El TUE autoriza la extradición a España de Santesteban
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) dictaminó ayer que Francia puede extraditar a España al presunto etarra Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea, alias Einstein, a pesar de que los delitos que se le imputan hayan prescrito según la legislación francesa.
España reclamaba la extradición del presunto terrorista por los delitos de depósito de armas de guerra, tenencia ilegal de explosivos, robo de vehículo, falsificación de placas de matrícula y pertenencia a banda terrorista, delitos que habría cometido entre febrero y marzo de 1992.
El TUE estima que la Decisión Marco por la que en enero de 2004 las órdenes europeas de detención (OED) sustituyeron al mecanismo de extradición vigente desde 1996 no se opone a que un país miembro pueda aplicar este convenio cuando otro se lo solicite. La sentencia emitida hoy por el TUE responde a la Corte de Apelación de Montpellier, que le solicitó que determinara si Francia podía aplicar el convenio de 1996, que entró en vigor en este país en 2005 y que establece que no se podrá denegar una extradición porque la acción o la pena hayan prescrito con arreglo a la legislación del Estado requerido, contrariamente a la decisión marco, que se aplica en todos los países miembros desde el 1 de enero de 2004.
Según la resolución judicial, la aplicación de convenios como el de 1996 no menoscaba el régimen de orden de detención europea previsto en la decisión marco, ya que, de conformidad con ésta, sólo se puede recurrir a un convenio de esta índole cuando no se aplique una OED, como ocurre precisamente en el presente caso. España reclamó la extradición de Santesteban por los delitos de depósito de armas de guerra, tenencia ilegal de explosivos, robo de vehículo, falsificación de placas de matrícula y pertenencia a banda terrorista, que habría cometido entre febrero y marzo de 1992.
El Tribunal de Apelación de Versalles emitió en 2001 un dictamen desfavorable sobre esta solicitud y, en marzo de 2004, la Audiencia Nacional emitió una orden europea de detención contra Santesteban por los mismos hechos. Dado que el presunto etarra iba a quedar en libertad el 6 de junio pasado, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional emitió en mayo de 2008 una solicitud de detención preventiva en espera de reclamar la extradición contemplada en el Convenio de 1996.
El TUE estima que la Decisión Marco por la que en enero de 2004 las órdenes europeas de detención (OED) sustituyeron al mecanismo de extradición vigente desde 1996 no se opone a que un país miembro pueda aplicar este convenio cuando otro se lo solicite. La sentencia emitida hoy por el TUE responde a la Corte de Apelación de Montpellier, que le solicitó que determinara si Francia podía aplicar el convenio de 1996, que entró en vigor en este país en 2005 y que establece que no se podrá denegar una extradición porque la acción o la pena hayan prescrito con arreglo a la legislación del Estado requerido, contrariamente a la decisión marco, que se aplica en todos los países miembros desde el 1 de enero de 2004.
Según la resolución judicial, la aplicación de convenios como el de 1996 no menoscaba el régimen de orden de detención europea previsto en la decisión marco, ya que, de conformidad con ésta, sólo se puede recurrir a un convenio de esta índole cuando no se aplique una OED, como ocurre precisamente en el presente caso. España reclamó la extradición de Santesteban por los delitos de depósito de armas de guerra, tenencia ilegal de explosivos, robo de vehículo, falsificación de placas de matrícula y pertenencia a banda terrorista, que habría cometido entre febrero y marzo de 1992.
El Tribunal de Apelación de Versalles emitió en 2001 un dictamen desfavorable sobre esta solicitud y, en marzo de 2004, la Audiencia Nacional emitió una orden europea de detención contra Santesteban por los mismos hechos. Dado que el presunto etarra iba a quedar en libertad el 6 de junio pasado, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional emitió en mayo de 2008 una solicitud de detención preventiva en espera de reclamar la extradición contemplada en el Convenio de 1996.
