Esta semana se juzgan a 22 miembros de Udalbiltza Kursaal

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral solicita penas de entre 10 y 15 años de prisión para 22 responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna conocida como Udalbiltza Kursaal, que serán juzgados desde el jueves 15 por los delitos de integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos.
Entre los acusados que figuran en el escrito de conclusiones provisionales elaborado por el fiscal están Xabier Alegría, que coordinaba la entidad por designación de la Comisión Ejecutiva, Joseba Mikel Garmendia, presunto miembro del aparato de finanzas de ETA y responsable en este caso concreto de los asuntos económicos de la entidad ilícita, así como Miriam Campos, también juzgada en el macroproceso contra el entorno de ETA por su vinculación al aparato internacional de la organización terrorista, conocido como Xaki.
Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado “Proyecto de Construcción Nacional” de la banda y depende directamente de ella. “La entidad denominada Udalbiltza Kursaal constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de EKIN y del suspendido e ilegalizado partido político Batasuna”, señala en su escrito el representante del Ministerio Público. Para desarrollar esta estrategia, las instituciones más adecuadas son los Ayuntamientos que, según defiende la Fiscalía, gozan de una credibilidad mayor para el ciudadano. El fiscal considera que ETA emplea la legalidad para generar “espacios de alegalidad” como Udalbiltza, que se financian en parte con fondos públicos desviados por los propios responsables de las corporaciones municipales -miembros de la ilegalizada Batasuna-.
Moral apunta a que un total de 66 ayuntamientos aportaban parte de sus respectivos presupuestos, utilizando dos modalidades a elegir entre la entrega de un uno por ciento de su presupuesto anual o bien un uno con cuatro por ciento de sus ingresos ordinarios. Los primeros en realizar esta aportación económica fueron los consistorios de Oyarzun, Astigarraga y Zaldivia.