Francia condena a 30 años de cárcel al etarra Susper
01/10/2010 - 09:45
Por: COLPISA
Un tribunal especial antiterrorista condenó ayer en París al ex dirigente de ETA Ibon Fernández Iradi, Susper, a 30 años de prisión por el asesinato frustrado a tiros del gendarme Gérard Larroudé el 28 de noviembre de 2001 en el Béarn (suroeste de Francia).
El militar, acribillado por nueve balazos, permaneció una semana en coma inducido al borde de la muerte. El antiguo jefe del aparato militar aprovechó el último turno de palabra para reiterar que su organización mantiene la mano tendida con la finalidad de encontrar una solución dialogada al conflicto vasco.
Tras cinco horas de deliberación a puerta cerrada, los siete magistrados profesionales que han juzgado desde la semana pasada la agresión más grave de un etarra a un miembro de las fuerzas de seguridad francesas hicieron suya la petición fiscal. Los 30 años van acompañados de una medida que garantiza el cumplimiento íntegro de, por lo menos, los primeros 20 años. Como Susper ingresó en prisión en diciembre de 2003, sólo a partir de 2023 tendrá derecho a disfrutar de beneficios penitenciarios como remisión de condena, tercer grado o libertad condicional. La pena va a acompañada de la prohibición definitiva de residir en Francia.
Se trata de la condena más fuerte impuesta hasta la fecha por la justicia francesa a un militante de ETA con ciudadanía española. El matiz obedece a que desde 1990 purgan condena perpetuas tres vascofranceses del comando Argala, el más mortífero en los anales de ETA, que fueron juzgados en París por los crímenes cometidos en España ya que entonces Francia no extraditaba a sus nacionales. Exceptuado su caso, el récord de rigor penal lo ostentaba Asier Oiartzabal, Gazte, que en noviembre de 2006 fue condenado a 20 años en su calidad de jefe del aparato logístico de 2000 a 2001.
Homicidio involuntario
El tribunal, presidido por el juez Yves Jacob, absolvió de complicidad en intento de homicidio voluntario a Agustín Figal Arranz, Biskor, que acompañaba desarmado a Susper en el momento de los hechos. Pero fue condenado a 10 años, con dos tercios de cumplimiento íntegro, por otros cargos, entre ellos asociación de malhechores con fines terroristas. También se le impuso el destierro definitivo.
En la clausura de un proceso que se ha desarrollado con inusuales calma y respeto, los dos acusados aceptaron explicarse por última vez antes de que el caso quedara visto para sentencia. En francés, Fernández Iradi recalcó que el conflicto político hay que resolverlo con diálogo. La represión no es la solución. Nosotros seguimos teniendo la mano abierta, aseveró con un deliberado empleo de la primera persona del plural. Instantes antes había expuesto la propuesta de doble marco autonómico al norte y el sur del Bidasoa de los territorios vascos bajo administraciones francesa o española.
Pedimos lo mismo que Quebec, resumió de modo ilustrativo la reivindicación del derecho a decidir nuestro futuro. En respuesta a un acusador particular que la víspera había apuntado una motivación de superioridad étnica en ETA, Susper observó que Fernández y Figal son apellidos de origen español y nos considermos vascos. Somos antirracistas por definición, apostilló.
Figal, quien puntualizó que él hablaba en primera persona, planteó que en el País Vasco hay un estado de excepción para liquidar al contrario, al que no piensa igual que el Estado.
Tras cinco horas de deliberación a puerta cerrada, los siete magistrados profesionales que han juzgado desde la semana pasada la agresión más grave de un etarra a un miembro de las fuerzas de seguridad francesas hicieron suya la petición fiscal. Los 30 años van acompañados de una medida que garantiza el cumplimiento íntegro de, por lo menos, los primeros 20 años. Como Susper ingresó en prisión en diciembre de 2003, sólo a partir de 2023 tendrá derecho a disfrutar de beneficios penitenciarios como remisión de condena, tercer grado o libertad condicional. La pena va a acompañada de la prohibición definitiva de residir en Francia.
Se trata de la condena más fuerte impuesta hasta la fecha por la justicia francesa a un militante de ETA con ciudadanía española. El matiz obedece a que desde 1990 purgan condena perpetuas tres vascofranceses del comando Argala, el más mortífero en los anales de ETA, que fueron juzgados en París por los crímenes cometidos en España ya que entonces Francia no extraditaba a sus nacionales. Exceptuado su caso, el récord de rigor penal lo ostentaba Asier Oiartzabal, Gazte, que en noviembre de 2006 fue condenado a 20 años en su calidad de jefe del aparato logístico de 2000 a 2001.
Homicidio involuntario
El tribunal, presidido por el juez Yves Jacob, absolvió de complicidad en intento de homicidio voluntario a Agustín Figal Arranz, Biskor, que acompañaba desarmado a Susper en el momento de los hechos. Pero fue condenado a 10 años, con dos tercios de cumplimiento íntegro, por otros cargos, entre ellos asociación de malhechores con fines terroristas. También se le impuso el destierro definitivo.
En la clausura de un proceso que se ha desarrollado con inusuales calma y respeto, los dos acusados aceptaron explicarse por última vez antes de que el caso quedara visto para sentencia. En francés, Fernández Iradi recalcó que el conflicto político hay que resolverlo con diálogo. La represión no es la solución. Nosotros seguimos teniendo la mano abierta, aseveró con un deliberado empleo de la primera persona del plural. Instantes antes había expuesto la propuesta de doble marco autonómico al norte y el sur del Bidasoa de los territorios vascos bajo administraciones francesa o española.
Pedimos lo mismo que Quebec, resumió de modo ilustrativo la reivindicación del derecho a decidir nuestro futuro. En respuesta a un acusador particular que la víspera había apuntado una motivación de superioridad étnica en ETA, Susper observó que Fernández y Figal son apellidos de origen español y nos considermos vascos. Somos antirracistas por definición, apostilló.
Figal, quien puntualizó que él hablaba en primera persona, planteó que en el País Vasco hay un estado de excepción para liquidar al contrario, al que no piensa igual que el Estado.