Empresarios se informan de los nuevos canales de denuncia en la empresa
La jornada ha estado organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara y Rodrigo Abogados en colaboración con la Diputación provincial y el Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha
Una treintena de empresarios asistieron a la jornada “Los nuevos canales de denuncia en la empresa: la Ley 2/2023, de 20 de febrero. De las denuncias anónimas a las investigaciones internas”, organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara y Rodrigo Abogados en colaboración con la Diputación Provincial y el Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha.
Una sesión que fue inaugurada por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara quien ha recordado que esta Ley es “una nueva obligación y carga para las empresas, por lo que hay que estar al día y así evitar multas”.
El objetivo de la jornada fue la de informar, de mano de expertos en la materia, de la trasposición de la directiva europea de Whistleblowers a través de la Ley 2/2023 y que ha creado nuevas obligaciones en materia de compliance. Para ello se contó con dos ponencias, la primera de ellas “El reto del cambio de mentalidad en la empresa” de manos de José Enrique Izquierdo, abogado y responsable del departamento de Derecho Mercantil, Societario y Concursal de Rodrigo Abogados.
La segunda ponencia “Los nuevos canales de denuncia: la Ley 2/2023, de 20 de febrero, De las denuncias anónimas a las investigaciones internas” corrió a cargo de Manuel Quintanar, abogado y profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y socio de Report@.
Ambos se centraron en explicar a los presentes las principales obligaciones de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, donde se regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha con la corrupción, así como de la necesidad de actuar en los canales de denuncias existentes en la empresa o la nueva obligación para empresas de más de 50 empleados, sin olvidarse de aspectos como el régimen de responsabilidad por denuncias “falsas” o las multas que pueden tener de hasta un millón de euros para la empresa, y de hasta 300.000 euros para directivos y administradores, entre otros aspectos de interés para los presentes.
Por su parte, José Enrique Izquierdo ha indicado que a través de esta jornada ambos ponentes “hemos tratado de no dejarnos en el tintero ninguna de las dudas prácticas que se comentaban de forma que, en términos generales, ha resultado muy adecuada y el público asistente ha salido satisfecho”.