El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de la Diputación sobre la RPT de 2002

14/02/2011 - 20:02 Redacción

 
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación presentado por la Diputación de Guadalajara contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que establecía la nulidad de pleno derecho de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) elaborada en el año 2002. El fallo “deja sin efecto” esta declaración y la sustituye por una de “simple anulación”, que únicamente tiene efectos desde la fecha del fallo.
La modificación esencial consiste en la eliminación de los efectos retroactivos, de manera que no tendrá consecuencias prácticas al existir ya una nueva RPT, aprobada en marzo del pasado año. La decisión del Supremo indica que hubo defectos de procedimiento, a la vista de que los informes técnicos “carecían del contenido necesario para cumplir su finalidad”. No obstante, reconoce que existieron y, por tanto, no comparte la “ausencia de procedimiento” que establecía el TSJ para dictaminar la nulidad de pleno derecho. El Supremo determina también que no se incumplió el requisito de negociación con los representantes sindicales, a diferencia de lo que estimaba la sentencia recurrida. “En cualquier caso, no hay ningún reproche para los responsables de la Diputación en aquel momento”, ha señalado la vicepresidenta tercera y responsable del Área de Función Pública y Régimen Interior, Teresa Tejedor. Además, ha subrayado que, “la sentencia conocida ahora solamente pone fin de manera definitiva a un proceso judicial, pero al carecer de efectos retroactivos no va suponer ninguna consecuencia para los trabajadores”. Tejedor ha recordado que en marzo del año pasado se aprobó de manera definitiva, y con el acuerdo del 90% de la representación sindical, una nueva RPT que implica una sustancial mejora de las condiciones laborales del personal y una apuesta por la promoción interna. También ha defendido los beneficios de la RPT de 2002 para el personal de la Diputación, que propició una mejora en las condiciones laborales de los profesionales “cuyo aplicación ha estado en peligro por el procedimiento judicial emprendido por un diputado del Grupo Popular. Afortunadamente, el tesón del Equipo de Gobierno ha permitido consolidarlas”, ha concluido.