¿Es el PIB la mejor medida de crecimiento y bienestar?

  

  

    Estamos acostumbrados a ver cómo el principal objetivo de las políticas económicas de los países es alcanzar el mayor crecimiento económico posible, en el convencimiento de que el crecimiento económico por si mismo mejora el bienestar social. Quizás por ello oímos hablar a diario en los medios de comunicación del indicador que se utiliza habitualmente para medir el desarrollo económico de los países y regiones, es decir del Producto Interior Bruto (PIB). Hace unos días, repasando con mi hijo, alumno de primero de bachillerato, unos temas de economía, le explicaba que es el PIB y discutíamos porqué a través de este indicador se mide la eficacia de las políticas económicas y la mejora del bienestar social.

 

  Todo claro en cuanto a que este índice macroeconómico mide el valor de la producción total de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado y que a mayor PIB mayor crecimiento económico, pero ¿podemos afirmar que cuanto mayor sea la producción de bienes y servicios, mayor será el bienestar social? Si atendemos de manera estricta a la teoría económica neoclásica, las épocas de mayor bienestar se asocian a niveles más altos de ingresos, lo cual es muy lógico, ya que al haber mayores ingresos, aumentan también los consumos, la satisfacción de los consumidores y por ende el nivel de bienestar social. Pero no es tan sencillo. Si bien el PIB ha sido un indicador macroeconómico muy útil y utilizado para medir la recuperación de las economías occidentales tras la debacle social y económica producida por la segunda guerra mundial, este índice no es capaz de “medir” las mejoras en la calidad de vida alcanzadas en las últimas décadas, en un entorno de globalización y gran complejidad económica.

 

  Puede que en este sentido la crisis económica aumente mucho más la complejidad del análisis de la economía en estos primeros años del siglo XXI. Pensemos en (i) las cifras que supone la economía sumergida en España, que se estima pude estar entre el 19 y el 25% del PIB, (ii) en el incremento espectacular del mercado de segunda mano, consecuencia de la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos, en el que en la actualidad están involucrados cerca de 14 millones de españoles, (iii) la impresionante proliferación de las comunidades que practican el trueque como medio de obtener productos sin coste o a más bajo coste que en el mercado, (iv) las acciones de voluntariado y asociaciones sin ánimo de lucro, que no persiguen el beneficio económico, pero mueven en torno a 25.000 millones de euros al año, una cifra que equivale aproximadamente al 2% del PIB y, por último, (v) no nos podemos olvidar del trabajo doméstico no remunerado, que ya supone el 53% del PIB, concentrándose el mayor porcentaje de esta actividad en el cuidado de niños, enfermos y mayores, pero que también incluye otras tareas domesticas. Pues bien, el PIB no incorpora la valoración de ninguna de las actividades incluidas en el párrafo anterior, y ello a pesar de la importancia cuantitativa que las mismas tendrían sobre el PIB de nuestro país y de su influencia decisiva en el bienestar social.

 

  Tampoco considera el PIB los efectos negativos que produce sobre el medio ambiente la actividad económica: el consumo de recursos naturales no renovables, la contaminación medioambiental y acústica, la producción de residuos radiactivos o nocivos, etc. El ejemplo por excelencia es el del incremento de bienestar que se produce al adquirir un nuevo vehículo, con el que cada día soportamos un atasco horroroso en el que contribuimos, junto con otros cientos de vehículos, a contaminar la atmosfera con la emisión de gases y a consumir petróleo (recurso natural no renovable). Por tanto, el PIB tampoco considera determinados costes asociados al crecimiento. A este respecto, a nadie le cabe ya la menor duda de que al PIB debería incorporársele el concepto de “desarrollo sostenible”, considerado como el desarrollo económico que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Por tanto, parece claro que el PIB se utiliza de forma errónea, por lo menos cuando se utiliza como medida del bienestar.

 

  Por otra parte, y además de todo lo ya comentado, ¿para medir el bienestar social no deberíamos ir un poco más allá y considerar algo más que la actividad puramente económica? Es obvio que conceptos como satisfacción de las necesidades fundamentales en trabajo, alimentación, salud, educación, cultura y vivienda, igualdad de oportunidades, posibilidades de desarrollo personal y colectivo, etc., han de ser considerados a la hora de establecer una medida del bienestar social. Son muchas por tanto las deficiencias que presenta el PIB como medida del bienestar. Con toda seguridad las políticas económicas de los gobiernos deberían hacer hincapié y enriquecerse con objetivos dirigidos, más que a lograr el puro crecimiento económico, a impulsar y desarrollar aspectos básicos del bienestar social que se están viendo seriamente afectados por la crisis y que, a falta de una actuación directa de los poderes públicos, su efecto social está siendo paliado por las iniciativas de economía solidaria, que, con un modelo muy distinto, contribuyen de forma decisiva al bienestar social.