Garzón deja en manos de los juzgados provinciales la investigación de las fosas

En su auto de 152 páginas, Garzón explica que “una vez constatada documentalmente la defunción de los principales responsables” de los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo “procede, como propone el fiscal, la inhibición a cada uno de los jueces territorialmente competentes”. Así, la razón de su inhibición es que “ha dejado de estar vigente la conexión” entre aquellos delitos contra los altos organismos de la nación y de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad de los que les acusaba, pero pide que siga la investigación en los Juzgados de Instrucción territoriales.
Para defender que continúe investigándose la causa, Garzón contradice al Ministerio Fiscal -al que dedica varias críticas en su auto- porque “no es lo mismo declarar la responsabilidad” de Franco y 45 altos mandos de su régimen “por fallecimiento” que “otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial”. En este sentido, recuerda la decisión que el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 27 de octubre de 2008, en la que instaba al Estado español a “considerar la derogación de la Ley de Amnistía” y que tomara “las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”. Esta resolución -en la que también se recomendaba la creación de una comisión de expertos que restableciera “la verdad histórica”- dice, según el juez, “claramente cuál debería ser la pauta a seguir” en esta investigación y que “desde luego no coincide con la interpretación que hace el Ministerio Fiscal en esta causa”. Garzón critica que la Fiscalía piense que los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo prescibieron con la Ley de Amnistía por tener “una naturaleza política” o que de “por muertas” a todas las víctimas de dichos delitos cuando en casos que investiga la Audiencia Nacional como el del etarra Pertur o los responsables nazis de los campos de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg defiende lo “contrario”.

Vigencia de los delitos
Según Garzón, los hechos a investigar continúan “vigentes” tanto por la existencia de “miles de desaparecidos fallecidos” de los que no se ha dado razón de su paradero como por los “que aún puedan estar vivos” en referencia a los ‘niños del franquismo’, separados de sus familias y entregados a otras con una nueva identidad. Esta “sustracción sistemática de niños” de padres que eran considerados “no aptos para asumir su cuidado y protección” por su ideología constituye un crímen contra la humanidad que no está prescrito ni aministiado, ya que las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas. En esta línea, recuerda al poder judicial que tiene “la obligación” de investigar las desapariciones “legalizadas”, cuyo “número indeterminado dura hasta la fecha”. Garzón añade que olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación “sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y esto, además de injutos, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales Derechos Humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional. Es más, incluso llega a considerar que la Fiscalía va “en contra de las víctimas” por suponer que todas las víctimas han fallecido “en un periodo que no identifica”.El juez incluye en la parte dispositiva de su auto un listado de aquellos Juzgados en cuyas provincias se encuentran las fosas comunes y que deberán ahora asumir la causa. Garzón enviará a estos Juzgados testimonio de esta resolución y de la causa en formato DVD o en papel. Estas dependencias judiciales pertenecen a las provincias de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. Además, remite la causa a los Juzgados de Instrucción Decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
Además, acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos y policial que creó con objeto de investigar el paradero de los enterramientos.
De esta forma, pretende “evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos” y lograr la “formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal”.