El TC acepta la recusación de dos magistrados por el Gobierno
01/10/2010 - 09:45
El Tribunal Constitucional se aseguró ayer que sea una mayoría progresista la que decida si admite o no a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el verano pasado por el PP contra la ley que reforma la institución y, entre otros puntos, prorroga el mandato de la presidenta hasta que se produzca la renovación de al institución. El pleno, por seis votos contra dos, decidió aceptar la recusación presentada por el Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.
La recusación fue admitida con los votos de cinco magistrados progresistas y del conservador y presidente accidental Vicente Conde. Los otros dos magistrados conservadores presentes en la discusión -Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas- se opusieron a la exclusión de sus compañeros y anunciaron la presentación de sendos votos particulares a la resolución. La discusión había quedado paralizada por la campaña electoral.
La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, recusó en octubre pasado a ambos magistrados por considerar que habían perdido su imparcialidad para discutir el recurso ya que tomaron postura de forma inequívoca, radical y rotunda en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en mayo por las Cortes e impugnada en julio por el PP. La Fiscalía apoyó las dos exclusiones.
La razón de las recusaciones fue que García-Calvo y Rodríguez-Zapata escribieron en junio pasado una carta a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, en la que le recordaban, pese a lo dispuesto en el cambio legal, que su mandato y el del vicepresidente habían expirado y que tenían que presentar su dimisión.
En la misiva, que sin éxito quisieron llevar al pleno para su discusión y para forzar así las dimisiones, mostraban su muy profunda discrepancia con la reforma legal luego recurrida porque les mantenía en sus puestos. El resto de los magistrados se negó ya entonces a tomar en consideración el contenido de la carta justo para evitar el peligro de contaminación ante un posible recurso posterior, que el PP acabó por presentar días después.
El pleno, que ayer discutió el asunto durante cinco horas, estuvo compuesto sólo por ocho de los doce magistrados del Constitucional, los justos para garantizar el quórum legal que permite reunirse. Del tribunal estaban excluidos la presidenta y el vicepresidente -que tuvieron que abstenerse por estar concernidos por la reforma recurrida- y los dos juristas recusados por el Ejecutivo.
El tribunal intentará resolver este recurso en breve porque también considera ilegal el nuevo sistema impuesto por la ley para que el Senado renueve a tres de los magistrados del Constitucional con la participación de los parlamentos regionales. El asunto debería estar resuelto para cuando se constituya la cámara, ya que sus miembros tienen entre sus asuntos pendientes la renovación de los tres magistrados.
Segundo varapalo al PP
Las recusaciones del Gobierno han tenido un final muy distinto a las intentadas por el PP. Los populares, tras conocer las impugnaciones de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, trataron de excluir del tribunal a tres de los magistrados progresistas, a los que acusaron también de estar contaminados por mostrarse favorables a la reforma. Sin embargo, el tribunal rechazó en noviembre tomar en consideración las recusaciones y dio un gran varapalo al PP, por considerar que estaban basadas en hecho falsos.
Alterar la composición del tribunal
El Constitucional acusó entonces al PP, en una durísima resolución, de haber intentado alterar la composición del tribunal y bloquear su funcionamiento al dejarlo sin quórum mediante una recusación planteada sin base alguna, con manifiesto abuso de derecho o fraude procesal.
La corte creyó evidente que el PP presentó estas impugnaciones con la única intención de reaccionar a la recusación de dos magistrados conservadores por parte del Gobierno en previsión de que una nueva composición del pleno forzada por el Ejecutivo rechazase el recurso de inconstitucionalidad defendido por el principal partido de la oposición.
El pleno rechazó las recusaciones ante la fundada sospecha de que se formulan no para garantizar su fin institucional, como es preservar la imparcialidad de los magistrados, sino para alterar la composición del tribunal a favor de sus intereses. Entendió que, en su pulso político con el Gobierno, el partido conservador instrumentaliza la recusación para una finalidad distinta a la prevista por la ley.
La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, recusó en octubre pasado a ambos magistrados por considerar que habían perdido su imparcialidad para discutir el recurso ya que tomaron postura de forma inequívoca, radical y rotunda en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en mayo por las Cortes e impugnada en julio por el PP. La Fiscalía apoyó las dos exclusiones.
La razón de las recusaciones fue que García-Calvo y Rodríguez-Zapata escribieron en junio pasado una carta a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, en la que le recordaban, pese a lo dispuesto en el cambio legal, que su mandato y el del vicepresidente habían expirado y que tenían que presentar su dimisión.
En la misiva, que sin éxito quisieron llevar al pleno para su discusión y para forzar así las dimisiones, mostraban su muy profunda discrepancia con la reforma legal luego recurrida porque les mantenía en sus puestos. El resto de los magistrados se negó ya entonces a tomar en consideración el contenido de la carta justo para evitar el peligro de contaminación ante un posible recurso posterior, que el PP acabó por presentar días después.
El pleno, que ayer discutió el asunto durante cinco horas, estuvo compuesto sólo por ocho de los doce magistrados del Constitucional, los justos para garantizar el quórum legal que permite reunirse. Del tribunal estaban excluidos la presidenta y el vicepresidente -que tuvieron que abstenerse por estar concernidos por la reforma recurrida- y los dos juristas recusados por el Ejecutivo.
El tribunal intentará resolver este recurso en breve porque también considera ilegal el nuevo sistema impuesto por la ley para que el Senado renueve a tres de los magistrados del Constitucional con la participación de los parlamentos regionales. El asunto debería estar resuelto para cuando se constituya la cámara, ya que sus miembros tienen entre sus asuntos pendientes la renovación de los tres magistrados.
Segundo varapalo al PP
Las recusaciones del Gobierno han tenido un final muy distinto a las intentadas por el PP. Los populares, tras conocer las impugnaciones de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, trataron de excluir del tribunal a tres de los magistrados progresistas, a los que acusaron también de estar contaminados por mostrarse favorables a la reforma. Sin embargo, el tribunal rechazó en noviembre tomar en consideración las recusaciones y dio un gran varapalo al PP, por considerar que estaban basadas en hecho falsos.
Alterar la composición del tribunal
El Constitucional acusó entonces al PP, en una durísima resolución, de haber intentado alterar la composición del tribunal y bloquear su funcionamiento al dejarlo sin quórum mediante una recusación planteada sin base alguna, con manifiesto abuso de derecho o fraude procesal.
La corte creyó evidente que el PP presentó estas impugnaciones con la única intención de reaccionar a la recusación de dos magistrados conservadores por parte del Gobierno en previsión de que una nueva composición del pleno forzada por el Ejecutivo rechazase el recurso de inconstitucionalidad defendido por el principal partido de la oposición.
El pleno rechazó las recusaciones ante la fundada sospecha de que se formulan no para garantizar su fin institucional, como es preservar la imparcialidad de los magistrados, sino para alterar la composición del tribunal a favor de sus intereses. Entendió que, en su pulso político con el Gobierno, el partido conservador instrumentaliza la recusación para una finalidad distinta a la prevista por la ley.