El Tribunal Supremo decide que no se puede objetar contra Educación para la Ciudadanía
01/10/2010 - 09:45
Por: B. P. O.
La consejera de Educación y Ciencia, María Ángeles García, valoró ayer positivamente el acuerdo del Tribunal Supremo en virtud del cual se rechaza la objeción de conciencia contra la polémica materia de Educación para la Ciudadanía y anunció medidas para que todos los alumnos de Castilla-La Mancha que no han cursado esta asignatura a la espera de este fallo puedan recuperar el tiempo perdido. Para la consejera, este acuerdo avala la adecuación de la materia, la LOE y la actuación tanto del Ministerio como de la Consejería de Educa
El pleno de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado, con 22 votos a favor y siete en contra, rechazar la validez de las objeciones de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), un derecho que reclamaban algunos padres de alumnos para evitar que sus hijos recibiesen esta formación.
Desde su anuncio, la polémica materia suscitó el recelo de algunos grupos de padres que, en el caso de Guadalajara, se agruparon en la Plataforma Educa en Libertad, un colectivo que trató de agrupar a las familias con la intención de rechazar, vía objeción de conciencia, la impartición de EpC. En el caso de Guadalajara, tres familias consiguieron un auto que les eximía cautelarmente de la asistencia a clase a falta de una sentencia firme en la materia 12 en la región.
La consejera de Educación, María Ángeles García, quiso mandar un mensaje tranquilizador a estas familias y a aquellas otras que, aún sin medidas cautelares, decicieron que sus hijos no acudieran a clase. García aseguró que esta Consejería siempre actúa en favor de los alumnos y recordó que siempre hemos sido muy respetuosos con los padres objetores. La consejera valoró el fallo de forma satisfactoria, puesto que establece que es una materia como cualquier otra y que no lesiona el derecho de sus padres a que sus hijos reciban una formación moral acorde a sus convicciones. Para García, el Tribunal Supremo no ha hecho sino validar la adecuación de la materia, la Ley Orgánica de Educación, la actuación del Ministerio de Educación y la de la propia Consejería de Castilla-La Mancha al decir que no hay lugar para la objeción de conciencia porque nada hay en ella que invada los derechos fundamentales de los estudiantes. Sin embargo, es necesario reseñar que los disconformes aún pueden recurrir al Tribunal Constitucional.
A partir de ahora, señaló, la Consejería dispondrá en los próximos días, según las recomendaciones del Ministerio de Educación, de las medidas necesarias para que el alumnado eximido cautelarmente pueda alcanzar los objetivos de la misma y no se resienta en sus resultados académicos, para lo cual solicitó la colaboración a las familias y a los centros educativos.
Pese al anuncio, la consejera de Educación no quiso concretar las medidas a tomar hasta que no se conozca la literalidad de la sentencia.
Del mismo modo, la consejera quiso dejar claro que esta decisión viene a poner fin a una larga polémica en torno a Educación para la Ciudadanía, lo que nos permitirá dedicarnos a lo que verdaderamente importa en el sistema educativo. Por tanto, agregó, entiendo que ha llegado el momento de dejar de lado esta polémica, de pasar página y de dedicarnos a lo que realmente nos importa.
Hasta este dictamen, los centros educativos de Guadalajara acataron la LOE e impartieron la nueva materia, incluso en el caso de los sectores más disconformes, como los centros concertados de tipo confesional, quienes consideraban que los contenidos que se incluyen en Educación para la Ciudadanía chocaban con los dogmas de fe que guían su enseñanza.
Desde su anuncio, la polémica materia suscitó el recelo de algunos grupos de padres que, en el caso de Guadalajara, se agruparon en la Plataforma Educa en Libertad, un colectivo que trató de agrupar a las familias con la intención de rechazar, vía objeción de conciencia, la impartición de EpC. En el caso de Guadalajara, tres familias consiguieron un auto que les eximía cautelarmente de la asistencia a clase a falta de una sentencia firme en la materia 12 en la región.
La consejera de Educación, María Ángeles García, quiso mandar un mensaje tranquilizador a estas familias y a aquellas otras que, aún sin medidas cautelares, decicieron que sus hijos no acudieran a clase. García aseguró que esta Consejería siempre actúa en favor de los alumnos y recordó que siempre hemos sido muy respetuosos con los padres objetores. La consejera valoró el fallo de forma satisfactoria, puesto que establece que es una materia como cualquier otra y que no lesiona el derecho de sus padres a que sus hijos reciban una formación moral acorde a sus convicciones. Para García, el Tribunal Supremo no ha hecho sino validar la adecuación de la materia, la Ley Orgánica de Educación, la actuación del Ministerio de Educación y la de la propia Consejería de Castilla-La Mancha al decir que no hay lugar para la objeción de conciencia porque nada hay en ella que invada los derechos fundamentales de los estudiantes. Sin embargo, es necesario reseñar que los disconformes aún pueden recurrir al Tribunal Constitucional.
A partir de ahora, señaló, la Consejería dispondrá en los próximos días, según las recomendaciones del Ministerio de Educación, de las medidas necesarias para que el alumnado eximido cautelarmente pueda alcanzar los objetivos de la misma y no se resienta en sus resultados académicos, para lo cual solicitó la colaboración a las familias y a los centros educativos.
Pese al anuncio, la consejera de Educación no quiso concretar las medidas a tomar hasta que no se conozca la literalidad de la sentencia.
Del mismo modo, la consejera quiso dejar claro que esta decisión viene a poner fin a una larga polémica en torno a Educación para la Ciudadanía, lo que nos permitirá dedicarnos a lo que verdaderamente importa en el sistema educativo. Por tanto, agregó, entiendo que ha llegado el momento de dejar de lado esta polémica, de pasar página y de dedicarnos a lo que realmente nos importa.
Hasta este dictamen, los centros educativos de Guadalajara acataron la LOE e impartieron la nueva materia, incluso en el caso de los sectores más disconformes, como los centros concertados de tipo confesional, quienes consideraban que los contenidos que se incluyen en Educación para la Ciudadanía chocaban con los dogmas de fe que guían su enseñanza.