Fernández Bermejo anuncia cinco nuevos juzgados en Castilla-La Mancha para 2009

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EFE
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer la creación en 2009 de 75 nuevas plazas de fiscal en toda España y 23 nuevas unidades judiciales en las seis comunidades que aún no tienen transferidas esas competencias, cinco de las cuales estarán en Castilla-La Mancha.
En rueda de prensa en Murcia, señaló que aún no se ha decidido cómo será el reparto territorial de esos nuevos fiscales, y detalló que el próximo año habrá seis nuevas unidades judiciales en Murcia, otra media docena en Castilla y León, cinco en Castilla-La Mancha, tres en Baleares, dos en Extremadura y una en La Rioja.
El ministro avanzó también que durante esta legislatura, con la nueva ley de Planta y Demarcación se pretende hacer realidad la “naufragada” iniciativa de unir partidos judiciales para los juzgados de violencia machista, “con el fin de ofrecer un mejor servicio público a los ciudadanos”, según sus palabras.
Durante su visita a Murcia, el ministro comprobó el sistema informático de gestión procesal Minerva, en fase piloto en esta región para ejecuciones en la jurisdicción penal, que se prevé que se aplique en pruebas en todos los juzgados de instrucción, de lo penal y de violencia sobre la mujer de España a partir de la segunda quincena del próximo agosto.
Debido a su buen funcionamiento, Fernández Bermejo dijo que el ministerio estudia también la extensión a toda España del sistema de subastas judiciales de inmuebles por Internet y de la unidad de gestión rápida de desahucios que ya están en marcha en Murcia.

Así mismo, anunció que durante la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, el Gobierno pretende proponer que se aplique en sus 27 países el sistema de e-apostillas.
Se trata de una iniciativa electrónica que se sigue en Murcia desde 2007 para agilizar trámites, de forma que documentos oficiales, administrativos, notariales o certificaciones de autoridades o funcionarios de un país puedan ser usados con plenos efectos en otro Estado extranjero.