El TC emplaza a los recurrentes a pronunciarse sobre su competencia
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
ESTATUT CATALÁN
La resolución del recurso interpuesto no paralizará el debate del jueves
Fuentes del alto tribunal señalaron que la resolución de estos recursos no tiene carácter suspensivo, según reza el artículo 93.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional solo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto suspensivo.
No obstante, no se descarta que si el asunto no se ha resuelto antes del próximo jueves los magistrados prefieran esperar antes de iniciar el debate sobre el Estatut previsto para ese mismo día.
Las ocho providencias dictadas por el Constitucional el pasado día 27 oponiéndose a las pretensiones de la Generalitat y el Parlamento catalán se limitaban a señalar, sin dar motivación alguna al respecto, que no había lugar a lo solicitado en cumplimento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que señala que sus magistrados continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.
Situación viciada
El Parlament presentó ayer al TC un recurso de súplica con el que vuelve a demandarle que se declare incompetente para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra el Estatut, o que no dicte sentencia hasta que se supla la falta de legitimidad por haber caducado el mandato de cuatro de sus miembros.
Según el escrito, redactado por sus diez letrados, la situación actual del alto tribunal podría incluso llegar a calificarse como irregular o viciada, puesto que se quebrantan los principios de independencia e imparcialidad que deben guiar su actuación. Añadía que su solicitud de incompetencia no es una táctica dilatoria del procedimiento, y ve anómala la actual composición del Tribunal, con cuatro miembros con mandato prorrogado desde 2007 y dos vacantes, una por fallecimiento y otra por recusación.
Ahora, con este recurso de súplica, se le pide que si no acepta los argumentos del Parlament, al menos dé a conocer las razones que fundamenten su decisión porque, de lo contrario, se produce una situación de indefensión, añadieron.
Dos días antes del debate
La resolución adoptada por el Pleno se produce dos días antes de la fecha señalada para que los magistrados del Tribunal Constitucional estudien el borrador elaborado por la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, de la sentencia pendiente sobre el recurso que interpuso hace casi cuatro años el PP contra el Estatut.
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del bloque conservador, Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación, ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término nación en el Preámbulo de la norma.
Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, fue rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial.
Fuentes del TC señalaron que el texto que presenta Casas es prácticamente idéntico al de su antecesora Pérez Vera y podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra veintena podrían ser sometidos a interpretación.
Si el jueves no se alcanzara el consenso necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por artículo con tal de lograr de una vez una sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma la semana pasada a un grupo de periodistas.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Ridao, considera censurable y totalmente surrealista la propuesta de Casas de fallar el Estatut artículo por artículo, lo que, a su juicio, añadirá más argumentos en contra de la sentencia.
Asimismo, criticó al Alto Tribunal porque, a su juicio, está deslegitimado, prostituido e instrumentalizado políticamente por PSOE y PP para advertir de que las maniobras dilatorias y de sugestión van a resultar inútiles.
Ridao afirmó tener claro que la sentencia que emita el TC será igualmente mala o muy mala, habida cuenta de las filtraciones que está habiendo sobre la ponencia, y que entrará en contradicción con la voluntad expresada en las urnas por la sociedad catalana.
Referéndum
Por otro lado, la Mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite una iniciativa popular, presentada por la Coordinadora Nacional para la consulta sobre la independencia, con el fin de convocar un referéndum independentista en Cataluña. La iniciativa prosperó gracias a los votos a favor de CiU, ERC e ICV-EUiA. No obstante, PSC y PP recurrirán ante el Consell de Garaties Estatutàries la iniciativa popular (IP).
Se trata de la primera propuesta de referéndum que se admite a trámite desde la aprobación en abril de la Ley de Consultas Populares. Se abre ahora un período de tres días para que una décima parte de los diputados o dos grupos parlamentarios como el caso de PP y PSC puedan solicitar al Consell de Garanties un dictamen, lo cual no es vinculante sobre la adecuación constitucional y estatutaria de la propuesta. Tras este trámite, los promotores de la consulta tendrán seis meses, ampliables a ocho, para recoger las firmas de al menos un 3 por ciento de la población de Cataluña, lo que la coordinadora calcula que serán entre 150.000 y 230.000 firmas.
