El TS pide a la Guardia Civil que investigue los ingresos de Garzón
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó ayer a la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que realice un informe acerca del origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por el juez Baltasar Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006, que fue el periodo en el que el suspendido juez de la Audiencia Nacional organizó diversos cursos en la Universidad de Nueva York, mientras disfrutaba de una excedencia.
Esta petición se enmarca en la instrucción que el magistrado Marchena realiza a raiz de la querella presentada por los abogados murcianos José Luis Mazón y Antonio Panea contra Garzón por presuntos delitos de cohecho y prevaricación, que podría haber cometido en relación con la dirección de los citados cursos.
El informe solicitado por el Tribunal Supremo deberá realizarse a la vista de las cuentas corrientes del magistrado, así como de sus depósitos bancarios, declaraciones tributarias y en su caso participación en sociedades civiles o mercantiles, según señala la parte dispositiva del auto dictado ayer por el magistrado del tribunal Supremo.
Marchena justifica la necesidad del informe en las inexactitudes y contradicciones advertidas en las respuestas dadas al interrogatorio que el fue practicado a Garzón el pasado 15 de abril, así como en la contumaz actitud de desatención y las evasivas del equipo directivo de la Universidad de Nueva York a la hora de remitir al alto tribunal la información requerida. Es indispensable pues, esclarecer si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas, son tan sólo fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias obtenidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Patrocinios
Las diligencias practicadas hasta ahora, según Marchena, han permitido conocer el importe de los patrocinios abonados por el BSCH, Telefónica,BBVA, Endesa y Cepsa, así como el papel desplegado por el imputado para su obtención. Añade que se ha acreditado además que el juez, suspendido por el CGPJ el pasado 14 de mayo, percibió una importante cantidad de dinero que le fue abonada por el Centro de Derecho y Seguridad, entidad en la que fueron ingresadas las sumas desembolsadas, al menos, por cuatro de aquéllas empresas.
Respecto a Garzón, Marchena afirma que preguntado sobre si tenía constancia de la existencia de alguna entidad que pudo aportar fondos para el pago de sus honorarios, él respondió que no hubo ninguna, porque todos los honorarios abonados por el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York lo fueron con independencia del cualquier patrocinio ajeno al Santander.
Sin embargo, parece desprenderse justamente lo contrario de la documentación remitida por Endesa, según destaca Marchena. Y es que la orden de pago por importe de 125.000 dólares fue dictada a favor del citado Centro de Derecho entidad que, según el ilustrísimo señor Don Baltasar Garzón, habría asumido el pago de sus honorarios sin recibir aportación alguna de otros patrocinios.
Algo similar aconteció con Cepsa (100.000 dólares), Telefónica (100.000 dólares) y el BBVA (100.000 dólares), según destaca el magistrado en su auto.
Marchena se refiere igualmente en su resolución a las omisiones que se advierten en algunos de los documentos aportados a la causa. Ha quedado acreditado que algunas de éstas cuantías, en principio silenciadas, sirvieron para incrementar el patrimonio de las más estrechas colaboradoras del imputado en la organización de las dos series de conferencias, Laura Turégano y María del Mar Bernabé.
El informe solicitado por el Tribunal Supremo deberá realizarse a la vista de las cuentas corrientes del magistrado, así como de sus depósitos bancarios, declaraciones tributarias y en su caso participación en sociedades civiles o mercantiles, según señala la parte dispositiva del auto dictado ayer por el magistrado del tribunal Supremo.
Marchena justifica la necesidad del informe en las inexactitudes y contradicciones advertidas en las respuestas dadas al interrogatorio que el fue practicado a Garzón el pasado 15 de abril, así como en la contumaz actitud de desatención y las evasivas del equipo directivo de la Universidad de Nueva York a la hora de remitir al alto tribunal la información requerida. Es indispensable pues, esclarecer si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas, son tan sólo fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias obtenidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Patrocinios
Las diligencias practicadas hasta ahora, según Marchena, han permitido conocer el importe de los patrocinios abonados por el BSCH, Telefónica,BBVA, Endesa y Cepsa, así como el papel desplegado por el imputado para su obtención. Añade que se ha acreditado además que el juez, suspendido por el CGPJ el pasado 14 de mayo, percibió una importante cantidad de dinero que le fue abonada por el Centro de Derecho y Seguridad, entidad en la que fueron ingresadas las sumas desembolsadas, al menos, por cuatro de aquéllas empresas.
Respecto a Garzón, Marchena afirma que preguntado sobre si tenía constancia de la existencia de alguna entidad que pudo aportar fondos para el pago de sus honorarios, él respondió que no hubo ninguna, porque todos los honorarios abonados por el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York lo fueron con independencia del cualquier patrocinio ajeno al Santander.
Sin embargo, parece desprenderse justamente lo contrario de la documentación remitida por Endesa, según destaca Marchena. Y es que la orden de pago por importe de 125.000 dólares fue dictada a favor del citado Centro de Derecho entidad que, según el ilustrísimo señor Don Baltasar Garzón, habría asumido el pago de sus honorarios sin recibir aportación alguna de otros patrocinios.
Algo similar aconteció con Cepsa (100.000 dólares), Telefónica (100.000 dólares) y el BBVA (100.000 dólares), según destaca el magistrado en su auto.
Marchena se refiere igualmente en su resolución a las omisiones que se advierten en algunos de los documentos aportados a la causa. Ha quedado acreditado que algunas de éstas cuantías, en principio silenciadas, sirvieron para incrementar el patrimonio de las más estrechas colaboradoras del imputado en la organización de las dos series de conferencias, Laura Turégano y María del Mar Bernabé.