministros en viviendas ocupadas sin que se considere delito
El Senado ha aprobado este martes una proposición de ley impulsada por el Partido Popular para modificar el Código Penal y despenalizar el corte de suministros básicos —como agua o luz— en inmuebles ocupados sin consentimiento ni título legal, medida que hasta ahora podía ser considerada un delito de coacciones.
Durante su intervención, el senador del PP por Guadalajara y presidente provincial, Lucas Castillo, ha defendido que esta reforma “dotará a los propietarios de una herramienta legal más efectiva para recuperar su inmueble”, y ha asegurado que “la seguridad jurídica es el mayor incentivo para liberar vivienda”.
Castillo ha recordado el criterio fijado por la Audiencia Provincial de Barcelona en marzo de 2025, que consideró que cortar suministros a ocupantes ilegales no constituye delito. “Lo que la justicia ya empieza a reconocer, el legislador debe consolidarlo, y esa es exactamente nuestra propuesta”, ha afirmado.
El senador ha contextualizado esta iniciativa en un incremento de los casos de ocupación, citando datos de 2024 que registran 16.400 casos de usurpación o allanamiento de morada, un 7,4 % más que en 2023. “Una lacra que afecta a propietarios, vecinos y ayuntamientos”, ha dicho.
También ha hecho referencia a casos en la provincia de Guadalajara, como el desalojo de 96 personas en el edificio Campus Empresarial Alcarreño (2022), situaciones de conflictividad en Horche, o recientes operaciones en Chiloeches.
Por último, ha criticado al Gobierno central por lo que considera una falta de actuación ante este problema. “Si este Gobierno no se ha ocupado de la seguridad, de la vivienda o de proteger a los propietarios, ¿de qué se ha ocupado?”, ha preguntado durante su intervención en la Cámara Alta.