Las ocho providencias dictadas por el Constitucional el pasado día 27 oponiéndose a las pretensiones de la Generalitat y el Parlamento catalán se limitaban a señalar, sin dar motivación alguna al respecto, que no había lugar a lo solicitado en cumplimento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que señala que sus magistrados continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.
Situación viciada
El Parlament presentó ayer al TC un recurso de súplica con el que vuelve a demandarle que se declare incompetente para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra el Estatut, o que no dicte sentencia hasta que se supla la falta de legitimidad por haber caducado el mandato de cuatro de sus miembros.
Según el escrito, redactado por sus diez letrados, la situación actual del alto tribunal podría incluso llegar a calificarse como irregular o viciada, puesto que se quebrantan los principios de independencia e imparcialidad que deben guiar su actuación. Añadía que su solicitud de incompetencia no es una táctica dilatoria del procedimiento, y ve anómala la actual composición del Tribunal, con cuatro miembros con mandato prorrogado desde 2007 y dos vacantes, una por fallecimiento y otra por recusación.
Ahora, con este recurso de súplica, se le pide que si no acepta los argumentos del Parlament, al menos dé a conocer las razones que fundamenten su decisión porque, de lo contrario, se produce una situación de indefensión, añadieron.
Dos días antes del debate
La resolución adoptada por el Pleno se produce dos días antes de la fecha señalada para que los magistrados del Tribunal Constitucional estudien el borrador elaborado por la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, de la sentencia pendiente sobre el recurso que interpuso hace casi cuatro años el PP contra el Estatut.
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del bloque conservador, Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación, ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término nación en el Preámbulo de la norma.
Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, fue rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial.
Fuentes del TC señalaron que el texto que presenta Casas es prácticamente idéntico al de su antecesora Pérez Vera y podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra veintena podrían ser sometidos a interpretación.
Si el jueves no se alcanzara el consenso necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por artículo con tal de lograr de una vez una sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma la semana pasada a un grupo de periodistas.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Ridao, considera censurable y totalmente surrealista la propuesta de Casas de fallar el Estatut artículo por artículo, lo que, a su juicio, añadirá más argumentos en contra de la sentencia.
Asimismo, criticó al Alto Tribunal porque, a su juicio, está deslegitimado, prostituido e instrumentalizado políticamente por PSOE y PP para advertir de que las maniobras dilatorias y de sugestión van a resultar inútiles.
Ridao afirmó tener claro que la sentencia que emita el TC será igualmente mala o muy mala, habida cuenta de las filtraciones que está habiendo sobre la ponencia, y que entrará en contradicción con la voluntad expresada en las urnas por la sociedad catalana.
Referéndum
Por otro lado, la Mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite una iniciativa popular, presentada por la Coordinadora Nacional para la consulta sobre la independencia, con el fin de convocar un referéndum independentista en Cataluña. La iniciativa prosperó gracias a los votos a favor de CiU, ERC e ICV-EUiA. No obstante, PSC y PP recurrirán ante el Consell de Garaties Estatutàries la iniciativa popular (IP).
Se trata de la primera propuesta de referéndum que se admite a trámite desde la aprobación en abril de la Ley de Consultas Populares. Se abre ahora un período de tres días para que una décima parte de los diputados o dos grupos parlamentarios como el caso de PP y PSC puedan solicitar al Consell de Garanties un dictamen, lo cual no es vinculante sobre la adecuación constitucional y estatutaria de la propuesta. Tras este trámite, los promotores de la consulta tendrán seis meses, ampliables a ocho, para recoger las firmas de al menos un 3 por ciento de la población de Cataluña, lo que la coordinadora calcula que serán entre 150.000 y 230.000 firmas.