El TS condena a Manuel Pérez Martínez
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Acusa al grapo de no liberar al empresario Publio Cordón cuando tuvo ocasión
El Tribunal Supremo ha condenado a siete años de prisión a Manuel Pérez Martínez, más conocido como Camarada Arenas, como autor por omisión del delito de detención ilegal del empresario Publio Cordón, atendiendo así al recurso de casación interpuesto por la viuda, Pilar Muro.
Además, la sentencia confirma la condena a 28 años de prisión a Fernando Silva Sande como autor material de los hechos. El que fuera secretario general del Partido Comunista de España Reconstituido, Manuel Pérez Martínez, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a siete años de cárcel. Se trata de la primera condena firme que se dicta en España contra el Camarada Arenas, según fuentes jurídicas, ya que era miembro del brazo político del Grapo cuando Cordón fue secuestrado y, por lo tanto, es responsable de las acciones que llevaba a cabo la banda.
Surge con claridad de los hechos probados que el acusado no dio orden de liberar a la víctima, es decir, no realizó, pudiendo, intento alguno de hacer cesar la detención, señala la sentencia del Tribunal Supremo, bajo la ponencia del magistrado Enrique Bacigalupo. Esta decisión se opone a la adoptada en su día por la Audiencia Nacional, que absolvió a Pérez Martínez, por no participar en la reunión en la que los Grapo decidieron ejecutar los secuestros.
El Supremo establece que, aunque no se pueda probar que Martínez Pérez sea el fundador de la banda que admite la lucha armada, quien asume la dirección de una organización configurada como fuente de peligro, sin modificar este aspecto de la misma, acepta la posición de garante respecto de los riesgos que la organización que dirige implica para bienes jurídicas ajenos.
Surge con claridad de los hechos probados que el acusado no dio orden de liberar a la víctima, es decir, no realizó, pudiendo, intento alguno de hacer cesar la detención, señala la sentencia del Tribunal Supremo, bajo la ponencia del magistrado Enrique Bacigalupo. Esta decisión se opone a la adoptada en su día por la Audiencia Nacional, que absolvió a Pérez Martínez, por no participar en la reunión en la que los Grapo decidieron ejecutar los secuestros.
El Supremo establece que, aunque no se pueda probar que Martínez Pérez sea el fundador de la banda que admite la lucha armada, quien asume la dirección de una organización configurada como fuente de peligro, sin modificar este aspecto de la misma, acepta la posición de garante respecto de los riesgos que la organización que dirige implica para bienes jurídicas ajenos.